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El Código Penal tiene su razón de ser en que las conductas delictivas que se señalan en él, como el propio mal, existen. Son, al parecer, consustanciales con el género humano y, aunque no aparecen en todos los individuos de la especie, lo hacen en un número suficiente como para que haya que preocuparse de ello.
La corrupción política y administrativa recoge una modalidad de esas conductas delictivas. Como ha dicho Pedro Sánchez, y ha sido criticado por ello, "la corrupción cero no existe". Será oportuno, o no, que lo haya dicho el presidente del Gobierno, pero si alguien piensa que existe la "corrupción cero", seguro que puede creer en muchas otras cosas que solo existen en ese mundo de las creencias sin comprobación empírica. Y si lo dice sin pensarlo, miente.
En el ámbito político, cada partido debe tener autonomía para decidir cómo tratar a sus corruptos según su idiosincrasia, desde protegerlos, hasta denunciarlos
Lo que sí se puede hacer es reducirla, o intentarlo, lo más posible. Lo mismo pasa con la igualdad entre las personas. Una cosa es pensar que todas las personas son iguales y, otra muy distinta, admitir la desigualdad, pero luchar por acabar con ella. Esa lucha es lo que diferencia a la izquierda de la derecha (Norberto Bobbio dixit).
Siempre que, como ahora, se descubre un caso de corrupción, inmediatamente aparecen las lamentaciones del tipo de "¡que escándalo, aquí se juega!, la famosa frase del capitán Renault que no me canso de recordar. Pero, tras ello, no faltan los que proponen soluciones bienintencionadas para tratar de que "esta sea la última corrupción que se produzca". Bueno, pues fiel a esta costumbre, me propongo plantear algunas medidas (no me atrevo a llamarlas soluciones) para tratar de dificultar las actividades corruptas.
Porque, la situación actual es tan grave que, incluso, ha dado lugar al milagro de hacer democrática a la iglesia católica española que no “anda pidiendo escaleras para subir a la cruz” como cantaba Machado, sino elecciones anticipadas. Por eso, creo que es el momento de aplicar medidas radicales para sembrar de dificultades el terreno de juego de los corruptos.
En primer lugar, hay que volver a repetir que la corrupción es política y administrativa ya que es, en ambos ámbitos donde, simultáneamente, suelen actuar los corruptos. Básicamente, una corrupción de este tipo se produce cuando un político recibe un pago no declarado (eufemísticamente llamado financiación irregular) a cambio de un favor administrativo (cohecho o prevaricación) de alguna institución sobre la que tiene poder o influencia. Por ello, hay que actuar en ambos ámbitos. No eludo la posibilidad de que, a veces, el cobrador no tenga ni poder ni influencia sobre quien, realmente, decide en la administración y se esté tirando un farol aprovechándose de su credibilidad ante el pagador.
Si alguien piensa que existe la "corrupción cero", seguro que puede creer en muchas otras cosas que solo existen en ese mundo de las creencias sin comprobación empírica
Si lo que pasa en las administraciones públicas pudiera ser observado por cualquier ciudadano, es evidente que se dificultaría extraordinariamente que sonara esa música famosa de "maniobras orquestales en la oscuridad". Eso se produciría si TODO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CON CONTENIDO ECONÓMICO PUDIERA SER SEGUIDO, EN TIEMPO REAL, POR CUALQUIER PERSONA DESDE SU PROPIO ORDENADOR. Dónde está el expediente, quien es el responsable del mismo, cuáles son los informes que ha originado y con que motivación se ha producido la decisión administrativa, serían visibles por cualquiera que quisiera acceder a ello. Es de esperar que la mera posibilidad de que alguien estuviera observando, reduciría las ganas de hacer alguna irregularidad por temor a ser descubierto. Sería una aplicación del conocido principio de que "el miedo guarda la viña" y, por supuesto, es factible hacerlo, técnicamente hablando. Debo decir que, esta "ocurrencia" no es nueva, ya que la propuse, por escrito, hace ya diez años. Recuerdo haber oído con estupefacción como un responsable político de la época me dijo que, eso, ya se hacía en la administración pública en España. Lo que significa, por otro lado, que no debe ser algo disparatado cuando tal prócer no solo la negaba, sino que la hacía, ya, moneda corriente.
Claro que, para ello, sería necesaria una MODIFICACIÓN DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS (Ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre) que permitiera el conocimiento de aquella información, actualmente sensible, que deba incorporarse a un expediente administrativo. Se trata de hacer público lo que debe ser público. Con la actual configuración de esa ley, la protección de datos se convierte, en muchas ocasiones, en una protección de golfos.
