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El Consejo de ministros del 21 de mayo ha aprobado un Real Decreto Ley (RDL) para la reforma del subsidio de desempleo que remitirá al Congreso para su convalidación. El RDL recoge el “Acuerdo para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo”, alcanzado en la Mesa del Diálogo Social, que fue firmado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y de Economía Social con las confederaciones sindicales de UGT y CCOO, aunque no lo suscribieron las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME. Este acuerdo se inscribe dentro de los compromisos establecidos por nuestro país con la Unión Europea (EU) en el Componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), sobre nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo. Esta reforma es obligatoria para recibir el cuarto pago de los fondos europeos por un importe de 10.000 millones euros.
Por segunda vez, el Gobierno del PSOE y Sumar intenta reformar el subsidio de desempleo, después de que la primera propuesta decayera en enero de este año en el Congreso con los votos en contra del PP y Vox, y también de Podemos. La actual propuesta de reforma introduce la posibilidad de compatibilizar el subsidio por desempleo con el empleo, aumenta las cuantías de las prestaciones y amplía los colectivos de beneficiarios. Además, se mantiene para los mayores de 52 años la cotización a la Seguridad Social (SS) en el 125% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ya que la pretensión de rebajarlo al 100% del SMI fue lo que provocó el rechazo de Podemos a la primera propuesta, previsiblemente este nuevo RDL tendrá una tramitación parlamentaria favorable.
El Ministerio destaca que las personas beneficiarias del nuevo modelo de las prestaciones asistenciales de la protección por desempleo tendrán un acceso menos complejo y mejor protección que será compatible con el empleo
Las modalidades del subsidio se reducen de las ocho actuales a cuatro, y la reforma aumentará las cuantías del subsidio de desempleo, al que se puede acceder durante un máximo de treinta meses cuando se agota o no se tiene derecho a la prestación contributiva de desempleo. Las personas beneficiarias podrán percibir las siguientes cuantías: los seis primeros meses el 95% IPREM, (570 euros según la referencia actual); los siguientes seis meses el 90% IPREM (540 euros) y el periodo restante el 80% IPREM (480 euros). Estas medidas se extienden a las víctimas de violencia de género y los emigrantes retornados. El denominado Complemento de Apoyo al Empleo permitirá la compatibilidad tanto del subsidio de desempleo como de la prestación contributiva con el trabajo durante un máximo de 180 días.
Se amplían los colectivos que pueden acceder al subsidio de desempleo, actualmente lo perciben más de 750.000 personas. La nueva reforma reconocerá como nuevos beneficiarios a los menores de 45 años sin responsabilidades familiares, siempre que hayan agotado una prestación contributiva de 360 días; a las personas sin familiares a su cargo que hayan cotizado periodos inferiores a seis meses y se amplía la cobertura para las parejas de hecho a la unidad familiar. También se incluye a los trabajadores eventuales del sector agrario, una medida que estaba pendiente desde 2011, cuando se integró el Régimen Especial Agrario (REASS) en el Régimen General de la SS. A su vez se fija la compatibilidad entre los subsidios agrarios de Andalucía y Extremadura con los del Régimen General y se compromete una reducción de las jornadas reales ante la sequía.
La actual propuesta de reforma introduce la posibilidad de compatibilizar el subsidio por desempleo con el empleo, aumenta las cuantías de las prestaciones y amplía los colectivos de beneficiarios
Un cambio de gran relevancia es que el subsidio sea igual para las personas con un contrato a tiempo parcial o uno a tiempo completo, una medida que contribuirá a reducir la brecha de género pues siete de cada diez personas con una jornada parcial son mujeres. También se flexibiliza la prueba de la carencia de rentas y se elimina el mes de espera para reducir la transición a los subsidios sin vacíos en la cobertura en la vida laboral de las personas trabajadoras. Se permite el acceso a prestaciones contributivas para las personas que trabajan de forma transfronteriza en Ceuta y Melilla. La previsión de la entrada en vigor de las medidas del acuerdo es en noviembre de 2024.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social destaca que las personas beneficiarias del nuevo modelo de las prestaciones asistenciales de la protección por desempleo tendrán un acceso menos complejo y mejor protección que será compatible con el empleo. El desacuerdo de CEOE y CEPYME se basa, principalmente, en su consideración de que no se ha producido una verdadera negociación, sino simplemente un proceso consultivo. En cambio, UGT Y CCOO han puesto el valor que la actual propuesta de reforma del subsidio por desempleo es resultado del diálogo social a diferencia de la anterior propuesta que se elaboró fuera de la concertación, a la vez que han resaltado que el acuerdo supondrá mejorar de forma significativa las prestaciones asistenciales por desempleo y facilitará a las personas desempleadas la inserción laboral.
Para CCOO y UGT es necesario eliminar los vacíos de cobertura existentes en el sistema de protección por desempleo y en el Ingreso Mínimo Vital
Para CCOO y UGT es necesario eliminar los vacíos de cobertura existentes en el sistema de protección por desempleo y en el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Para ello se podría recuperar la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular para una Prestación de Ingresos Mínimos promovida por ambos sindicatos en 2015 y respaldada por más 700.000 firmas, tomada en consideración por el Congreso en febrero de 2017. También los dos sindicatos han manifestado que es urgente revalorizar para 2024 el Indicador Público de Efectos Múltiples (IPREM), que es la referencia para determinar las cuantías de los subsidios de desempleo, ya que está congelado este año por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2023. El IPREM también tendría que recuperar la pérdida de su capacidad adquisitiva acumulada desde la crisis financiera por los recortes de las políticas de austeridad.
