El oscuro futuro de la Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia
Existe un axioma que afirma que lo que no está en los presupuestos generales no existe. Incluso cuando hablamos de todo aquello que tenga que ver con una agenda que se preocupe por los derechos de segunda generación, no son pocos los que mantienen que aunque esté en los presupuestos. La Ley 3/2021, de 29 de julio, de Servicios Sociales de la Región de Murcia aúna a la condición de ser una buena ley, la de no tener espacio en la Ley de Presupuestos Regionales, y a la de ser implantada por una consejería, la de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, la competente para desarrollarla, de noticias, no de hechos.
La ley no solo habla de reconocer genéricamente derechos subjetivos, sino que también fija la finalidad y objetivos del Sistema de Servicios Sociales, define sus principios rectores, identifica a los titulares de los derechos los servicios y prestaciones del Sistema de Servicios Sociales de la Región, los derechos y deberes de los usuarios del Sistema, la elaboración de un catálogo de prestaciones, en el que se incluye como garantizadas la renta básica de inserción, la mediación familiar, la atención temprana y las de acceso al sistema de servicios sociales: de información, acogida, diagnóstico social, orientación social, entre otras, que será aprobado por el consejo de gobierno mediante decreto, o distribuye las competencias entre las distintas administraciones públicas de la Región. Es decir, la ley promete y, repetimos, las promesas son creíbles si vienen blanco sobre negro cuantificadas en los correspondientes presupuestos generales.
2022 será posiblemente un año perdido en la ampliación y universalización de los servicios sociales en la Región de Murcia
No obstante, es sabido que a veces las mejores leyes son como los grandes escenarios de cartón piedra de las superproducciones cinematográficas del Hollywood dorado. Puro artificio propagandístico, condenado a una gloria efímera de un par de portadas en los periódicos o en la apertura de algún informativo televisivo o radiofónico. Como sucedió, por cierto, con el Pacto por la Dependencia en vísperas de las elecciones autonómicas de mayo de 2019. Cuando se pregunta por el mismo, todo son silencios y miradas al vacío, si no un bostezo de melancolía o de hastío, cuando es otra de las prestaciones garantizadas
¿Y por qué, se preguntará el lector, fijarse tanto en el pasado y no mirar con confianza al futuro y a las posibilidades de la Ley de Servicios Sociales? Se podría hablar del talante de los gobernantes, pero es cierto que en ocasiones el mismo puede engañar. Habrá que fijarse entonces en lo cuantitativo y en lo cualitativo, en la asignación presupuestaria, en los medios técnicos y humanos, en la capacidad de la consejería competente de asignar recursos suficientes para desarrollar la ley. Lo que conocemos del borrador de Presupuestos Generales para 2022, no nos hace pensar que haya un compromiso decidido del Gobierno Regional de Murcia y de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social en la implantación de la Ley de Servicios Sociales en nuestra Región. Incluso cuando se indica que el techo de gasto de los mismos supera en 494,5 millones los niveles previos a la pandemia, por la llegada de los fondos europeos Next Generation, el incremento en la recaudación de impuestos y la devolución del IVA de 2017, es de prever que habrá recortes en materia de personal en una consejería que ha visto mermado su personal por las crisis económicas sucesivas y que ya no tiene suficientes profesionales para realizar todos los deberes, y no son pocos, que les impone la Ley de Servicios Sociales. Y esto es por el truco de gastarse los fondos europeos y del Gobierno Central y no ejecutar los propios para utilizarlos en la amortización de la deuda pública.
2022 será posiblemente un año perdido en la ampliación y universalización de los servicios sociales en la Región de Murcia. Legislar por legislar a veces puede dar réditos electorales, pero también provocar frustración. Y vivimos en una Región, no lo olvidemos, en la que es necesario el logro de objetivos sustanciales que reduzcan la pobreza, y den garantías y seguridad en el futuro a una parte sustancial de la ciudadanía de nuestra Región.