Financiación autonómica y bien común: un diálogo necesario con Coscubiela y Torrens

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Hace pocos días, dos firmas profundamente respetadas por quien escribe, Joan Coscubiela (en Agenda Pública) (2) y Lluís Torrens (en Sin Permiso) (3), publicaron sendos artículos sobre un tema asaz candente: la propuesta de nueva financiación autonómica, avalada por el reciente pacto entre el PSC y ERC. Vaya por delante que considero la lectura de ambos textos imprescindible, no solo por la calidad intelectual de sus argumentos, sino por la motivación que siempre ha guiado a sus autores: un progresismo sincero cuyo objetivo último es el bien común.

Es precisamente esa búsqueda compartida del bien común la que me invita a realizar una lectura atenta y crítica de sus postulados. Porque, si bien compartimos el destino, creo necesario matizar —y en algunos puntos, contraponer— ciertos argumentos para evitar que, en el intento de solucionar una disfunción territorial, acabemos dañando la caja común de la solidaridad.

Tanto Coscubiela como Torrens abordan el espinoso concepto de la "ordinalidad". Coscubiela señala, acertadamente, que sobre este concepto se ha levantado un "debate tramposo". Sin embargo, su defensa de que "el que aporta no quede por debajo en recursos per cápita del que recibe" tras la nivelación, apelando a la sentencia del Tribunal Supremo Alemán de 1999, requiere una precisión quirúrgica.

Como he desgranado en mis análisis sobre La falacia de la ordinalidad, es vital recordar que aquella sentencia alemana no imponía un mantenimiento estricto del ranking (ordinalidad). Lo que el fallo solicitaba era mesura para evitar una nivelación confiscatoria; prohibía que un Land rico quedara en peor situación que uno pobre de tal manera que se pervirtieran los incentivos económicos. No existe en el constitucionalismo comparado (ni en Alemania, ni en las federaciones maduras como Canadá o Australia) un "derecho al estatus" o a mantener las distancias relativas.

El verdadero factor distorsionador en España no es que Madrid o Cataluña pierdan posiciones relativas —algo habitual en sistemas progresivos—, sino la anomalía valenciana: que una comunidad como Cantabria alcance un índice de financiación del 126% mientras la Comunitat Valenciana se hunde en el 94%. Esa es la injusticia a reparar, no la garantía de que el rico siga siendo igual de rico en términos relativos tras la redistribución.

Cifras, soberanía y la trampa del déficit fiscal

Lluís Torrens sitúa el déficit fiscal neutralizado de Cataluña entre el 5% y el 8% del PIB (2.100 - 3.100 €/habitante). Sin embargo, para un diagnóstico preciso, y acudiendo al déficit neutralizado (descontando el efecto del ciclo económico y el endeudamiento central) bajo el método de Incidencia Carga-Beneficio (el más aceptado para medir equidad y bienestar), otros cálculos lo sitúan de forma más realista entre el 4% y el 6% del PIB (1.500 - 1.800 €/habitante).

Las cifras importan, pero más importa el concepto. Torrens habla de una "renuncia a la soberanía fiscal". Aquí reside un riesgo sistémico: que la "hiperactividad propositiva" catalana frente al "absentismo" estatal (hiperactividad y absentismo muy acertadamente señalado por Coscubiela) no nos conduzca a una federalización real, sino a una suerte de confederalismo o bilateralidad estanca. El riesgo del pacto PSC-ERC de 2024 es que, bajo la etiqueta de una "singularidad generalizable", acabemos en una disputa "a cara de perro" por los recursos, rompiendo la caja única de la solidaridad en lugar de reforzarla.

La evidencia comparada (como muestra el estudio del IMK de 2014 sobre Alemania) (4) nos enseña que la convergencia entre regiones ricas y pobres avanza más rápido cuando existen mecanismos de solidaridad robustos, no cuando se fragmenta la soberanía fiscal.

Una propuesta estructural: Desacoplar Gasto e Inversión

Para salir de este bucle, propongo superar el debate de la ordinalidad mediante una distinción técnica y ética fundamental, que Torrens de alguna manera expone en su artículo up supra, en el apartado “El problema no es la solidaridad, sino su diseño”, que a menudo se obvia: la separación entre Gasto e Inversión.

