El Acuerdo final de la UE sobre la cuantía, el reparto y las condiciones para acceder a las ayudas encaminadas a frenar los efectos perniciosos de la COVID-19 (en la salud, la economía y la protección social) fue, según todos los analistas, particularmente duro y complejo. En todo caso, la valoración política y mediática que se hizo, y se sigue haciendo de esta medida, es muy positiva en términos cuantitativos (España ha empezado a recibir y repartir una parte del, aproximadamente, 11% del PIB: 140.000 millones de euros) y cualitativos (por primera vez, la UE se ha endeudado para ayudar a los países más afectados por la Pandemia, lo que facilitará el arduo camino hacia la Europa Federal y la Unión fiscal e, incluso, el combate contra los populismos de extrema derecha).
También está resultando particularmente complejo el reparto y la gestión de esa notable cantidad de dinero en nuestro país, lo que nos obligará a alcanzar un mínimo consenso entre los partidos políticos, los gobiernos autonómicos (se han transferido ya 11.000 millones a las Comunidades Autónomos, según fuentes de La Moncloa recogidas por El País), ayuntamientos y los interlocutores sociales. Por eso, en estas circunstancias, ha resultado muy relevante el debate y la aprobación final de los PGE-2022, a pesar de haber sido materialmente imposible un gran Acuerdo presupuestario, ante la actitud montaraz del PP, como algunos bienintencionados proponían. Un partido insensible a la demanda de la gran mayoría de los ciudadanos, incapaz de presentar alternativas constructivas en esta difícil situación y en coqueteo permanente con la ultraderecha, en su afán por golpear y desestabilizar al actual Gobierno.
De los proyectos relevantes que aspiran a ser financiados (en parte) por la UE destacan, sobre todo, la digitalización (cuarta revolución industrial) y la lucha contra el cambio climático (transición energética e impulso al denominado empleo verde). Todo ello al margen de que la izquierda, en las actuales circunstancias, siga reflexionando y debatiendo -a partir de los nuevos efectos de la Pandemia- sobre el crecimiento sostenible de la economía, el empleo y la precariedad, la mejora de los servicios públicos (sanidad y educación), las rentas mínimas de inserción y el reparto del trabajo existente para incorporar a los jóvenes al mercado de trabajo y a una vivienda digna con el propósito de impulsar su desarrollo integral.
La primera revolución industrial significó a grandes rasgos la introducción de la máquina de vapor y del carbón como fuente de energía y suscitó la aparición de dos figuras claramente antagónicas: el capital y el trabajo (sobreexplotado para financiar el creciente y costoso maquinismo). La segunda instauró la división del trabajo y la producción en cadena con el uso de sistemas eléctricos e hidráulicos y la utilización de otros tipos de energía (petróleo, gas y electricidad). Y, la tercera, se distinguió por el uso de la microelectrónica y la tecnología de la información (automatizar la industria), además de por la utilización de la energía nuclear y otras fuentes de energías renovables.
La actual revolución digital (economía del conocimiento) y la comunicación en tiempo real en un mundo globalizado (los grandes datos en diversos formatos se han convertido en un nuevo factor de producción: el llamado petróleo azul del que las empresas obtienen fuertes beneficios y por el momento no tributa), se encaminan a instaurar la fábrica inteligente (robotización), la movilidad y el transporte automatizado y por eso se la considera como la cuarta revolución industrial. Su finalidad última debería ser digitalizar toda la economía, reactivar la política industrial y de servicios y alcanzar un mayor crecimiento sostenible en un mundo globalizado.
Sin embargo, estos principios básicos no están exentos de severos problemas. El primero se refiere a sus efectos sobre el empleo, el trabajo futuro y el control interesado de las personas (abusos contra la libertad y privacidad individual: “capitalismo vigilante”). Según el estudio “Estrategia Digital”, de la Unión de Técnicos y Cuadros (UTC) de UGT, el debate se ha polarizado en torno a dos criterios claramente diferenciados. Unos pronostican, si nadie lo remedia, que la digitalización, a medio y largo plazo, destruirá millones de empleos en el mundo, pondrá fin al trabajo remunerado, aumentará el control de las empresas sobre sus trabajadores, significará el ocaso del modelo social europeo, la total desregulación del mercado de trabajo y, como consecuencia, pondrá fin a las organizaciones sindicales.
