En la expresión “con la Iglesia hemos topado”, la palabra Iglesia debería ser sustituida por Judicatura. Y no lo digo únicamente por causa de la escandalera armada por la ley del “solo sí es sí” y, en última instancia, por la cacicada del Tribunal Constitucional. Es verdad que solo con estos hechos bastaría para percibir que el poder judicial, más que independiente del resto de los otros poderes, está por encima de ellos. Apenas le importa que nunca haya sido elegido por la ciudadanía, donde reside la soberanía popular, cosa que no sucede con el poder legislativo -el parlamento-. Es decir, que, si algún poder debiera estar por encima de los otros poderes, este tendría que ser el legislativo pues solo este es elegido por decisión de la ciudadanía; no así, el judicial ni el ejecutivo.
Se trata de un mal estructural y sistémico que se viene arrastrando desde siempre y proviene de la naturaleza misma del cargo en sí y de los poderes con los que se le ha revestido a lo largo de la historia. Los fiscales de este mundo han sido siempre la representación más exacta de lo que en términos coloquiales denominamos desfachatez y descaro. Walter Scott, el autor de Ivanhoe, decía que los magistrados, los médicos y los curas eran los seres más odiados de este mundo. Los tres vivían del mal ajeno y solo los monarcas absolutos tenían la prerrogativa de llevarlos a la horca. La población nunca los tuvo como parte de ella, sino todo lo contrario. Lógico. Tampoco los elegían.
En la actualidad, lo peor no es que los jueces se coloquen por encima del bien y del mal -como hace la Iglesia y los obispos-, sino que dichos conceptos se interpreten siguiendo criterios que nada tienen que ver con el Derecho y sí con creencias morales derivadas de la religión católica, apostólica y romana. Eso, o tirando de forma permanente de criterios pertenecientes al nacionalcatolicismo franquista.
Los magistrados, los médicos y los curas eran los seres más odiados de este mundo. Los tres vivían del mal ajeno
Se habla de “descontrol jurídico”, manifiesto en las distintas interpretaciones con relación a la ley orgánica de Garantía Integral de la Libertad sexual y, ahora, de la irrupción negadora del poder legislativo por parte del Tribunal Constitucional, pero lo cierto es que dicho desmadre judicial no es ninguna novedad. Y no se trata de un descontrol que derive de las leyes propiamente dichas, sino que es producto de interpretaciones tan increíbles como variopintas, que ponen en muy mal lugar a los jueces que las hacen y al sistema judicial al que dicen representar para proteger la ciudadanía.
Muchas veces, estaría mejor que ciertos jueces no nos protegieran y se dedicaran a aplicar lo que dice literalmente la ley. Nos iría mucho mejor.
En este sentido, será difícil encontrar en la hemeroteca formada desde que se aprobó la constitución en 1978 a ningún juez que haya abierto una querella contra aquellos políticos que incumplen lo establecido por la Constitución en su artículo 16.3. que consagra la aconfesionalidad del Estado. Tal hecho podría interpretarse como un feo más de quienes se manifiestan más constitucionalistas que Montesquieu. Pero no es así, dado que, al menos los que forman el ala derechuza del TC, tampoco son constitucionalistas. O lo son tanto que también se encuentran por encima de ella, pues ya me dirán ustedes que, si no se respeta el principio de la soberanía popular, entonces, dígase en qué Constitución se basan estas ilustres prendas del Derecho para apabullar al poder legislativo.
En qué Constitución se basan estas ilustres prendas del Derecho para apabullar al poder legislativo
De entre los cientos de casos que podían alegarse, hay uno que recuerdo con especial repugnancia. Muchos dirán que una golondrina no hace verano. Es verdad, pero lo anuncia. Allá va el caso. Una Asociación de Abogados Cristianos presentó un recurso contra la exposición de una bandera arcoíris, símbolo del colectivo LGTBI, en el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza. El recurso fue estimado por el magistrado titular, declarando nula la actuación municipal y, en consecuencia, dando la razón a la asociación confesional litigante. Lo más rocambolesco del asunto es que este juez basó su argumentación en la debida neutralidad que las administraciones y poderes públicos debían mantener ante hechos de esta naturaleza. ¡Bendita neutralidad!