1. El Gasto (Derechos Subjetivos): La financiación de los servicios fundamentales (sanidad, educación, pensiones, dependencia, ¿en un futuro vivienda?) debe ser un derecho subjetivo e inalienable de cada ciudadano español. Por tanto, la transferencia debe ser incondicionada y estrictamente igualitaria per cápita (una vez ajustada la población por necesidades reales). Aquí no cabe ordinalidad, sino igualdad radical: un ciudadano, un importe.
2. La Inversión (Objetivos de Convergencia): A diferencia del gasto corriente, la inversión territorializada sí debe estar condicionada. No debe regirse por derechos históricos ni agravios, sino por metas medibles y objetivables. El objetivo de la inversión en comunidades con menor renta debe ser crear tejido industrial y aumentar su capacidad fiscal propia para, a largo plazo, reducir su necesidad de subsidio.

La realidad, expuesta con lucidez por Lluís Torrens, es que el actual modelo de solidaridad ha fallado en su promesa principal: la convergencia. Décadas de transferencias masivas no han logrado que las regiones receptoras se acerquen significativamente a las aportadoras en capacidad económica. Por ello, la izquierda no debe defender la 'solidaridad' actual como un dogma intocable, sino exigir un cambio de arquitectura. La inversión condicionada a resultados no es un castigo, sino la única vía para corregir esa anomalía y lograr que la solidaridad deje de ser un subsidio crónico para convertirse en una palanca de desarrollo real.

Es cierto, como dice Torrens, que "no existe una deuda histórica del norte con el sur". Pero no es menos cierto que existe un superávit comercial de Cataluña, históricamente explicable, respecto al resto de España que drena rentas hacia esa comunidad. Invertir inteligentemente en el desarrollo del resto de España no es caridad, es una estrategia económica racional: si el "Sur" mejora su capacidad económica, el superávit comercial catalán podría disminuir, sí, pero también disminuiría la necesidad de transferencias fiscales. Es un juego de suma positiva.

Hacia un federalismo cooperativo ("Marble Cake")

Coincido plenamente con Joan Coscubiela en la necesidad de armonización fiscal para evitar el dumping (el caso de Madrid es paradigmático). Pero debemos ir más allá. Armonizar implica también que toda transferencia, ya sea para gasto o inversión, esté sujeta a auditoría y fiscalización federal.

Como bien apunta Coscubiela, el debate es tramposo si nos limitamos a pelear por las porciones de la tarta olvidando el tamaño de la misma. No podemos exigir una financiación robusta para las CCAA mientras permitimos una competencia a la baja que deja al Estado famélico. La solución técnica para ese marble cake federal podría residir en la figura de los Consorcios Tributarios compartidos; no como un paso hacia la ruptura de la Caja Única, sino como el instrumento definitivo de corresponsabilidad en la gestión, donde Estado y Autonomías compartan información, recaudación y lucha contra el fraude (especialmente en impuestos como el IVA), superando la dialéctica de 'cajas estancas'.

Debemos huir de un modelo federal "dual" o de capas separadas (layer cake), donde cada uno se atrinchera en su competencia, para avanzar hacia un federalismo cooperativo (marble cake), como el australiano (5), donde las responsabilidades se comparten y se coordinan verticalmente.

Reconocer el error histórico de la Administración Central al no liderar la federalización no debe darnos carta blanca para desguazar los mecanismos de redistribución bajo premisas de "soberanía fiscal" u "ordinalidad" mal entendida. El fin no justifica los medios, porque unos medios equivocados pueden distorsionar el fin hasta hacerlo irreconocible.

La solución no pasa por blindar privilegios territoriales ni por cronificar la dependencia, sino por garantizar la igualdad en el acceso a los servicios (gastos) y exigir eficiencia y retorno en el desarrollo económico (inversión). Solo así, con rigor y sin trampas al solitario, construiremos una financiación que sirva verdaderamente al inalienable derecho del bien común de toda la ciudadanía.