Y, junto a ello, se hace necesaria también la MODIFICACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA (Ley 19/2013 de 9 de diciembre) que dio lugar al pomposamente llamado Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado. En su actual configuración son demasiadas las limitaciones que tiene la ley e impide que pueda suministrar cualquier información que se le solicite. Lo sé por experiencia propia ya que más de una vez he sido contestado con negativas a mis peticiones de información sobre expedientes de la administración “pública”. Con el anterior y con el actual gobierno de España. Estoy seguro de que el Centro Nacional de Inteligencia pone menos dificultades que el famoso Portal a la hora de dar información sobre un expediente público.
Con ocasión del famoso “escándalo” de las tarjetas black de Bankia hice otra propuesta que tuvo el mismo, y nulo, éxito. Tratando de perseguir el delito y no tanto a los delincuentes, planteé ASOCIAR TODA TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO A UNA CUENTA BANCARIA DE UNA PERSONA FÍSICA Y NO JURÍDICA. Con ello, se obligaría a sus usuarios a tener que declarar el pago y justificarlo como un gasto necesario, a diferencia de las tarjetas de empresa, cuyos pagos solo hay que justificarlos en el caso de que una inspección fiscal requiera esa información, ya que, hasta entonces, se consideran, por defecto, como gastos necesarios. Eso sería posible ya que la mayoría de los actuales usuarios, o son administradores de empresas o son empleados de alto rango. En ambos casos hay modalidades de la Seguridad Social para que declaren como trabajadores autónomos o asociados a autónomos para que deban hacer declaraciones trimestrales a la Agencia Tributaria. Naturalmente, antes de los condenados en aquel caso, miles de otras personas habían utilizado tarjetas de ese tipo sin ningún castigo, ni penal ni administrativo. Y, naturalmente también, otros miles de usuarios de tarjetas de ese tipo, siguen haciéndolo después de aquel castigo ejemplar.
La financiación de los partidos políticos está, ahora, bajo sospecha por los abundantes antecedentes históricos. PSOE, PNV, CiU, ERC, IU, PA, CIUDADANOS, VOX, etc y, sobre todo, el PP, que ocupa el primer lugar de ese ranking, han tenido ya experiencias anteriores. Pero el número de casos podría reducirse con la APLICACIÓN A LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE LAS LEYES ANTIFRAUDE (Ley 254/2025 de 1 de abril) Y CREA Y CRECE (Ley 18/2022, de 28 de septiembre). Mediante sus prescripciones, ya obligatorias para algunas empresas y dentro de poco para todas, la emisión de todo tipo de facturas se debe hacer mediante los sistemas SIF y VERI*FACTU que obliga a que toda factura sea conocida, desde el momento de su emisión por la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria) donde están conectados dichos sistemas. Significa eso que toda factura emitida llega al receptor a través de la Agencia Tributaria que es quien la recibe del emisor. Ello facilitará el control de esos gastos tanto por dicha Agencia, como por el Tribunal de Cuentas y los tribunales.
Bastaría añadir a ello un mayor control de las donaciones a los partidos, que se debieran hacer por el mismo procedimiento anterior y la realización de AUDITORÍAS DE GESTIÓN ALEATORIAS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS para comprobar que los gastos declarados se correspondieran con sus signos externos en materia de propaganda, viajes, etc. Un organismo independiente del Gobierno y dotado de la mayor trasparencia podría encargarse de esta tarea para canalizar denuncias, en su caso, a la Fiscalía Anticorrupción.
No creo que sea necesario incluir medidas del tipo de castigar con mayor rigor a los delincuentes. En el ámbito legal creo que hay normas suficientes para ello, únicamente lastradas por la lentitud del procedimiento judicial para aplicarlas. Y en el ámbito político, cada partido debe tener autonomía para decidir cómo tratar a sus corruptos según su idiosincrasia, desde protegerlos, hasta denunciarlos.
(Escribo las anteriores líneas no con la pretensión de que sean utilizadas ni siquiera para su análisis por quien corresponda. Ni espero tampoco ser de “lo más leído durante la semana” en Nuevatribuna.es, ya que la aridez del contenido y la longitud del continente no da para ello. Lo hago, exclusivamente, para no conformarme con los consabidos golpes de pecho y las lamentaciones al sol. Se trata de un ejercicio neuronal. Puro egoísmo.)
