Como todos los años, en el mes de septiembre dará comienzo el nuevo curso político que, en las actuales circunstancias, está llamado a tratar asuntos de verdadera importancia derivados de nuestro posicionamiento en relación con la agresión y guerra de Ucrania, el aumento de las tensiones entre EEUU y China, el incremento considerable del precio de los productos energéticos y de las materias primas y, como consecuencia, el severo aumento de la inflación que, no lo olvidemos, condicionarán el debate y la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE-2023).
Todo ello, al margen de la celebración de las elecciones en los ayuntamientos y en algunas comunidades autónomas (CCAA), a celebrar en el mes de mayo, y del cierre de la legislatura con las previstas elecciones generales para el mes de diciembre del próximo año.
Efectivamente, la última remodelación de parte de la cúpula del PSOE y de la portavocía de su grupo parlamentario, así como las recientes medidas de recorte energético del Gobierno, las fuertes incertidumbres económicas generadas por la invasión de Ucrania y la política de sanciones (algunos países están revisando sus previsiones económicas a la baja e, incluso, varios países han entrado en recesión técnica) y el comienzo del debate presupuestario darán paso a la última parte de la actual etapa presidida por la pandemia y cargada de hechos singularmente importantes y significativos (prueba de ello es que se han aprobado en torno a 155 iniciativas legislativas en lo que va de mandato).
Atrás ha quedado el debate sobre la constitución del Gobierno de coalición (estéril por la falta de alternativas con la fragmentación política y la actual relación de fuerzas), la presencia de Unidas Podemos (UP) en el Gobierno, la nefasta etapa de Pablo Casado al frente del PP y, finalmente, la salida del vicepresidente Pablo Iglesias del Gobierno del Estado.
En este contexto político, el PP arranca el curso con las encuestas favorables después de los excelentes resultados obtenidos en las elecciones de Andalucía. Sin embargo, Núñez Feijóo no acaba de perfilar un relato convincente, creíble y “centrado” ante la imperiosa necesidad de frenar las embestidas y ocurrencias de Díaz Ayuso y la fuerza amenazante de VOX.
Su reiterada actitud negativa ante la obligada renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sus declaraciones catastrofistas y contradictorias en relación con los notables datos anuales de desempleo y de temporalidad de nuestro mercado de trabajo, el positivo incremento del PIB, así como su negativa a ultranza a suscribir las iniciativas del Gobierno, en relación con la reducción del consumo de materias primas (“ahorro energético”), demuestran su creciente interés carroñero por magnificar el descontento social, su falta de liderazgo y una escasa visión de Estado.
Un discurso alimentado de manera repugnante y torticera por algunos medios de comunicación (“caverna mediática”), interesados en silenciar y desacreditar los importantes logros alcanzados por el actual Gobierno, en un contexto político y económico extremadamente difícil, utilizando para ello, incluso, bulos y falsas noticias.
Por su parte, Ciudadanos se prepara para una desaparición digna como partido político en el actual mapa electoral. Los resultados de Andalucía y las últimas encuestas así lo confirman ante la huida de sus electores al PP, VOX y, en menor medida, al PSOE. Por su parte, todo indica que VOX ha tocado techo después del fiasco relacionado con las expectativas electorales de Macarena Olona en Andalucía y su abandono de la política. Por supuesto, la mayoría de los electores no acaban de asumir un relato periclitado, montaraz y al margen de la realidad social, a pesar de la fuerte presencia de la ultraderecha en algunos países europeos.
En el espacio de la izquierda, Yolanda Díaz se afana en “Sumar” apoyos de cara a las elecciones generales. No lo tendrá nada fácil, en UP existen serias diferencias internas, incluso podría desaparecer. Por su parte, el Partido Comunista (PC) ha salido muy dividido de su último congreso, lo que afectará también a Izquierda Unida (IU), aunque esta formación política se presenta como la principal valedora de la iniciativa de Yolanda Díaz; por otra parte, sería poco presentable que ésta marginara a UP o que esta última formación política boicoteara su proyecto y, desde luego, que IU y UP se presenten por separado a las elecciones municipales y autonómicas. En cualquier caso, la experiencia determina que es muy complicado construir un partido o una coalición de partidos en tan poco tiempo.
Por lo tanto, no es extraño que se multipliquen las preguntas de muchos ciudadanos exigiendo respuestas concretas en este proceso: políticas a seguir en el contexto internacional (UE, invasión de Ucrania y presencia en la OTAN), en el debate territorial (Cataluña y País Vasco), en relación al déficit y a la deuda pública, así como en la protección social (pensiones, desempleo, dependencia e ingreso mínimo vital), los servicios públicos, la reforma fiscal (basada en la eficiencia y la progresividad), el cambio climático, su posición ante el ideario socialdemócrata… y, finalmente, sobre un modelo de partido capaz de impulsar la participación de los militantes y el debate democrático, tanto en la toma de decisiones como en la elección de dirigentes y candidatos.
Por su parte, el PSOE se encuentra en una verdadera encrucijada, a pesar de haber ganado holgadamente Pedro Sánchez (en términos dialécticos) el debate sobre el Estado de la nación.
Por eso, es exigible una mayor participación de los militantes en el debate político dada su escasa presencia activa, incluso en campañas electorales. Los últimos cambios orgánicos del PSOE llevados a cabo por Pedro Sánchez han sido inapropiados para resolver esta importante carencia y están llamados a ser muy poco eficaces, a no ser que lo que se pretenda sea fortalecer el control del partido desde la Moncloa
Desde luego, los logros del Gobierno (PSOE y UP) resultan evidentes en muchas materias y se pueden considerar positivos, al margen de los errores cometidos y la falta de debate con sus socios y apoyos en algunas facetas (por ejemplo, el asunto del Sáhara), así como la falta de empatía y de comunicación con los ciudadanos a la hora de poner en valor sus políticas. Sin embargo, no debemos olvidar que la política gubernamental se ha hecho a costa del PSOE como partido político.
