La vivienda, un derecho democrático siempre aplazado
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Hace ahora, más o menos, 70 años, los falangistas se reincorporaban al gobierno de Franco, tras la cuarentena decretada por la derrota nazi-fascista; el retorno se lo debían al reencuentro norteamericano con las ventajas geopolíticas de la Península Ibérica y del anticomunismo franquista. Franco les asignó las políticas sociales, y ellos se dieron cuenta, a pesar de su doctrina reaccionaria, de que la política de vivienda solo se podía abordar desde lo público [1], en un país en trasformación hacia una sociedad industrial. Hicieron sus propuestas de Impuesto sobre la Renta, para financiar la vivienda, y de municipalización del suelo, para eludir la especulación; pero, los ideales sociales de los arquitectos fueron rechazadas por la mayoría nacional-católica del gobierno, incluido el mentor del Plan, Luis Carrero Blanco, y sobre todo por Franco. De la mano de Jose Luis Arrese intentaron encontrar atajos, como la deuda pública monetizable, utilizaron los fondos de las mutualidades de seguridad social como banco hipotecario social, o las cajas de ahorro, donde la naciente clase media depositaba sus ahorros. Ninguna de estas fuentes resultó suficiente para su plan y, en 1959, el Fondo Monetario Internacional tuvo que intervenir, y la política de vivienda pasó a manos del Opus Dei. El problema del suelo se solucionó mediante la captura de los pueblos cercanos por las grandes ciudades; en tiempos de fuerte crecimiento de la población del país, y despoblamiento del campo, cuando los núcleos urbanos crecían con la industrialización y el desarrollo administrativo de empresas e instituciones, la conversión de los terrenos agrícolas en suelo urbano fue la solución; las tierras que había entre la ciudad y los pueblos anexionados se trasformaron en polígonos para edificar. Por último, las cualidades comunitarias traídas por los campesinos españoles hicieron posible que los polígonos se trasformaran en barrios, y configuraran los suburbios y barrios periféricos de nuestras ciudades actuales.
- Los problemas sobreviven, las soluciones cambian
- Las finanzas de la vivienda social
- El hueso duro del suelo público
- La tecnología de la construcción de viviendas
Como sabemos, en la segunda mitad de los años cincuenta, en los sesenta y parte de los setenta, las remesas de los emigrantes alimentaron el crecimiento de la edificación en los polígonos del desarrollo urbano; más de tres millones de españoles ahorraron sus salarios europeos para comprar un piso, algunos más en América y, sobre todo en Catalunya, Madrid y País Vasco. Una generación de españoles pasó treinta años ahorrando desde la miseria de sus chabolas, para obtener una vivienda medianamente aceptable en los años ochenta. Esa es la historia de los boomers actualmente jubilados, jornadas de 48 a 60 horas semanales para acceder a un piso hipotecado en propiedad, un seiscientos y unas vacaciones en el pueblo natal [2]. Hubo una clase media, como siempre, pero mucho más reducida de lo que algún aficionado al periodismo histórico nos quiere hacer ver; ella se quedó con la mayoría de las casas construidas por la obra sindical [3].
