Pedro Vallín en su extraordinario libro C3PO en la Corte del Rey Felipe. La guerra del Estado profundo español contra la democracia liberal realiza una perfecta radiografía de la situación política de España en los últimos años. Y tiene un capítulo De cómo el Consejo General del Poder Jedi condujo la República Galáctica a la tiranía, en el que muestra sin concesiones las miserias de la Justicia española, que utilizaré en parte para la redacción de este artículo.
Los poderes del Estado democrático emanan de forma directa o indirecta del pueblo, configurado como soberanía nacional, luego no pueden ser dinásticos ni autorregulados. Lo establece la Constitución en el artículo 1. 2. «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado». El artículo 117. 1. «La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley».
Una apuesta endogámica, precisamente en un gremio que ya per se adolece de una acusada tendencia a la sucesión dinástica –edulcorada por una retórica meritocrática y por una libre concurrencia formal– y abriendo la puerta a la perpetuación de viejos hábitos de tiempos pasados
El TC ha subrayado que «el sentido democrático que en nuestra Constitución reviste el principio de origen popular del poder obliga a entender que la titularidad de los cargos y oficios públicos sólo es legítima si está referida, de manera mediata o inmediata, a un acto concreto de expresión de la voluntad popular». Toda la emanación de esa legitimidad democrática descansa en el Parlamento: que desempeña como un poder del Estado, el legislativo, pero a la vez, en tanto expresión de la soberanía, es el único órgano institucional capaz de dotar de legitimidad a los otros poderes, el ejecutivo y el judicial. Por ende, el ejecutivo y el judicial reciben de las Cortes Generales el plácet para ejercer su potestad pues no hay otra emanación democrática posible. Los poderes son independientes en su ejercicio, son autónomos unos de otros en su arbitrio para actuar, pero no lo son en origen. Solo el Parlamento, como expresión del voto popular, puede conferirles legitimidad.
Este precepto es cuestionado por determinados jueces del CGPJ, del TS y del TC con el apoyo mediático y político, al considerar que la separación de poderes de Montesquieu habilita a que el poder judicial se convierta en un ente autónomo, colegiado, autorregulado, con capacidad de elección de sus órganos de gobierno entre sus propios miembros, al margen de la legitimidad democrática.
Es decir, que uno de los poderes del Estado democrático recaiga en una casta profesional que lo administre sin contar con revisión de legitimidad. Una apuesta endogámica, precisamente en un gremio que ya per se adolece de una acusada tendencia a la sucesión dinástica –edulcorada por una retórica meritocrática y por una libre concurrencia formal– y abriendo la puerta a la perpetuación de viejos hábitos de tiempos pasados.
Para corregirlos, según Pedro Vallín, la existencia del CGPJ es una creación democrática para controlar a la Justicia franquista. Como no se expurgaron las salas de justicia de los leales servidores de la dictadura, lo que ideó el legislador constituyente fue un órgano emanado de la soberanía –o sea, de las Cortes– que controlara al poder judicial, incluso a sus más altos tribunales, disponiendo de capacidades de nombramiento y sancionadora. Es decir, el CGPJ existe precisamente para evitar que el Judicial se constituya en un poder autónomo y formado por una casta que puede desentenderse del sentir democrático expresado en las urnas.
Por eso resulta una idea antidemocrática la pretensión de que el CGPJ se emancipe de la tutela del Parlamento para autorregularse.
El CGPJ, de mandato extinto, incumpliendo la legislación, atrincherado a instancias del PP, ha llegado a dirigirse al Parlamento con la exigencia de dar el visto bueno a los posibles proyectos de ley que afecten a su funcionamiento. Es decir, exigiendo su propia autorregulación. Organizaciones sindicales de jueces han denunciado ante las instituciones de la Unión Europea que el Parlamento español tenga la pretensión de legislar sobre ellos.
Además, estupefactos contemplamos una auténtica conjura por un grupo de vocales conservadores del CGPJ para dilatar la renovación del TC, incumpliendo la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada en el Parlamento el 27 de julio
Es decir, que quieren negar al Parlamento su competencia legislativa. ¿Cabe mayor disparate jurídico-político? Entre tanto, el CGPJ ha seguido con nombramientos, la mayoría vitalicios e irrevocables, muchos con claras connotaciones dinásticas y endogámicas, afianzando una concepción muy conservadora de la justicia, que se plasma en la práctica del lawfare, a determinadas fuerzas políticas, como Unidas Podemos e independentistas catalanes y, en cambio, en una gran laxitud y permisividad con otras, como el PP o Vox.
Además, estupefactos contemplamos una auténtica conjura por un grupo de vocales conservadores del CGPJ para dilatar la renovación del TC, incumpliendo la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada en el Parlamento el 27 de julio para renovar los miembros del TC que le corresponden al Consejo antes del 13 de septiembre. No hay precedentes en esta democracia de un obstruccionismo ilegal e irresponsable como este y que sumerge al CGPJ en un desprestigio corrosivo e inédito, y muy difícil de reparar. Es inasumible civil, moral y políticamente que quienes tienen sus funciones la aplicación de la ley la ignoren cuando les afecta. ¡Qué ejemplaridad! El daño institucional a nuestra democracia es incuestionable.
