Hasta la irrupción en la vida pública de los movimientos socialistas a finales del siglo XIX y principios del XX, la mayor parte de la atención sanitaria estaba en manos de la Iglesia. Existían consultas privadas de médicos presuntamente reputados que asistían a quienes tenían dinero suficiente para pagar sus honorarios, también doctores que por su cuenta acudían a los barrios más pobres para, en la medida de sus posibilidades, tratar de aliviar las dolencias de quienes carecían de todo, dándose la circunstancia de que el contacto con la miseria hizo que muchos de ellos -Rico, Vera, Rubio, Puche, Peset, Bellido, Pittaluga, Méndez, Segovia, Villanueva...- se acercasen a los partidos republicanos y socialistas en busca de alternativas a un sistema que juzgaban injusto por naturaleza.
Los hospitales regidos por la Iglesia ofrecían ante todo asistencia espiritual para que los enfermos se fuesen purificando de cara a la vida eterna que vendría tras el deceso, aún así, la mayoría de la población no tenía acceso a ningún tipo de asistencia fiando la curación de sus males a curanderos que ofrecían pócimas, remendaban heridas o encajaban huesos según costumbre ancestral. Fueron las luchas de los trabajadores las que consiguieron que se fuesen construyendo hospitales y centros asistenciales donde se tratasen las enfermedades y accidentes de toda la población. La Comisión de Reformas Sociales creada en 1883 y presidida por el republicano e institucionista Gumersindo de Azcárate fue el embrión del que partirían en España todas las iniciativas asistenciales del siglo XX.
La Ley General de Sanidad aprobada en 1986 a propuesta del ministro asesinado por ETA Ernest Lluch marcó un hito en la evolución de la atención a la salud en España, primero porque creaba un sistema nacional que no existía, segundo porque universalizaba la asistencia sanitaria a todos los españoles. Lluch quiso además crear un sistema de incompatibilidades que impidiese al personal sanitario derivar pacientes a sus consultas particulares o a las clínicas privadas, cosa que no consiguió por la enemiga de los colegios de médicos y la equidistancia de su jefe Felipe González.
Es evidente que cuando se universaliza un derecho vital como la Sanidad, es necesario aumentar las inversiones, el personal y el gasto general para que la atención tenga un mínimo de calidad. Durante años así fue y poco a poco se fue construyendo una red que dotó a todo el territorio de centros de salud y hospitales comarcales donde se podían tratar la mayoría de las afecciones, quedando los grandes hospitales para los casos más graves. El regreso al poder de los partidos herederos de la dictadura franquista supuso un retroceso que ya habían iniciado comunidades como la catalana, recortando medios públicos y abriendo la puerta a la industria médica de las clínicas privadas mediante subvenciones millonarias, ello a pesar del conocimiento certero de que ninguna empresa nace para perder dinero, sino para maximizar beneficios disminuyendo gastos.
Lo política llevada a cabo por el Partido Popular y por los partidos nacionalistas catalanes ha conseguido que en Cataluña y Madrid más del cuarenta por ciento de la población tenga un seguro privado, seguros que tienen tantas más prestaciones cuanto más se paga y que varían su cuantía dependiendo de la edad del asegurado, sus patologías previas o sus cargas familiares. No descubrimos nada nuevo si recordamos la práctica neoliberal usada desde la prehistoria, consistente en disminuir paulatinamente el gasto y la inversión en un servicio público hasta hacerlo inviable y así justificar su privatización, presentando al especulador como salvador de un sistema ineficaz y obsoleto mientras ocultan a la ciudadanía que el sistema de salud más caro e injusto del mundo en el de Estados Unidos, donde hay millones de personas sin ningún tipo de prestación y quienes la tienen -salvo los muy ricos- han de contratarlas de acuerdo con su nivel de renta.
Los recortes en sanidad han propiciado la llegada de grandes multinacionales dispuestas como los buitres a no dejar hueso sin bocado
Los recortes sangrantes hechos a la Sanidad Pública en todo el país, tanto en personal como en tecnología, ha propiciado la llegada de grandes multinacionales de la salud dispuestas como los buitres a no dejar hueso sin bocado. Asociadas muchas veces a las empresas indígenas y con el indispensable apoyo de las derechas privatizadoras, las grandes corporaciones han iniciado una ofensiva sin precedentes para hacerse con una parte sustancial del gasto sanitario español, del que ya se comen más de un tercio. La pandemia del coronavirus, que ha hecho que el Sistema Nacional de Salud haya cargado sobre sus dañadas espaldas con la lucha contra la enfermedad de forma encomiable, ha dejado al desnudo la desnutrición de la atención primaria y un retraso considerable en las listas quirúrgicas, lo que sin duda, de seguir así hará que muchas personas terminen contratando un seguro privado en el que, con toda probabilidad, será asistido por un médico que también trabaja en la pública.
A estas alturas, y aunque no hayamos superado todavía la desastrosa pandemia, es necesario, más que ninguna otra cosa, que se contrate al personal sanitario necesario para dar una atención médica de calidad, que se abran de inmediato los centros de salud con más medios y más personal, que se contraten administrativos para llevar cualquier tipo de trabajo burocrático y que se rehagan los puentes entre la atención primaria y hospitalaria muy seriamente dañados por la epidemia. Es el momento de la Sanidad Pública, que ha demostrado su altísima capacidad haciendo frente en solitario a la peor epidemia sufrida por el mundo desde la gripe de 1918. Es una prioridad, una urgencia cuyo remedio no puede ser postergado, porque de serlo en pocos años, muchos menos de los que creíamos, nos veremos con un sistema nacional de salud muy parecido a la beneficencia de principios del siglo XX y con otro privado muy similar al de Estados Unidos, un sistema en el que la salud depende de Dios y, sobre todo, de la chequera. El Gobierno actual tiene tiempo suficiente para hacer lo necesario para evitar el crimen de lesa humanidad que pergeñan quienes confunden el interés general con el crecimiento de su cuenta corriente y el patriotismo con el privilegio de casta o estirpe.