La situación se ha agravado en España por los problemas asociados a la herencia falangista de la vivienda en propiedad y el recurso del OPUS a los polígonos cuasi-barrios
Pero, volvamos al tema central de la vivienda. Las Mutualidades llegaron a la democracia financieramente exhaustas, los bancos públicos hipotecario y de la construcción tuvieron que ser disueltos, por falta de capitalización, las cajas de ahorro resistieron porque, como el Instituto de la Vivienda franquista había señalado en 1950: las personas más necesitadas dejan de comer antes que devolver una derrama de su hipoteca social. Pero la política de vivienda había quedado lastrada por la ideología de la propiedad; la falta de controles sociales permitía su negociación especulativa y una inflación entre el 6 y el 25 % anual, tasa alcanzada en 1978-79, facilitó amortizar las deudas hipotecarias de las familias. La legislación de vivienda social se había desdibujado por las compra-ventas y la inflación había convertido las hipotecas en módicos alquileres, el cambio económico experimentado por las familias había diversificado la composición de los barrios; durante los sesenta, el trabajo abundante en la construcción facilitaba la emancipación de los jóvenes, ayudados, en muchos casos, por los ahorros de sus padres emigrantes. Hasta 1977 y 1978, cuando la crisis obligó a los jóvenes a volver a casa y la droga golpeó duramente la cultura ciudadana de muchas barriadas. A partir de 1985, los fondos europeos y la prosperidad impulsada por el ingreso en la Unión Europea nos hizo olvidar, entre 1990 y 2008, que las vacas flacas siempre vuelven, como lo habían hecho varios millones de emigrantes españoles, cuando se acercaba el final de la dictadura y se ponía en marcha la democracia. Ellos, con sus ahorros paliaron el pinchazo de la burbuja.
Los problemas sobreviven, las soluciones cambian
Ninguna de estas circunstancias es imaginable hoy en día. Sin embargo, las reflexiones de 1954 para enfocar el problema de la vivienda mantienen toda su vigencia: una fiscalidad potente y orientada a proteger la vivienda familiar y social es necesaria, una disposición del suelo urbano para edificar viviendas sin crear guetos es imprescindible, si se quiere resolver el problema de la vivienda, y el tercer pilar identificado por los arquitectos de 1949 es la tecnología de la vivienda [4], adaptada a las circunstancias sociales del momento histórico. Veamos esos tres pilares en 2025:
La vivienda es un prerrequisito para la vida privada de las personas adultas, un derecho protegido por la constitución, pero choca con otros, fundamentalmente con la propiedad del suelo urbano
Las finanzas de la vivienda social
En los años cincuenta, nadie serio creía en una promoción privada de vivienda social, ni tampoco se promovió la vivienda social en alquiler, a pesar del ejemplo europeo, del enorme esfuerzo realizado en la posguerra para dar vivienda a los jóvenes licenciados del conflicto; Europa querían evitar los problemas de la posguerra de 1919 y 20, y tuvo un gran éxito en todos los países que lo llevaron a cabo. Sin embargo, la cuestión de quien paga la vivienda social en España es aún un melón por abrir. Si aceptamos los ejemplos europeos, la vivienda social acaba pagándola la inflación, pero con una carrera de precios controlada, no la desatada en España durante los años cincuenta del siglo pasado, o la que estalló durante la transición a la democracia. Europa hizo una política de deuda pública controlada, soportada por subidas de la progresividad fiscal a los que más tienen y ganan. El secreto es poner unos alquileres sociales suficientes para pagar la deuda pública, en un mercado de bonos hipotecarios a largo plazo, no usurario y sometido a subidas controladas del IPC que la devalúan, de forma que el déficit de los primeros años se compensa con creces en los años medios y finales, y cubre los intereses. El mantenimiento y adecuación de las viviendas a los cambios de estándares de confort se deberían poder pagar con los alquileres en un proceso administrativo público y eficiente; otra cosa es la necesidad de adecuar la administración pública para que tal objetivo sea viable.
El hueso duro del suelo público
Desde la primera ley franquista del suelo, allá por los primeros años cincuenta, todas las normas han incluido la obligación del promotor de reservar suelo para vivienda social, un 10, un 15% etc. Ninguna de estas normas se han cumplido. La corrupción municipal ha sido una característica genética del franquismo, heredada por muchos ayuntamientos de la democracia, o ineficaz por la desidia para hacer cumplir unos preceptos que crean duras resistencias en los emprendedores inmobiliarios. Luego vino la carrera por bajar impuestos, el endeudamiento municipal y autonómico, la venta de los parques inmobiliarios públicos para hacer caja y pagar la deuda, el agravamiento del problema de la vivienda con el alargamiento de la vida de los padres trabajadores y el freno a las herencias populares de las viviendas medias y modestas. Resultado, varias generaciones de jóvenes han visto truncado su proyecto vital por falta de vivienda.