Podemos llegar a entender el boicot desde el PP a la renovación del CGPJ y el TC con una serie documentos, que hace ya tiempo son conocidos y que Jesús Cintora refleja en su reciente libro No quieren que lo sepas. Realmente sobrecogen por el nivel alcanzado de podredumbre de nuestra política, como consecuencia de la politización de la justicia. Dan ganas de abandonar el interés por la política y dedicarte a otra cosa, para no desquiciarte. Ahí van algunas pruebas de ello. Cada uno puede sacar sus conclusiones. De verdad, estremecen.
Palabras de Fernández Díaz, ministro del Interior y el director de una Oficina Antifraude, De Alfonso, poniendo de manifiesto los tejemanejes con la Fiscalía. Fernández Díaz quería investigaciones sobre los líderes independentistas en los medios. Daniel de Alfonso reconocía que no tenía nada sólido.
De Alfonso: Es que ahora no lo tengo cerrado, ni asignado…
Fernández Díaz: Esto la Fiscalía te lo afina, hacemos una gestión…
De Alfonso: Si la Fiscalía me dice, oye lo he leído, yo entonces cierro los informes, los tengo hechos ya…En tres semanas…
Fernández Díaz: Es un torpedo bajo la línea de flotación, eso te lo aseguro, en estos momentos…pero que sea la semana que viene…
Conversación entre Ignacio González a Eduardo Zaplana:
Ignacio González: «Vamos a ver, Eduardo. Tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia, no sé qué tal…Y escucha, tenemos un juez provisional… Tú lo asciendes… Yo le digo, a ver, venga usted p'acá. ¿Cuál es la plaza que le toca? Onteniente, a tomar por el culo a Onteniente, y aquí que venga el titular, que ya me apañaré con el titular, coño…»
El juez provisional era Eloy Velasco. No iba mal encaminado González, porque volvió el juez Manuel García Castellón. Supimos después de esta conversación que García Castellón pidió su regreso al juzgado de Velasco.
Ignacio González: Yo le llamo a este y le digo, oye ven aquí, el titular aquí, y a este… a tomar por el culo. Pero, ¿qué te cuesta eso? Y a este tío lo pones a escarbar cebollino, joder, y ya está…
García Castellón tomó después la decisión de autorizar la salida de la cárcel de Ignacio González, en noviembre de 2017. Ignacio González había solicitado en varias ocasiones su excarcelación y, finalmente, la consiguió cuando García Castellón consideró que el riesgo de fuga y de reincidencia habían desaparecido.
Esta situación de la justicia está pudriendo nuestra democracia a unos niveles insoportables
Con estos textos extraídos del libro de Cintora cualquier ciudadano español, a no ser que esté aquejado de algún prejuicio, puede llegar a entender el boicot del PP a la renovación del CGPJ y del TC. Le interesa una justicia militante, una justicia de parte. Y lo estamos viendo ahora mismo.
Un juez ha acordado la apertura de una causa para investigar al fundador de Podemos Juan Carlos Monedero por presuntos delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental después de haber fracasado en la causa secreta y “prospectiva” por la supuesta financiación irregular de la formación, en la que también persiguió judicialmente al político y otros fundadores de Podemos sin siquiera atribuirles la condición de imputados.
Y el mismo juez rechaza la petición que le había formulado Anticorrupción de que volviera a citar como investigada a Cospedal a la luz de los audios publicados en los últimos meses. “Oye, y la famosa libretita, ¿tú crees que la sacarán. Y Villarejo responde: "Ya, pero a mí la famosa libretita que él dice que tal, él lo que me ha dicho es que tiene fotocopia de algunas hojas que el otro le ha enseñado, que no se las ha llegado a dar, el abogado. O sea, que lo de la libretita no la tiene físicamente, ¿eh?".¿Y qué decir de la actuación de la Justicia sobre las actuaciones ejemplares del Emérito? Aunque aquí también han sido responsables, la Agencia Tributaria, la mayoría de los medios y de la clase política.
Esta situación de la justicia está pudriendo nuestra democracia a unos niveles insoportables. Pero si alguien tiene la osadía, entre los que me encuentro yo también, de afirmar que no disfrutamos de una democracia plena, puede verse sometido a ataques furibundos. Pero la realidad es la que es. Todo tiene un porqué.
En un artículo Franco y el Tribunal Supremo de 15 de julio de 2019 Ángel García Fontanet, que fue magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña: “El Poder Judicial, para muchos, no ha sido objeto de una auténtica democratización. Es lamentable que demasiados jueces “progresistas” se han dedicado más a cultivar sus propias carreras que a la tan necesaria reforma democrática de la justicia. Aunque no es una tarea fácil, como ha sucedido en otras instituciones públicas y privadas. El Poder Judicial, a veces, parece empeñado en dar las razones a los autores de tales reproches”.
Hace 111 años, ya ha llovido, Manuel Azaña pronunció un discurso en la Casa del Pueblo de Alcalá de Henares titulado “El problema español”. Al leer algunas de sus reflexiones podemos comprobar que son plenamente aplicables a los momentos actuales. En el discurso susodicho, Azaña apela al pueblo español para que reaccione y salga del sopor en el que parece haber caído: “Además nos impulsa otro sentimiento: nos impulsa la indignación. ¿Vosotros no la sentís? ¿Vamos a consentir siempre que la púrpura cuelgue de hombros infames? ¿Vamos a consentir que la inmensa manada de los vividores, de los advenedizos manchados de cieno usurpe la representación de un pueblo y lo destroce para saciar su codicia?
Termino con una pregunta, ¿en la España actual proliferan manadas semejantes?
