Tras el tumultuoso relevo de Pablo Casado al frente del derechista Partido Popular (PP) por el gallego Alberto Núñez Feijóo, conocido por sus años de amistad con el narcotraficante Marcial Dorado, el partido está con ánimos para festejar.
En las encuestas está por delante del partido gobernante, el PSOE, por primera vez en años, actualmente en torno al 5%. Y su líder, Feijóo, ya está preparando el relevo del Gobierno de izquierdas, aunque queda un ratito hasta las próximas elecciones en noviembre de 2023. También se puede ver este cambio de ánimo del electorado de forma positiva: El partido fascista Vox ha retrocedido en las encuestas.
Algunos de los nostálgicos del franquismo entre los votantes españoles han vuelto a su casa política, es decir, al partido de derechas fundado por el ministro franquista Manuel Fraga Iribarne tras el fin de la dictadura.
El hecho de que el nuevo líder Feijóo haya brillado hasta ahora más bien por su bochornosa incompetencia no le quita el triunfo. Por ejemplo, en su primer cara a cara en el Senado, la segunda cámara del parlamento español, acusó al gobierno de una inminente bancarrota estatal: 250 puntos de prima de riesgo, es decir, un 2,5 por ciento de interés más de costes en los bonos del Estado (en comparación con Alemania). Al hacerlo, había confundido la prima de riesgo, que está en torno al uno por ciento, con los tipos de interés de los préstamos en España.
Su anuncio de pasar de los insultos al gobierno, el estilo de su predecesor, a desempeñar un papel de oposición estatista se ha desvanecido en el aire. Un problema principal del escandaloso estado de la judicatura española ha sido la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano supremo de supervisión del aparato judicial, pendiente desde hace más de tres años y medio.
Y ello a pesar de las reiteradas amonestaciones de la Comisión Europea para que se ponga fin a esta situación inconstitucional. El partido de derechas PP bloquea esta renovación, ya que la composición actual se remonta a la época de su mayoría absoluta y, por tanto, le resulta ventajosa. La urgencia de que el CGPJ ejerza su función de control quedó patente el pasado mes de noviembre.
En ese momento, el abogado Eduardo Martín Duarte había presentado una denuncia ante el CGPJ, basada en unas grabaciones telefónicas del banquero italiano Andrea Orcel, que permiten adivinar lo que son las "cloacas judiciales" en España. Ejemplo: Ana Patricia Botín, heredera y jefa del Banco Santander, se jacta allí de que su banco sólo perdería juicios si quisiera. No se ha vuelto a saber de esta denuncia.
Documento firmado, perdido, no reconocido
Bajo una presión creciente, especialmente de la UE, la entonces dirección del PP de Pablo Casado en octubre de 2021 había firmado finalmente un acuerdo con el Gobierno sobre las modalidades de una renovación del CGPJ. Cuando el Gobierno exigió ahora que este acuerdo fuera aprobado por el Parlamento, Feijóo en un principio negó su existencia.
Al parecer, el relevo de la antigua dirección del partido había sido tan caótico que el documento se había perdido. Cuando el Gobierno por fin publicó el documento, Feijóo hizo saber que ya no se considera sujeto a este acuerdo.
Crisis Energética
El último y más reciente ejemplo de la insistencia de la derecha española en la guerra total contra el gobierno es la crisis energética. La ministra de Transición Ecológica y reto demográfico, Teresa Ribera, se opuso con éxito, junto con Portugal, alegando la condición de "isla energética" de los dos países, al "dictado“ de Bruselas anunciado por Ursula Von der Leyen de recortar el consumo de gas un 15%.
El resultado: un compromiso voluntario de sólo un 7% de ahorro. Las medidas que se pusieron en marcha inmediatamente (aire acondicionado a 27 grados, apagar la iluminación de los escaparates y edificios públicos a partir de las 22 horas, etc.) funcionaron: más de un 8% menos de consumo eléctrico en las primeras semanas.
Ahora al paquete de medidas, ampliado entretanto, le tocó ser aprobado por el Congreso español como ley, incluyendo un abono gratuito para el transporte ferroviario al trabajo y un alivio para las familias enfrentadas con el aumento de los costes energéticos, mediante más becas para sus hijos que estudian, financiadas con un impuesto sobre el „exceso de beneficios" de las empresas energéticas.
Hay que recordar que España ha reducido los precios de la electricidad para los consumidores en un 20% al limitar el precio del gas para la generación de electricidad a 50 euros por megavatio hora. El precio medio es actualmente de 18,7 céntimos por kilovatio hora, en Alemania de 39,9.
De hecho, cabe preguntarse por el sentido de las medidas de ahorro en España para Europa, ya que España ni siquiera dispone de los gasoductos para enviar el gas ahorrado a sus vecinos de la UE: principalmente, por tanto, un acto simbólico de solidaridad.
Feijóo había propuesto medidas de ahorro similares hasta hace poco. Entonces reapareció en escena Isabel Díaz, la "estrella fugaz" del PP del año pasado y jefa de gobierno en la Comunidad de Madrid, que se había mantenido temporalmente en un segundo plano. En el punto álgido de la pandemia, Ayuso había luchado por el derecho a infectarse en cafés y bares, para ella un elemento clave de la libertad. Ahora lucha contra el apagado de la iluminación de escaparates y edificios públicos bajo el lema: "contra un Madrid apagado y triste". Consecuencia: Feijóo hizo votar „no“ a las medidas en el parlamento, que no obstante fueron aprobadas con los votos de los partidos que apoyan al gobierno. No es de esperar que todo esto afecte a sus resultados en las próximas encuestas.
Publicado el 26.8.2022 en Freitag, traducción por el autor para Nueva Tribuna
