En este comienzo de año, las principales fuerzas políticas se enfrentan a la decisión de respaldar o rechazar el acuerdo alcanzado por trabajadores y empresarios a fin de mejorar la regulación del mercado de trabajo en España. Se trata de una decisión trascendente, con consecuencias muy relevantes para el desarrollo económico y los derechos de trabajadores en el presente y en el futuro, sobre la que cabe reclamar responsabilidad y altura de miras.
La reforma laboral que suscribieron patronal y sindicatos, y que elevó a ley el último Consejo de Ministros, no es un texto legal más. Su convalidación o no en el Congreso de los Diputados dará respuesta a tres cuestiones de alcance para nuestro país. Uno, ¿respetarán o no los grupos parlamentarios la función constitucional del diálogo social? Dos, ¿sobre qué base ha de crecer nuestra economía? ¿Los empleos precarios o la formación, la investigación y la innovación? Y tres, ¿qué nivel de calidad queremos para nuestra democracia?
La función del diálogo social está recogida en el artículo 7 de la Constitución Española, nada menos que en su Título Preliminar, justo después del reconocimiento del castellano como lengua oficial del Estado, de la descripción de nuestra bandera rojigualda y de la declaración de Madrid como capital de la nación. E inmediatamente antes de fijar la misión de las Fuerzas Armadas como garantes de la soberanía y la independencia de España.
“Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios”. Tal es la literalidad del artículo en el que nuestra Carta Magna institucionaliza el interés general de la actividad de sindicatos y patronales y, por tanto, del fruto de sus acuerdos.
En consecuencia, resulta difícil de entender, e incluso contradictorio, que algunas fuerzas políticas autocalificadas como “constitucionalistas” se dispongan a ignorar la legitimidad constitucional del diálogo social y manifiesten su intención de anteponer intereses electorales propios al interés general que representa el fruto de tal diálogo.
La votación que tendrá lugar próximamente en el Congreso enfrentará a los representantes de la ciudadanía española a otra disyuntiva no menor. La derecha española gestionó la crisis financiera a partir de 2012 mediante la estrategia de ganar competitividad devaluando salarios. Tal fue el propósito y sentido de la reforma del Estatuto de los Trabajadores impuesta por el gobierno Rajoy, con un alto coste social.
La reforma impulsada ahora desde el diálogo, la negociación y el acuerdo de empresarios y trabajadores promueve una estrategia distinta para la salida de la crisis presente. Se busca ahora una recuperación justa, ganando competitividad mediante la calidad y la innovación en los procesos productivos, respetando derechos y bienestar de los trabajadores. Es una reforma coherente con otras decisiones del gobierno de Pedro Sánchez, que refuerzan el Estado de Bienestar, elevan el salario mínimo, aseguran las pensiones e instauran el ingreso mínimo vital.
Esta es la decisión también, ¿o hacemos crecer la economía sobre bases de desigualdad o lo hacemos sobre fundamentos de justicia social?
Y, en tercer lugar, el Pleno del Congreso habrá de pronunciarse acerca del grado de calidad que pretende para la democracia misma. Los derechos colectivos de los trabajadores conforman la columna vertebral del régimen democrático. Las democracias liberales que se constituyeron tras la segunda gran guerra descansaron sobre un gran pacto entre capital y trabajo. Traicionar aquellos derechos equivale a socavar los cimientos de la convivencia democrática. Téngase en cuenta.
Se trata de un gran logro, consecuencia de una labor esforzada y encomiable por parte de trabajadores y empresarios. Que merece respeto y respaldo por parte de los representantes parlamentarios de la ciudadanía española
Pero además del alcance constitucional y filosófico del acuerdo social, cabe valorar también su contenido concreto. Y es que el Real Decreto Ley que recoge tal acuerdo afronta los dos problemas endémicos del trabajo en España, que la reforma unilateral del 2012 contribuyó a agravar de manera significativa: la preminencia del binomio temporalidad/precariedad y el desequilibrio en las relaciones empresa-trabajador.
El acuerdo de diciembre entre trabajadores y empresarios favorece claramente la calidad de los empleos al generalizar el contrato indefinido, limitar los contratos temporales y agravar las sanciones por contratación irregular.
El reequilibrio en las relaciones laborales se persigue reforzando la negociación colectiva, recuperando la ultractividad de los convenios, y estableciendo la prevalencia de los convenios pactados en el sector económico sobre los convenios empresariales.
Otra puerta que se cierra para la precariedad de empleos y salarios es la de la subcontratación, porque la reforma referencia los sueldos a percibir en el convenio sectorial y no en el convenio de la subcontrata, como ocurría desde 2012.
El pacto sindicatos-patronal prioriza también el mantenimiento de los empleos sobre la salida fácil del despido ante las primeras dificultades de la empresa. Por eso se incentivan los ERTES y se facilitan medidas de flexibilidad interna y estabilización del empleo en las empresas.
Los colectivos que reciben un trato más ventajoso en la reforma son precisamente los que más ayuda necesitan, por su desventaja objetiva en el mercado laboral vigente: jóvenes, mujeres y mayores de 45 años. Los nuevos contratos formativos mejoran la empleabilidad, la promoción y la dignidad en los empleos de estos sectores tradicionalmente peor tratados.
El acuerdo ratificado por el Gobierno de España destila socialdemocracia, por otra parte. Avance sustancial en la conquista de derechos para los trabajadores, realista, fruto del pacto y compatible con la competitividad de la economía. Pura socialdemocracia, lejos de las posiciones “puristas” y maximalistas que suelen considerar cualquier concesión al consenso como “una traición a la clase obrera”.
Desde unas perspectivas y otras el acuerdo puede percibirse como insuficiente o mejorable, desde luego. Pero no es menos cierto que el equilibro alcanzado en este pacto fruto del diálogo social tiene el valor extraordinario de concitar intereses diversos sobre objetivos compartidos.
Y la experiencia nos dicta que las reformas que perduran en el tiempo con más éxito son precisamente las que se alcanzan de tal modo.
Se trata de un gran logro, consecuencia de una labor esforzada y encomiable por parte de trabajadores y empresarios. Que merece respeto y respaldo por parte de los representantes parlamentarios de la ciudadanía española.