Al ritmo de 100.000 viviendas sociales por año, que son muchas viviendas sociales, tardaremos 20 años en tener el parque que hoy necesitamos
La consideración de Europa, y especialmente de nuestro país como un buen refugio para clases medias y adineradas del planeta está convirtiendo la vivienda corriente en un lujo; la situación se ha agravado en España por los problemas asociados a la herencia falangista de la vivienda en propiedad y el recurso del OPUS a los polígonos cuasi-barrios. Sin suelo urbano urbanizable, valga la redundancia, no hay posibilidad de crear dos millones de viviendas públicas en alquiler que reclama la situación de jóvenes y familias en precario. Existen amplias zonas de edificios y casas cuasi deshabitadas, pero son, en realidad, solares a la espera de una rentabilidad que no se sabe si llegará. Estas propiedades tienen dueño, o sus propietarios esperan que otros las adquieran para hacer negocio. Existen proyectos abandonados a medio hacer, sin conexión real con las ciudades, y hay pueblos abandonados sin habitantes aspiracionales. Todo eso existe, pero antes de poder utilizarlo, se debe clarificar lo que significa la excepción del “Bien General” que la constitución permite al derecho de propiedad. Es decir, se necesita una Ley del suelo que contemple las circunstancias reales del problema en el año 2025.
No es mi intención disuadir a los políticos honestos que, de verdad, quieren resolver el problema, solo intento centrar hitos necesarios para el camino que no tenemos la opción de evitar. Nuestra democracia está llegando, en muchos aspectos, a los límites de su origen liberal y, como no tenemos otra idea mejor, es hora de comenzar a pensar en las trasformaciones de ciertos mitos para evitar que las poblaciones de Europa empiecen a fijar su mirada en las opciones iliberales. El mito de que el dinero está mejor en los bolsillos del contribuyente es uno de esos mitos, la propiedad inmobiliaria del suelo es otro, la disponibilidad irrestricta de la propiedad para ser vendida y comprada debe empezar a ser considerada, ¿otro mito? La democracia debe decidirlo, nos jugamos el futuro de nuestro bienestar y. con él, de nuestra libertad en un estado social de derecho, única manera de ser libres en un mundo donde la libertad es una función del dinero.
La tecnología de la construcción de viviendas
La tecnología de la construcción evolucionó, en los años cincuenta del siglo pasado, empujada por la urgencia del tema de la vivienda. Vivimos una alerta parecida. Al ritmo de 100.000 viviendas sociales por año, que son muchas viviendas sociales, tardaremos 20 años en tener el parque que hoy necesitamos. Tampoco sabemos qué modelo de vivienda demandan las nuevas generaciones, ni cual será más eficiente. El Instituto Torroja, una de las joyas de la ingeniería de construcción de nuestro país nació para responder a esa urgencia. La asamblea de la Arquitectura del año 1949 creó un concurso, al estilo de la revista de arquitectura de Londres, para contestar esas preguntas, y la prensa de Madrid y Barcelona del año 1954 se llenó de artículos de los mejores arquitectos de los años 1960 a 1990 con respuestas sobre tamaño, plano guía y edificios más eficientes para resolverlos, y con muebles fáciles de transportar, copiados de las revistas nórdicas. Excepto los muebles para mudanzas ligeras, ninguna respuesta de entonces vale para hoy. Los españoles y las españolas querían, en su gran mayoría, que sus hijos no sufrieran la inseguridad del jornalero, estudiaran en un instituto, obtuvieran un empleo con 16 años, se casaran después de ahorrar para pagar la entrada de un piso y les dietan nietos con los que jugar en la jubilación. Y un cochecito para ir los domingos a la casa de campo, la playa o el monte. Y las vacaciones al pueblo. La tecnología para la generación actual no es comparable, aunque los suecos solucionaron en los años cuarenta y cincuenta muchos de los problemas técnicos de la vivienda actual, empezando por los muebles para estancias no demasiado prolongadas, pero las formas de vida, las familias y las relaciones entre los géneros han cambiado profundamente. En principio, si nos atenemos a la necesidad de vivienda social, los jóvenes no tienen urgencia por crear parejas estables, y las parejas heterosexuales generalmente no tienen más de dos descendientes; hay más familias monoparentales y muchas parejas no cuentan entre sus ambiciones vitales el tener hijo, o hijos; el ama de casa lleva camino de desaparecer, por lo menos entre las personas que viven de un salario; el automóvil ya no es un lujo, y muchas parejas que trabajan ambos, y con ingresos escasos tienen más de un automóvil, aunque solo sea por necesidades del trabajo; las parejas son mucho más inestables, y muchas personas prefieren vivir en su propio hogar, por minúsculo que éste sea. Lo que un estado del bienestar debe garantizar es que toda persona con una edad de emancipación y voluntad de elegir la compañía de su vida cotidiana, incluida la suya propia y singular debe poder permitírselo. Es una garantía de una ciudadanía libre y responsable.