Al poco tiempo de esta resolución, el mismo magistrado desestimó un recurso de la asociación Movimiento hacia un Estado Laico (MHUEL) denunciando la falta de neutralidad de un poder público, en este caso el Ayuntamiento de Zaragoza. Según MHUEL, un crucifijo -el famoso crucifijo “itinerante” del alcalde Belloch-, presidía todos los plenos. Para ello, era necesario que los ujieres del municipio protagonizaran un paseíllo desde el despacho del Alcalde hasta el salón de plenos transportando con toda unción dicha imagen. Todo un espectáculo religioso en una institución aconfesional por mor de la Constitución. Y, ojo, Belloch era juez aunque no lo pareciera.
Al magistrado le importó un pimiento que los poderes públicos se debían mantener neutrales en materia religiosa en cumplimiento del principio de la aconfesionalidad del Estado
En esta ocasión, al magistrado le importó un pimiento que los poderes públicos se debían mantener neutrales en materia religiosa en cumplimiento del principio de la aconfesionalidad del Estado. Al contrario, la exposición, en forma de banderola en un balcón, de un símbolo que representa unos derechos reconocidos en el marco legislativo español vulnera la neutralidad debida de los poderes públicos, pero que un símbolo de una determinada confesión religiosa presida el salón de plenos de un ayuntamiento, donde está representada la pluralidad y diversidad ciudadana, no lo hace.
Nos han obligado a aceptar que en Derecho y conforme a Derecho todo es interpretable. Mucho más cuando se trata de materia tan inflamable como son los sentimientos religiosos. En este sentido, cabría decir que, si los sentimientos religiosos injuriados o heridos son válidos como argumento de querella, también, lo serán los de naturaleza política. Así lo creemos. Pero no parece que lo sea para los jueces en ciertos casos. ¿Cuántos de los magistrados existentes han abierto un expediente contra aquellas actuaciones que utilizan la ikurriña, el euskera, las ikastolas, el árbol de Gernika o cualquier símbolo vasco, como diana preferente de sus ofensas vesánicas? ¿Cuántos de esos jueces se han querellado contra quienes siguen ridiculizando e injuriando a los, pongo por caso, homosexuales?
Que los jueces nos pidan que acatemos y respetemos sus decisiones aunque no las compartamos, parece justo. Pero, para ser respetuosos, lo menos que se les puede pedir es que sus resoluciones sean respetables. En muchos casos, no lo son. Es que ni siquiera les importa guardar las apariencias. ¿Para qué? ¡Son jueces! Y, no solo están por encima del bien y del mal, sino de la ciudadanía.
Que los jueces nos pidan que acatemos y respetemos sus decisiones aunque no las compartamos, parece justo. Pero lo que se les puede pedir es que sus resoluciones sean respetables
Decía E. de la Boétie (XVI) que, si alguna clase trataba como siervos a los ciudadanos, esa era la de los jueces, de la que él formaba parte como magistrado. Sus aires de superioridad eran, más que manifiestos, odiosos. Entendía este amigo de Montaigne que solo la propia ciudadanía sería capaz de salir de aquella “obligada servidumbre voluntaria”, porque, al fin y al cabo, de voluntaria no tenía nada. En parte como la de hoy. Y si es así y no dudo que lo sea, algo tendrá que decir la soberanía popular para poner en su sitio a esta pléyade de magistrados del Tribunal Constitucional, porque, en estos momentos, no ofrecen ninguna seguridad, sino todo lo contrario de lo que debía inspirar. Sencillamente, da miedo. Lo mismo que sus cofrades: el PP, UPN, Ciudadanos y Vox. ¿No empezó Tejero su golpe de Estado fracasado intentando anular la voluntad popular encarnada en el poder legislativo, es decir, en el Parlamento? Para ser defensor del sistema democrático y constitucional el citado Tribunal, lo cierto que su actitud no tiene nada de democrático ni constitucional, y es lo más parecido a un acto fascista.
Así que, ¿quién será el encargado de ponerlo en su sitio? ¿El resto de los jueces? ¿El Jefe del Estado? Demasiada endogamia para que protesten contra sus homólogos. Solo queda una voz. La de la ciudadanía y su intervención pública manifestando su repugnancia y rechazo contra tales desmanes. Unos jueces que actúan contra la soberanía popular no tienen cabida en el sistema democrático actual. Y es evidente que nombrar a tales jueces por el sistema de santa Dedocracia sigue siendo un pésimo ejemplo democrático que necesita ser corregido de forma radical. A este ejercicio se le llama, desde Montesquieu, usurpación del poder civil.
