martes. 05.03.2024

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha sido investido presidente del Gobierno el pasado 16 noviembre en el Pleno del Congreso de los Diputado, en la primera votación de la sesión de investidura obtuvo el respaldo de un total de 179 votos a favor, mayoría absoluta, con 171 en contra y 0 abstenciones. El candidato del PSOE ha obtenido el apoyo de la mayoría de los grupos de la Cámara (Sumar, PNV, Bildu, ERC, Junts, BNG y Coalición Canaria) tras varios meses de intensas negociaciones con cada uno de los partidos de la mayoría de la investidura que culminaron con los correspondientes acuerdos bilaterales, que en el caso de los partidos independentistas de Cataluña se pactó una amnistía para los encausados por el “procés”.

La mayoría del Congreso frente al riesgo de un Gobierno del PP con Vox, que extendería las medidas reaccionarias que están adoptando en las Comunidades Autónomas (CC.AA.) y ayuntamientos donde gobiernan en coalición, han apoyado la formación de un gobierno de coalición entre PSOE y Sumar, que garantice las mejores condiciones para el avance de los intereses de la mayoría social. Un Gobierno progresista, que como anuncio el presidente del Gobierno tiene como prioridades, entre otras, alcanzar el pleno empleo, aumentar el poder adquisitivo, reducir las listas de espera médicas, revalorizar las pensiones, mejorar el acceso a la vivienda y avanzar en igualdad y cohesión territorial.

La mayoría del Congreso ha apoyado la formación de un gobierno de coalición que garantice las mejores condiciones para el avance de los intereses de la mayoría social

Este nuevo mandato del Gobierno progresista se inicia en una situación de incertidumbre internacional, condicionada por dos guerras simultáneas en Ucrania y Palestina y el anuncio de ajustes fiscales en la Unión Europea (UE) a partir de 2024. Una situación que con un Gobierno de PP y Vox, se volverían a imponer las políticas de austeridad basadas en recortes sociales, privatizaciones de los servicios públicos y contrarreformas laborales y de pensiones. Ante la guerra en Palestina la derecha y la extrema derecha defienden un alineamiento incondicional con Israel ante el genocidio en Palestina, en cambio el Gobierno de PSOE y Sumar continua apoyando a Ucrania junto con la condena del terrorismo de Hamás y de la violencia de Israel y promueve el reconocimiento del estado de Palestina y la ayuda al pueblo palestino.

La acción del Gobierno progresista se asentara en ocho grandes compromisos con la ciudadanía, que el presidente del Gobierno propuso en el debate de su investidura. El primero es alcanzar el pleno empleo y mejorar los derechos laborales en el marco del diálogo social, con el Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, garantizando el 60% del salario medio al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la reducción de jornada a 37,5 horas semanales sin reducción de salario. Completar la transformación del sistema productivo en clave verde y digital. El segundo compromiso es reforzar el estado del bienestar, empezando por el Sistema Nacional de Salud y una educación pública de calidad, con mejores condiciones para el profesorado, más becas y con más financiación para los centros de investigación y una cultura accesible para todos. Junto con revalorización de las pensiones, mejorar la atención a la dependencia y ampliar la cobertura del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

El primer gran compromiso es alcanzar el pleno empleo y mejorar los derechos laborales en el marco del diálogo social

Mejorar el acceso a la vivienda, es la tercera prioridad, mediante el aumento del bono para el alquiler, la creación de una línea de avales que permita cubrir hasta el 20% de la hipoteca y la habilitación de las 183.000 viviendas públicas para alquiler asequible ya comprometidas. Como cuarta prioridad señaló la transición ecológica, triplicar la potencia instalada de autoconsumo para lograr que, a finales de esta década, la mitad de toda la energía consumida en España sea de origen renovable. Impulsar la agricultura ecológica y regenerativa aprobar una Ley de Agricultura Familiar y desplegar una Estrategia Nacional de Alimentación para España. 

La quinta prioridad es la igualdad efectiva y la lucha contra la violencia de género. Para corregir las desigualdades, que persisten, se aprobara una Ley de Representación Paritaria, la ampliación del permiso de paternidad y maternidad a las 20 semanas, la universalización de la educación pública desde los 2 años y la concesión a las familias monoparentales con dos hijos del mismo nivel de protección del que disfrutan las familias numerosas. Impulsar un Pacto de Estado por las personas LGTBI. En cuanto a los abusos sexuales a menores, se reforzará el marco jurídico para que la responsabilidad civil no prescriba y se creará un fondo estatal para el pago de ayudas y compensaciones a las víctimas en línea de la propuesta del Defensor del Pueblo.

Reforzar la cohesión territorial y solidaridad con las CC.AA., la sexta prioridad, para seguir avanzando hacia la descentralización se dedicará la mayoría de los fondos europeos a crear las nuevas industrias y oportunidades fuera de las grandes ciudades. Se mejorarán las infraestructuras ferroviarias y se garantizará el acceso a los servicios públicos básicos de todos los municipios en un radio de menos de 30 minutos. Desarrollar un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice los recursos necesarios, basado en los principios de equidad, autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal, y continuar asumiendo una parte de la deuda de las CC.AA. El avance en el reencuentro con Cataluña, es la séptima prioridad, con el impulso de la convivencia y el perdón no solo para ganar una legislatura de progreso, sino para forjar un futuro de reconciliación y de concordia. 

Ante estas propuestas de progreso y convivencia la respuesta del PP y Vox no es otra que no aceptar los resultados del 23J y cuestionar la democracia

El Gobierno progresista para garantizar la unidad de España apuesta por la vía del diálogo y del entendimiento, en lugar de la imposición y la crispación social. Amnistiar a las personas encausadas en el “procés” puede contribuir a superar la fractura que se abrió en octubre de 2017. Para el Gobierno la amnistía puede o no ser compartida por muchos ciudadanos, cuya opinión respeta, pero es una medida de gracia perfectamente legal y acorde a la Constitución que va ser debatida en el Congreso. La octava prioridad es Europa, con grandes retos como su autonomía estratégica o la ampliación, España ha cobrado un gran protagonismo en la UE, desde antes de ostentar la Presidencia del Consejo de la UE ya había liderado debates importantes como la reforma del mercado eléctrico o la Política Agrícola Común y ahora es un referente en temas como la transición verde y digital o las políticas de migración y asilo. 

Ante estas propuestas de progreso y convivencia la respuesta del PP y Vox no es otra que no aceptar los resultados del 23J, cuestionar la democracia y acosar y señalar a militantes y representantes progresistas. En las movilizaciones desarrolladas contra la ley de amnistía se insulta al presidente del Gobierno, se acusa al Gobierno de dar un golpe de Estado y califican a nuestro país como una dictadura, algo que es completamente inadmisible pues el Gobierno progresista y el presidente del Gobierno son plenamente legítimos y legales pues están avalados por la mayoría expresada en las urnas. Hay sectores de la ultraderecha que han estado más de dos semanas provocando algaradas y disturbios ante la sede central del PSOE y en todo el país se han atacado y vandalizado a más de un centenar de sedes socialistas. Con estas políticas de la mentira, el insulto y el odio se están alimentando los postulados reaccionarios que pueden acabar por minar las bases de la democracia. 

Un Gobierno de la mayoría social