martes. 19.03.2024

Si nuestra colaboración con Marruecos en el control de la inmigración ilegal pasa porque tengan que morir 38 inmigrantes en el intento de saltar la valla hacia Melilla, en algo estamos fracasando, y claramente no hemos elegido el mejor aliado para ejercer este control.

Es cierto que operan mafias para los traslados de migrantes hacia la frontera. Aunque no creo que esas mafias (acostumbradas a tirar la piedra y esconder la mano, abandonando incluso a la deriva embarcaciones en alta mar) se dediquen a organizar asaltos de 1.500 personas a nuestra frontera.

También es cierto que si la gendarmería marroquí se ve sorprendida por 1.500 personas ya organizadas en el punto mismo fronterizo, mal están haciendo su trabajo, que lo lógico es que consista en realizar filtros en el camino a la frontera, y no fiarlo todo a una lucha a la desesperada en el último momento frente a un inmenso contingente de migrantes, que si logran tamaña concentración es porque se les ha dejado llegar masivamente hasta ese punto.

Por parte de España -en algo se tiene que notar que somos un país con principios democráticos y humanitarios- no basta con “repartirse” las tareas en un: “tú haces en tu país lo que quieras, y yo hago en el mío lo que pueda”. Se supone que, si se plantea una coordinación para el control de la migración, ese control ha de establecer una coordinación que acuerde tanto las tácticas de despliegue, filtrado y tratamiento, como la previsión en la actuación de las mafias. Utilizando actuaciones conjuntas sobre el terreno marroquí (como se hace con otros países (Ghana, por ejemplo), tanto de Cuerpos y Fuerzas de seguridad como de los servicios de inteligencia.

Dentro de esa planificación conjunta han de preverse situaciones como la producida recientemente: la de una avalancha, con una valoración previa de riesgos. Y con decisiones claras sobre qué hacer: porque una sola vida humana salvada es más importante que el presunto “daño” de que pasen la frontera de forma ilegal 1.500 personas.

Y todos sabemos que el tratamiento en relación con las migraciones no pasa solamente por las actuaciones policiales y a la defensiva. Es preciso identificar el problema de origen, que no se llama “mafia”, sino pobreza y necesidad, y hasta una justa aspiración a mejorar las condiciones de vida por parte de las personas, sean de donde sean. Y es en ese terreno en el que hay que moverse.

Es algo que viene exigido por una concepción humanitaria y democrática -y no estrictamente nacionalista- de las relaciones humanas, sociales e internacionales. Algo que se llama cooperación, y que ya se comenzó a tratar por nuestro país por parte de los Gobiernos de Rodríguez Zapatero, con una actuación, por cierto, decidida y activa de la que fue vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega.

Sin olvidar, por ejemplo, que nuestro país -y más en un momento en el que el desempleo va, poco a poco, remitiendo- va a necesitar inmigrantes cualificados para asumir tareas que ya no cubren los nacionales, y que en un futuro inmediato no van a poder asumir, aunque quieran, por el decrecimiento vegetativo de la población. Lo cual nos tiene que llevar a una política de cooperación cuidadosamente elaborada, y que el ministerio de Migraciones debe dedicar esfuerzos a articular de manera profesional y previsora. Por ejemplo, con convenios de formación profesional -sea en origen o en destino- con los países emisores de inmigrantes. Incluso con el propio Marruecos.

Sin caer en posiciones de beatificar a los inmigrantes, no creo que la concentración de 1.500 personas para forzar el paso de la frontera sea obra de la mafia, sino fruto de una necesidad, tal vez extrema. ¿Cuántos de esas 1.500 personas llevan meses vagando por las rutas de la migración, viviendo de la necesidad y empujados por la desesperación? Por eso, el sábado 25 de junio me quedé muy preocupado, y con la pregunta de quién está engañando a nuestro presidente de Gobierno sobre el papel de las mafias en los sucesos de Nador. Algo que requiere una aclaración, muy justificada porque estamos hablando de la muerte de 38 personas.

La lucha a muerte contra la inmigración no es el camino: ni justo, ni ético ni democrático