La digitalización es ya un hecho tangible que afecta a la industria y a los sistemas productivos, con un gran impacto en millones de trabajadores
En todo caso, la digitalización es ya un hecho tangible que afecta a la industria y a los sistemas productivos, con un gran impacto en millones de trabajadores. También afecta a los servicios y a la movilidad: funcionamiento y dimensión de las ciudades, atención al público a distancia, sector financiero, pequeño comercio, edificios energéticamente sostenibles, coches y camiones eléctricos autónomos (incluso taxis voladores sin conductor) …. Según las estimaciones de diversos analistas, un 43% de los puestos de trabajo en España serán susceptibles de ser automatizados a medio plazo. Por su parte, la OCDE, en su celebrado estudio “Perspectivas de empleo 2017”, estimaba que los puestos de trabajo con un alto riesgo de automatización; es decir, aquellos que tienen una probabilidad de ser automatizados (al menos en un 70%) alcanzarán el 9% del total y, en el caso de España, el 11,7%.
Otros criterios, sin embargo, hacen una valoración más positiva y señalan que la digitalización ofrece nuevas oportunidades desconocidas en la actualidad, donde el trabajador participará junto a las máquinas estableciendo un nuevo modelo económico, con cero costos marginales, que se convertirán en el motor del crecimiento económico y de la creación de empleo. Las oportunidades de crear empleo se establecen en torno a nuevas industrias (robótica, mecatrónica, drones…), industrias de servicios avanzados, nuevas actividades culturales y de ocio e, incluso, en el afloramiento de la economía informal. Tampoco debemos olvidar la aparición de grandes plataformas digitales (Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Uber, Globo, Deliveroo…) que, bajo una presunta economía colaborativa, desarrollan actividades, incluso al margen de la relación laboral, y utilizan nuevas formas de ingeniería fiscal con el propósito de reducir al máximo sus obligaciones tributarias.
En este mismo sentido debemos recordar que, según los datos del Massachusetts Institute of Technology, en su informe The work of future de 2019, la productividad laboral entre 1973 y 2016 aumentó un 75%, pero el retorno económico a los trabajadores sólo alcanzó un 12%. Estos datos están reformulando el axioma de que el aumento de la productividad equivale siempre a más y mejor empleo y confirman que el trabajo está perdiendo centralidad y protagonismo como instrumento de organización económica y distribución de rentas, según se contempla en el informe del Consejo Económico y Social sobre “Digitalización de la Economía”.
A pesar de todo ello, hay analistas que hablan del gran potencial que tiene la digitalización en la creación de empleo. Randstad Research estima que la digitalización y la robotización crearán en los próximos 5 años nada menos que 1.250.000 empleos netos en España, muchos de ellos desconocidos en la actualidad. Lo que beneficiará a los profesionales del Big-Data, Cloud Computer (información en la nube), seguridad informática, mantenimiento de redes, aplicaciones móviles, ingeniería robótica e inteligencia artificial… No es extraño que, en este contexto, la Asociación Española de Robótica haya incorporado en su imagen pública de marca (lógicamente interesada) el lema: Robots ¡Cread Empleo!
Por eso, en la actual situación, los interlocutores sociales adquieran un inusitado protagonismo y, al margen de las decisiones que tome el Gobierno, los sindicatos están comprometidos a exigir que la financiación pública en este campo respete una serie de requisitos elementales: regulación, transparencia y participación de los sindicatos (democracia económica), en claro retroceso desde hace años y con un escaso protagonismo en las reivindicaciones sindicales actuales (ya no se habla de control obrero o de cogestión y mucho menos de autogestión). Los sindicatos y empresarios, además de regular el trabajo a distancia y el teletrabajo, deben abordar a fondo la digitalización de las empresas y de la economía, así como el futuro del trabajo que nos espera. Efectivamente, los sindicatos deben poner en marcha iniciativas relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva, que garanticen una transición justa en estos procesos y, en todo caso, el mantenimiento del empleo con todos los derechos. En este sentido, y como ejemplos significativos de los conflictos de clase suscitados ante la falta de futuro de los jóvenes, debemos recordar el considerable retraso que sufre la reindustrialización de las zonas carboníferas de Asturias y León y las últimas movilizaciones en la Bahía de Cádiz y la comarca de la Mariña (A Coruña) en defensa de un empleo digno y de mejores salarios.
