miércoles. 29.05.2024
PP

Hace unas semanas, Alberto, como familiarmente alguno de ellos se refirió al señor Núñez Feijóo, se reunió con un nutrido grupo de afiliados a la Asociación de Fiscales, la mayoritaria organización de fiscales conservadores españoles. El carácter de la misma no debía ser muy público ya que, para lo que son estas cosas, hemos tardado 14 días en tener noticias de ella, que es el tiempo trascurrido desde el 18 de abril, día de la cena, hasta el 2 de mayo, cuando dio la noticia el diario El País. Y, eso, a pesar de la relevancia que, para España, podrían tener las cosas que allí se dijeron.

Vaya por delante el respeto que los comensales a dicha cena se merecen, ganado por el currículo de, al menos, los intervinientes de los que tenemos noticia de sus palabras en el acto. Pero vaya también por delante la preocupación que, a alguien, le puede causar el comprobar la existencia de fiscales, en el Tribunal Supremo, por ejemplo, que tienen esa predisposición hacia el actual Gobierno de España. Si hay preocupación en el Partido Popular por el sesgo que pueda tener un fiscal general nombrado, legal y reglamentariamente por el Gobierno, no es menor, sino mayor, el que se puede tener fuera de ese partido por lo que allí pasó.

El carácter secreto de la reunión de Feijóo con fiscales colabora a crear una sensación de sospecha sobre los objetivos de la misma

Hay actividades humanas que se suelen practicar en la intimidad. Por ello, las puertas de los cuartos de baño suelen tener cierres. A mi entender, el pronunciamiento político de un fiscal debería tener algún grado de discreción. Es sabido que la Constitución (artículo 127), junto al desiderata de que jueces y fiscales deben ser independientes, añade la prohibición concreta de que pertenezcan a partidos políticos o sindicatos (no dice nada de asociaciones). Pero, como la mujer del Cesar, además de no serlo, sería mejor que no lo parecieran. En nuestra democracia, ha habido una práctica, multipartidista, de jueces y fiscales que han entrado y salido de cargos públicos, al entenderse que, en esos momentos, no se hallaban en activo, tal como prescribe ese artículo constitucional.

Por ello, el que un fiscal, a título personal, como dijo uno de los intervinientes, se pronuncie políticamente, puede ser reprobable aunque entendible si se interpreta que, como ciudadano, tiene un criterio que su deontología le impedirá aplicar en su trabajo. El problema es que, si forma parte de un coro, como ocurrió en esa cena, la cosa adquiere otra dimensión. Si en lugar de fiscales hubieran sido militares podríamos estar hablando de un pronunciamiento, esa figura que nuestro país aportó a la historia de los golpes de estado. El carácter secreto de la reunión colabora a crear una sensación de sospecha sobre los objetivos de la misma.

Pero, si el hecho del acto, en sí, puede parecer grave, sobre todo para los que, como el capitán Renault, el de Casablanca, descubren de pronto que "aquí se juega", el contenido de las declaraciones es realmente llamativo. En un mundo, como el de las leyes, donde estas deben ser claras para facilitar su cumplimiento, lo que allí se dijo fue un conjunto de contradicciones de difícil explicación racional.

Primera: se denunció "la falta de democracia en los procedimientos legislativos" mientras se renegaba de normas legales aprobadas democráticamente por el mero hecho de estar apoyadas por partidos legales aunque opuestos a las tesis de los allí reunidos. Solo se explica esa contradicción por el sentido patrimonial de la democracia que les hace aceptarla solo si les favorece porque establecen dos tipos de democracia, una buena, cuando les favorece les favorece, y otra mala, cuando no.

Segunda: se reconoce que "Nunca en España tuvieron un rol tan determinante los independentistas", mientras se reclama un nuevo régimen que restituya "la cohesión territorial". Esta paradoja solo se explica porque parecen preferir una “cohesión territorial” con declaraciones de independencia de Cataluña y exilios de su President, como la del anterior gobierno del PP, que una situación de diálogo y apoyo de esos partidos independentistas a un gobierno de España como la actual. O porque, lo que, realmente, prefieran, sea gobernar, pase lo que diablos pase con la “cohesión territorial”.

Tercera: se anuncia la creación futura de un delito de “deslealtad constitucional” por un partido que se niega a cumplir con el artículo 122 de la Constitución, y su desarrollo en el artículo 568 de la ley 4/2013, al negarse a renovar el Consejo General del Poder Judicial. O bien piensa el PP que, cuando tenga mayoría en las Cortes Generales, ya podrá tener la lealtad constitucional suficiente para cumplir con la Constitución o es que adolecen de una llamativa falta de pudor.

Cuarta: se denuncian las “enmiendas presentadas por ERC para rebajar la pena a dirigentes independentistas” mientras se sabe que el Tribunal Supremo (donde trabaja alguno de los fiscales presentes en esa cena) no entendió que esas enmiendas fueran de aplicación al caso y, por tanto, no rebajara esas penas. De donde se deduce que, el único problema de esas enmiendas es que las había presentado ERC.

Y quinta: Reniegan de la utilización abusiva de la fórmula del decreto ley y Núñez Feijóo anuncia un decreto ley "ómnibus" y exprés para derogar todas las normas legales aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. Nuevamente, esta contradicción solo puede explicarse por puro maniqueísmo, diferenciando decretos-leyes buenos, los que hacen ellos, y malos, los que hacen los demás.

Así pues, si la estrategia judicial del PP para derogar el sanchismo pasa por iniciativas tan contradictorias como esas, más bien parece que tendrán que tirar, en el caso de que puedan, no tanto de estrategia como de tácticas concretas en cada caso. O de actividades no explicitadas en la reunión de marras. 

En todo caso, esa cena parece la puesta de largo de un flanco fiscal con el que el PP puede utilizar el ataque oblicuo al sanchismo en la forma que hizo famoso Federico II de Prusia, el Grande. Es sabido que ese gran estratega tenía que suplir sus menores fuerzas en la batalla con una buena táctica en la misma y utilizó ese, luego muy imitado, ataque oblicuo. En el caso del PP, se trata de atacar con el flanco judicial, ese Consejo General del Poder Judicial del que no se desprende ni con agua caliente, y luego hacer una maniobra envolvente con el flanco fiscal. Con ello, Alberto podría también ganarse el apelativo de el Grande. Cronistas favorables no le faltan. De momento.

El PP no debe tener muy clara esa reconquista de España cuando tiene preparada una venda para la posible herida

Pero, entre tantos elementos preocupantes, hay una esperanza: no deben tener muy clara esa reconquista de España cuando tienen preparada una venda para la posible herida. Se llama INDRA, de la que hablaron, “que es la que controla informáticamente los procesos electorales” y que es lo que puede servirles para explicar que Núñez Feijóo, en su caso, no llegue a gobernar España después de las próximas elecciones generales.

Trump, incluso sin INDRA, dijo algo parecido. Lo que esperemos, si eso se produce, es que no tengamos que lamentar un asalto al Congreso de los Diputados el día de la investidura del próximo presidente del gobierno, como ocurrió en Washington. Nosotros ya tuvimos uno.

La justicia que viene: el flanco fiscal