Tras largos meses de negociación, de tira y afloja, entre gobierno, patronal y sindicatos para alcanzar un acuerdo para la Reforma Laboral, surgen ahora serias dificultades para su aprobación en el Congreso de los Diputados. Algunos, que por lógica deberían apoyarlo y dar su voto a favor porque han coincidido en las críticas a la política en materia laboral del Partido Popular y han reclamado cambios en el actual mercado de trabajo, nos dicen ahora que votarán en contra si no se aceptan sus enmiendas al acuerdo alcanzado desde el diálogo social tripartito.
ERC y PNV quieren un marco de relaciones laborales exclusivamente vasco y catalán
¿A qué responde su posición?, ¿es porque minusvaloran el peso de un acuerdo fruto del diálogo social y los acuerdos entre los agentes sociales y el gobierno? No, ni mucho menos, porque cuando ellos, desde el Gobierno de Catalunya o de Euskadi, alcanzan un acuerdo en su ámbito, incluso cuando no es más que una declaración de intenciones (como sucede en más de una ocasión), resaltan su mérito y valor, convirtiéndolos en un éxito político trascendental y un ejemplo de su “estilo positivo de gobierno”.
Entonces, ¿dónde está la razón del desacuerdo de lo pactado, de las exigencias de ERC y PNV? La razón no es laboral, ni sindical, ni económica. Es partidista, es ésta una buena ocasión que quieren aprovechar para poner un ladrillo más en el muro, en la división y separación de Euskadi y Catalunya con los demás pueblos y territorios de España en lógica con sus respectivos proyectos nacionalistas. Por ello su condición, dicen sine qua non, es poder blindar por ley que los convenios estatales de sector no sean de aplicación, ni se puedan articular con los convenios autonómicos, en Catalunya y Euskadi. Muy coherente con su proyecto de “Marco Autónomo de Relaciones Laborales”, o dicho con mayor claridad para que se entienda: quieren un marco de relaciones laborales exclusivamente vasco y catalán.
Una estrategia que en el caso de Euskadi se argumenta por su particular mapa sindical con ELA y LAB, pero también porque estos sindicatos son conscientes de que los resultados electorales de CCOO y UGT son mucho mejores en aquellas empresas vascas regidas por convenios de empresas intercentros o por convenios de sector de ámbito estatal. Y en Catalunya, a pesar de la hegemonía absoluta de CCOO y UGT, se entiende que, para construir un marco exclusivamente catalán de relaciones laborales, es imprescindible que germinen y crezcan esos proyectos de sindicatos ligados al independentismo, como reclama la ANC sin complejos en su última resolución. Para ello, los convenios catalanes no deberían tener relación alguna con el resto de España; los consideran imprescindibles como “herramienta de país”, también para debilitar el sindicalismo confederal que representan UGT y CCOO por su visión solidaria con el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de España, de Europa y del mundo.
La condición por parte de PNV y ERC para votar a favor no es laboral, ni sindical, ni económica
La condición por parte de PNV y ERC para votar a favor no es laboral, ni sindical, ni económica. Ni es por el bien de los trabajadores y trabajadoras, ni incluso para las empresas. Porque la realidad hoy, tanto en Euskadi y Catalunya como en el resto de España, es que son mayoritarios los convenios provinciales, unos convenios que por cierto constituyen una reliquia del pasado franquista. Cualquier proyecto, necesario y pendiente, de racionalización de la estructura de la negociación colectiva debería conseguir superar esta situación, pues es difícil entender dónde está el sentido y la especificad qué aporta, en cualquier sector industrial, que unas empresas que estén en Tarragona o en Valencia, por poner un ejemplo, tengan que tener un convenio colectivo distinto.
Frente a ello, ahí está la realidad de todos los países europeos con negociación colectiva sólida cuya base son los convenios de sector nacionales. También la positiva experiencia de nuestros convenios de la Industria Química, de la Construcción, del Textil-Confección, de Banca,… Porque el Convenio Colectivo ha de ser también un factor que debe contribuir a defender la competencia leal entre las empresas del mismo sector, a la vez que la solidaridad entre los trabajadores del mismo.
Resulta llamativo que, mientras se habla de la necesidad de avanzar en la regulación y negociación de materias a nivel europeo, en el ámbito de las empresas globales y de los sectores de la producción, en España haya quien siga defendiendo regar la pequeña maceta de cada provincia y de cada autonomía como exclusivo ámbito de relaciones laborales. Y sorprende que para sectores que se definen como progresistas el objetivo hoy, su prioridad, sea levantar barreras que impidan o debiliten la unidad de los trabajares y trabajadoras de una empresa o de un sector.
Esperemos que no llegue a expresarse, en la votación del próximo 7 de febrero en el Congreso de los Diputados, la insolidaridad y el egoísmo que representaría la pérdida de derechos de la clase trabajadora. Esperemos que el nacionalismo no arruine los importantes avances que sin duda representa el acuerdo alcanzado por Gobierno, sindicatos y patronal en la Reforma Laboral.
