Hace falta una amnistía moral
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Cristóbal Montoro tiene nombre de descubridor. Como tal, descubrió la forma de sacar provecho de la posibilidad que tenía de saber lo que pagábamos cada uno en hacienda. Primero lo empleó para, suponiendo quien era amigo de los socialistas, acusar al anterior gobierno de haber perdonado impuestos a esos amigos. Después, para amenazar a artistas, periodistas y contribuyentes varios, haciéndoles saber que les tenía personalmente vigilados. Y, al final, para perdonar impuestos al por mayor, cambiando leyes ad hoc, a los clientes de la consultora que había fundado. Por supuesto, y de momento, presuntamente.
Esto de la corrupción es un sinvivir. Entre casos en tiempo pasado, en el presente y el que estemos cada día esperando que salga algo nuevo, vivo sin vivir en mí
Este es el penúltimo caso (no digo escándalo, porque aquí ya no se escandaliza nadie) de corrupción, presuntamente presunta, que hemos conocido.
Y, es que, esto de la corrupción es un sinvivir. Entre casos en tiempo pasado, en el presente y el que estemos cada día esperando que salga algo nuevo, vivo sin vivir en mí. Ya sea por venta de leyes, policía patriótica, restos de la Gürtel sin juzgar todavía, títulos universitarios falsos o inexistentes, mordidas, cohechos, desmentidos de falsedades o simples relaciones familiares con el presidente del Gobierno, las secciones de corrupción de los medios de comunicación vienen más cargadas que las clásicas de nacional, internacional o deportes.
Porque, además, el goteo de información que producen los Aldama, Koldo, UCO y juzgados varios, hace extender más las noticias en los medios que la mantequilla en una tostada de desayuno.
Hay que acabar con esta situación y no hay que buscar mucho. La solución está en el currículo de Montoro y en su, quizás, obra cumbre: la amnistía fiscal. En 2012, a don Cristóbal se le ocurrió una medida espectacular para, decía, procurarse unos ingresos extraordinarios para la hacienda pública.
El goteo de información que producen los Aldama, Koldo, UCO y juzgados varios, hace extender más las noticias en los medios que la mantequilla en una tostada de desayuno.
Se trataba de permitir hacer una declaración especial para que los defraudadores fiscales de los cuatro ejercicios anteriores declararan esos ingresos pagando, solo, el 10% de los mismos, sin sanciones ni responsabilidad administrativa, ni penal, alguna. A cambio, "blanqueaban" esos ingresos. En caso de que no lo hiciesen, en el futuro no prescribiría la obligación de declarar esos rendimientos, con las sanciones e intereses correspondientes. Era una especie de jaculatoria del tipo de El fin del mundo se acerca, arrepentíos.
Se basaba, esa declaración, en el cristiano sacramento de la confesión que, como sabemos, consta de cuatro partes. Las dos primeras, el propósito de enmienda y el dolor de contrición, estaban implícitos en la declaración. La tercera, decir los pecados al confesor, era la propia declaración en la que, el secreto de confesión equivalía al secreto fiscal (aunque, ya sabemos, que Montoro, no era muy de secretos). Y, finalmente, cumplir la penitencia era el pago de ese 10%.
Aunque había anunciado una recaudación posible de 2.500 millones de euros, esta se quedó en la mitad que, en los tiempos de penuria que corrían, tampoco está mal, principios al margen.
Pues bien, ¿por qué no una amnistía moral ahora del tipo de aquella?
Aunque había anunciado una recaudación posible de 2.500 millones de euros, esta se quedó en la mitad que, en los tiempos de penuria que corrían, tampoco está mal, principios al margen
Se trataría de un periodo de tiempo determinado durante el cual cualquier corrupto podría hacer una confesión de sus actos acompañada de una declaración jurada de arrepentimiento y propósito de enmienda.
Consistiría en declarar en, por ejemplo, una sala especial de la Audiencia Nacional, cualquier fechoría corrupta que se hubiera cometido con anterioridad y que, todavía no estuviera bajo investigación. La confesión quedaría bajo el secreto del sumario (al llegar aquí, absténgase de risas) y el declarante quedaría obligado al pago de un porcentaje, por ejemplo, del 10%, como en la montoroamnistía, del dinero sustraído. En casos especiales podría haber obligaciones específicas, como corregir el falso currículo o cursar un 10% de la carrera inventada, en los casos de abultamiento de méritos académicos.
Se trataría de un periodo de tiempo determinado durante el cual cualquier corrupto podría hacer una confesión de sus actos acompañada de una declaración jurada de arrepentimiento y propósito de enmienda
El perdón, administrativo y penal, estaría justificado por la cooperación con la justicia e, incluso, en casos de delación de cómplices y colaboradores, se le podría dar al declarante alguna medalla al efecto. Eso, junto con el reseteo de la conciencia del arrepentido serían los beneficios del acto de declarar.
Para el corrupto, las ventajas serían evidentes ya que se le perdonarían todos sus pecados de corrupción, al menos los confesados, y no estaría expuesto a que algún cómplice o colaborador tirase algún día de la manta y fuera peor ya que, si lo hiciera antes de la fecha de prescripción del delito, podría ir p´alante, UCO mediante.
Para el sistema, habría una ventaja tecnológica. Los declarantes deberían informar del método empleado en la corrupción, por lo que se podría evitar, con la prevención adecuada, que se volvieran a repetir actos similares. La humanidad progresa así.
Para la conciencia colectiva siempre sería una ventaja el pensar que había algún corrupto menos en el mundo y que funcionaba la institución del arrepentimiento.
En fin, que, de una amnistía de este tipo, hecha con las mejores intenciones, como en el caso de la amnistía fiscal, solo se desprenden ventajas. El único inconveniente es que a alguien se le ocurra poner en marcha esta iniciativa.