Si algo debemos aprender de nuestra historia, es a no posponer los problemas vitales, si no queremos alimentar el autoritarismo político y las formas modernas del fascismo. Las garantías no pueden ser confundidas con excusas dilatorias; para resolver los problemas hay que ponerse a ello. Si la cuestión de la vivienda es la prioridad de hoy mismo, las universidades, los ministerios de Hacienda, las administraciones de vivienda y urbanismo en todos los escalones administrativos han de atacar cómo hacerlo. Hacienda debe educar a la población sobre las cuentas necesarias para elevar lo que pagan los que más tienen, el objetivo es financiar la construcción de vivienda social; la pedagogía sobre los límites sociales de la riqueza y la propiedad es una obligación para los políticos, pero también para los filósofos y los pedagogos, el suelo de nuestras ciudades es un bien público, y así debe ser considerado por los guardianes de los derechos de propiedad; la vida de cada uno es privativa, pero si depende de todos la garantía de su realización, es un bien público que debe ser protegido. La vivienda es un prerrequisito para la vida privada de las personas adultas, un derecho protegido por la constitución, pero choca con otros, fundamentalmente con la propiedad del suelo urbano. Su solución necesita de financiación pública, choca, por lo tanto, con el derecho a tener el dinero en los bolsillos de la teoría liberal. La tecnología, entre otros, sirve para acortar plazos de ejecución y los jóvenes no esperarán veinte años para alcanzar una solución; mucho menos, las parejas que quieren intimidad, o los hijos de personas adultas, desterrados del hogar por la carestía de la vida tienen derecho a un hogar con las personas que los cuidan. Todos necesitan soluciones urgentes, la rapidez depende de aplicar la tecnología adecuada para edificar, una vez resuelto el problema del suelo y la financiación de la obra. El modo de satisfacer cada soporte de la vivienda dependerá de medidas técnicas, financieras y fiscales, de urbanismo y legislación sobre el suelo, y de ingeniería de la edificación. Y todos ellos de la voluntad política y de la conciencia de los ciudadanos cuando votan.
[1] Ver SOES, Estudios para un Plan Nacional de la Vivienda 1954, “Presidencia del Gobierno”, en Jose Candela Ochotorena (2019) Del Pisito a la Burbuja Inmobiliaria, PUV, UV, Valencia.
[2] Se recomienda releer el capítulo de Santos Juliá, “Madrid Capital de España”, en el libro colectivo de Ringrose y Segura (1994) Madrid, historia de una capital, Alianza edit.
[3] OSH, Obra Sindical del Hogar, institución de los sindicatos verticales franquistas.
[4] En ese año se celebró un Congreso de Arquitectura, donde los jóvenes arquitectos recién licenciados y que marcaron la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX discutieron de vivienda social. Ver J Candela, Del Pisito a la Burbuja inmobiliaria…