Se puede manifestar, en la actualidad, que el PSOE no está realmente presente en el tejido social ni en las organizaciones que lo componen. La actividad en las agrupaciones territoriales es prácticamente nula y, por lo tanto, su relación con los ayuntamientos y sindicatos brilla por su ausencia y carece de la significación y relevancia necesarias (la experiencia en las últimas elecciones andaluzas es particularmente significativa).
Por eso, es exigible una mayor participación de los militantes en el debate político dada su escasa presencia activa, incluso en campañas electorales. Los últimos cambios orgánicos del PSOE llevados a cabo por Pedro Sánchez han sido inapropiados para resolver esta importante carencia y están llamados a ser muy poco eficaces, a no ser que lo que se pretenda sea fortalecer el control del partido desde la Moncloa.
No es creíble que la ministra de Hacienda pueda desarrollar con éxito (al margen de su competencia y valía) la tarea que le corresponde como nueva vicesecretaria general del partido (“incompatibilidad práctica de cargos”). Lo mismo podemos manifestar de la ministra de Educación como portavoz del PSOE. Incluso, se han producido últimamente algunos nombramientos que recuerdan a las “puertas giratorias” fuertemente rechazadas por los militantes y la mayoría de los electores.
Por su parte, el Gobierno de coalición debe aparcar sus desavenencias internas y aceptar, de una vez por todas, que el PSOE y UP están condenados a entenderse (sin coalición no hay gobierno de izquierdas), con el agravante de que los electores no comprenden las frecuentes disputas que se producen.
El acuerdo de gobierno entre el PSOE y UP está para cumplirse y ello exige seguir defendiendo una política marcadamente progresista: profundizar la libertad y la democracia, fortalecer y desarrollar aún más las políticas de empleo, la protección social, los servicios públicos, la fiscalidad acordada, combatir el cambio climático y la sequía en la España vacía…
Este último asunto representa un reto mayúsculo para la UE y, particularmente, para España. Las recientes olas de calor han puesto nuevamente de manifiesto la urgencia de luchar contra el cambio climático y de emprender una acción decidida para conseguir una transición justa del carbón a las energías renovables. Por eso, España debe encabezar el impulso hacia dichas energías (sobre todo eólica y solar), al amparo de sus favorables condiciones climatológicas.
El concepto de “clase media trabajadora” (o es clase media o es clase trabajadora) utilizado por el presidente del Gobierno es equívoco, artificial y muy poco riguroso con las políticas que se pretenden defender desde la izquierda en el actual contexto político
Debemos recordar que el ascenso de las temperaturas medias, el deshielo ártico, la subida del nivel del mar, la extensión de la sequía y la contaminación de las ciudades son hechos muy graves que debemos combatir con inteligencia y con la participación de los interlocutores sociales y de las organizaciones ecologistas, además de contar con una financiación pública y privada transparente, adecuada y alejada de la voracidad de las empresas multinacionales. No debemos olvidar que esta política será decisiva para reducir de manera sostenida las emisiones de gas de efecto invernadero: instalación de energías limpias, movilidad eléctrica, edificios inteligentes, transporte público, aviones menos contaminantes… Estas nuevas realidades políticas, económicas y sociales condicionarán y obligarán, aún más si cabe, a acelerar el imprescindible cambio estructural de nuestro modelo productivo.
En todo caso, PSOE y UP no deben basar su política en las encuestas ni abusar del marketing político y de las políticas de cartón piedra. Deben impulsar políticas que conecten con la mayoría de los ciudadanos desde planteamientos de izquierda, y sólo desde la izquierda se debe aspirar a ocupar el mayor espacio electoral posible hacia el centro político. El concepto de “clase media trabajadora” (o es clase media o es clase trabajadora) utilizado por el presidente del Gobierno es equívoco, artificial y muy poco riguroso con las políticas que se pretenden defender desde la izquierda en el actual contexto político.
Por último, el Gobierno debe evitar cometer nuevos errores y mantener, sin ningún tipo de concesiones, sus compromisos con la mayoría social, sin que ello signifique olvidar los efectos negativos del aumento de la inflación y tampoco, en perspectiva, la necesaria consolidación fiscal (118% del PIB de deuda pública y un déficit estructural del 4,5%), ante un posible incremento de la prima de riesgo ante el alza de los tipos de interés del BCE.
El reto resulta mayúsculo, lo que justifica y exige potenciar las medidas encaminadas a profundizar en la democracia, la libertad y la defensa de los más vulnerables; en definitiva, practicar la justicia social y luchar contra la desigualdad, la pobreza, la exclusión social, la intolerancia, la mediocridad, el catastrofismo y el populismo reaccionario de las derechas.
A pesar de las muchas dificultades, la movilización y el trabajo riguroso y militante, dentro de las organizaciones de izquierda, está llamado a conseguir que los electores terminen por asumir con determinación y reforzada ilusión estas políticas, en detrimento de las actitudes reaccionarias y negacionistas del PP (“no sistemáticamente a todo”) que, si nadie lo remedia, nos conducirán a la regresión, al retroceso y a la mediocridad. Estaremos atentos a lo que nos vaya deparando el nuevo y decisivo curso político.
Gabriel Moreno, Antonio Sánchez, Nina Ramírez, Antón Saracíbar, Javier Velasco, Ramón Utrera, Pedro Espino, Juan Sotres