La base de partida debe ser la consolidación de la autonomía sindical, la defensa de la unidad de acción entre los sindicatos, el fortalecimiento de la participación sindical en las empresas y la recuperación de la movilización social. Se pretende con ello mejorar la relación de fuerzas y abordar a fondo la creación de nuevos empleos; la organización del trabajo; la jornada laboral; la contratación; la conciliación de la vida personal, familiar y laboral; el cuidado de la salud en el trabajo (riesgos psicosociales y derecho a la desconexión); la formación continua; las desigualdades sociales (brecha salarial, de género, digital…).
España debe encabezar el impulso a las energías renovables (sobre todo la eólica y solar), al amparo de sus favorables condiciones climatológicas
La lucha contra el cambio climático y la transición del carbón a las nuevas energías renovables es el otro objetivo prioritario de la UE y, por lo tanto, de nuestro país (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima). Por este motivo, España debe encabezar el impulso a las energías renovables (sobre todo la eólica y solar), al amparo de sus favorables condiciones climatológicas. En este marco, la colaboración entre la iniciativa pública y la privada será más necesaria que nunca, respetando siempre los principios de transparencia, eficacia, inversión y cumplimiento de los objetivos marcados.
La reciente crisis económica producida por la COVID-19 ha puesto más en evidencia la necesidad de perseguir estos objetivos. En este sentido, el Gobierno, a través del ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico (Teresa Ribera), dedicado expresamente a esta tarea, cuenta con el impulso y el apoyo de las organizaciones ecologistas representativas (Verdes) para desarrollar las tareas encomendadas. El ascenso de la temperatura media, la subida del nivel del mar, el deshielo ártico, la extensión de la sequía y la contaminación de las ciudades son hechos muy graves a combatir con decisión, inteligencia y financiación adecuada.
Esta política facilitará la reducción de manera sustancial y sostenida de las emisiones de gases de efecto invernadero: instalación de energías limpias, movilidad eléctrica, edificios inteligentes, fomento del transporte público, aviones menos contaminantes… En esta tarea también deben estar presentes los interlocutores sociales y, sobre todo, los sindicatos exigiendo su participación en la toma de las decisiones que correspondan. Una política que debe converger con la digitalización y la exigencia de empezar a cambiar nuestro modelo productivo (excesivamente dependiente del turismo, los servicios, la construcción y la agricultura), modernizar nuestra economía y recuperar así el peso de la industria como demanda la UE y los propios sindicatos (hasta alcanzar el 20% del PIB, con especial incidencia en la España vacía, en la industrialización de la agricultura y en el sector de la restauración y construcción de viviendas). También a dar una mayor dimensión a las plantillas de las pequeñas y medianas empresas y, en definitiva, a mejorar la productividad de sectores y empresas en general. Sin olvidar abordar el florecimiento novedoso de la minería de “tierras raras”, de gran abundancia en el interior de nuestro país, lo que puede convertir a España en una potencia mundial en la producción de estos materiales imprescindibles en la electrificación de coches (construcción de baterías), lo que desde luego pondrá de nuevo a prueba la colaboración pública-privada.
En cualquier caso, los retos enunciados demuestran la envergadura de los problemas pendientes de ser abordados en los próximos meses. Sobre todo, cuando los poderes fácticos siguen poniendo en entredicho el futuro del actual Gobierno y, lo que es más importante, la salida progresista de la crisis: la salud de las personas, el empleo, la protección social de los ciudadanos, la economía digital, el cambio climático, la igualdad de género y una fiscalidad más justa. Efectivamente, nuestro país se encuentra ante un desafío mayúsculo que, además, pondrá a prueba la gestión de la izquierda política (PSOE-UP), de las administraciones públicas y de los interlocutores sociales. Y, sobre todo, la capacidad de movilización de la ciudadanía (rearme social y moral) en defensa de las ideas progresistas encaminadas a superar las desigualdades sociales y a defender a las personas más vulnerables. Razones añadidas para seguir atentos a las políticas que vaya aplicando el Gobierno de coalición recientemente constituido en Alemania.
(Gabriel Moreno, Antonio Sánchez, Juan Sotres, Antón Saracíbar, Ramón Utrera, Javier Velasco, Pedro Espino, Antonina Ramírez)
*Este texto se escribió el 14 de diciembre de 2021, 33 años después de la gran y exitosa Huelga General del 14-D.
