La recién iniciada legislatura tiene un recorrido de difícil predicción. Los resultados electorales sólo dejan alguna certeza y muchos interrogantes.
Puede que la única cosa clara sea que la derecha y la ultraderecha tienen prácticamente imposible gobernar. Pero también está claro que el camino de un posible gobierno de izquierdas no será en absoluto nada fácil ni tranquilo.
El hecho de que el independentismo catalán, en su peor momento electoral sea necesario e imprescindible para el desarrollo de la legislatura en el Congreso plantea ya un sinfín de interrogantes. Todo ello sin contar con que el Senado en manos de las derechas sea otro elemento a considerar.
En las elecciones del 23 de julio la izquierda tuvo una mayoría clara en Catalunya con 26 diputados entre el PSC y SUMAR (en conjunto 1.706.554 votos. En las del 2019 obtuvieron 19 diputados y 1.243.839 votos). Por su parte los partidos independentistas ERC, JUNTS y la CUP obtuvieron 14 diputados frente a 23 en el 2019 (y en votos 954.311 mientras en el 2019 obtenían 1.652.055. Es decir han perdido 697.744 votantes). Es por ello que es totalmente erróneo a la vista de los resultados equiparar a los independentistas con la ciudadanía de Catalunya que mayoritariamente ha votado a los partidos de izquierdas en un 48,53% frente al 27,42 que ha votado a las opciones independentistas incluyendo la CUP.
Tanto ERC como Junts tienen mucho que perder en una repetición electoral
Es interesante tener en cuenta los resultados de Catalunya para valorar cual puede ser la posición tanto de ERC como de Junts. Ambos tienen mucho que perder en una repetición electoral, pero a la vez su competición por saber cuál de ellos es hegemónico en ese espacio puede provocar más de un problema.
La composición del Congreso hace difícil no sólo la investidura sino también la propia gobernanza normal de la legislatura. Los planteamientos que en especial puede hacer Junts, pero también ERC, pueden hacer naufragar en cualquier momento, es decir desde su propio inicio, la legislatura.
La cuestión catalana es un problema pero lo es no sólo en Catalunya sino en el conjunto del Estado. No son entendibles los resultados en las autonómicas favorables a las fuerzas de la derecha y la ultraderecha sin entender la demagogia que se ha hecho contra el Gobierno Progresista de coalición y su alianza con la anti-España de “golpistas y terroristas”. Frente a ello y a la demagogia que comporta basta observar el resultado que la aplicación de acciones de desinflamación política ha obtenido en la sociedad catalana, especialmente entre los no independentistas.
Las políticas han sido positivas para bajar el conflicto en Catalunya, lo cual nadie puede negar, y también lo han sido, aunque se niegue, para el conjunto de España.
Pero lo que está claro es que en el caso de resultar elegido un nuevo Gobierno de coalición de PSOE y SUMAR su camino estará lleno de obstáculos. Y fundamentalmente para desarrollar un programa de Gobierno progresista. Ese gobierno puede avanzar en el reconocimiento de la diversidad en el conjunto del Estado pero siempre teniendo en cuenta el coste de esos pasos. El Gobierno no podrá ceder ante las pretensiones maximalistas de los partidos independentistas catalanes sino en todo caso deberá dar aquellos pasos que dentro de la legalidad constitucional sean factibles y eso será posible si en las dos facciones del independentismo impera el pragmatismo y no se sitúan en una carrera de quien es más radical.
Creo que los partidos independentistas deberían aprender de la forma de actuar de los partidos nacionalistas vascos. Tanto del pragmatismo tradicional del PNV como de la forma institucional de actuar de EHBildu que debería ser un ejemplo para los partidos nacionalistas catalanes, en especial para el que se autoproclama de izquierdas como es ERC. También deben reflexionar sobre el voto de los catalanes que en caso de provocar nuevas elecciones y dar nuevas posibilidades al PP les podrían hacer pagar su comportamiento irresponsable.
Pero es que al margen de las demandas independentistas, el nuevo Gobierno tendrá difícil desarrollar un programa avanzado socialmente porque la cámara legislativa es mayoritariamente de derechas. JUNTS es un partido de derechas heredero se quiera o no de la extinta Convergencia. Por tanto será difícil aprobar nueva legislación en especial social y económica de carácter progresista.
Todo ello con la relación más positiva que no quiere decir diferencial de acuerdo con su propio hecho existencial de los dos partidos del Gobierno. En este sentido parece que se plantea una posible legislatura de mayor unidad y menos ruido, esperando que los cinco diputados de PODEMOS no decidan ir por libre y no sólo provoquen problemas dentro de SUMAR sino en el ámbito político, pero deberían tener en cuenta que ir contra la historia puede significar acelerar su extinción.
En definitiva aquí se ha tratado de plasmar las dificultades que va a tener una legislatura con números ajustados no sólo para la investidura sino para el proceso legislativo lo cual podría abocar al gobierno a llevar a cabo una tarea de gestionar a fondo la abundante legislación procedente del periodo anterior y sacarle todo el provecho necesario de cara a la ciudadanía antes de volver a ir a un posible nuevo proceso electoral pasado un período de tiempo. Especialmente ante la imposibilidad de una aprobación presupuestaria por bloqueo del Senado al “techo de gasto”, siempre que no se haya efectuado una nueva ley que elimine dicha posibilidad de bloqueo.
Pese a todo esperemos a ver cómo se inicia la legislatura y si los actores políticos necesarios para hacer posible la continuidad de un Gobierno de Coalición Progresista se comportan con el necesario grado de responsabilidad.
