El Ministerio de Defensa ha aprobado una bonificación al personal militar del Hospital Gómez Ulla por su trabajo durante la pandemia que quintuplica la recibida por el los civiles sanitarios. Según denuncia CCOO de Madrid los 300 profesionales del estamento militar que prestaron servicio en la Covid han sido gratificados con unos 2.000 euros de media, mientras que el resto de personal, 1.500 trabajadores, ha recibido en torno a los 400 euros, una clara “discriminación”, a juicio del sindicato, que reclama que sea revisado “de inmediato” este reconocimiento.
El Gómez Ulla es un hospital gestionado por el Ministerio de Defensa que, en base a un convenio con el SERMAS (Servicio Madrileño de Salud) da cobertura asistencial a más de 100.000 vecinos de la Comunidad de Madrid. El régimen estatutario que rige a estos profesionales, ya sean civiles o militares, no depende por tanto del Gobierno regional.
El periodo objeto de valoración para dichas bonificaciones comprende desde el 14 de marzo de 2020, día en el que se decretó el estado de alarma, hasta el 15 de marzo de 2022. Defensa ha justificado este reparto de gratificaciones por “la cantidad de desempeño y la consecución de objetivos generales en relación con la pandemia y el compromiso organizacional”, estableciendo tres niveles para el pago de las mismas. La decisión ha sido adoptada en base a un informe previo elaborado por los jefes de Servicio del Hospital y el director del mismo, todos ellos caros militares.
CCOO considera que ha habido una “arbitrariedad” ya que todos los profesionales (médicos, enfermeras, celadores…) “desarrollaron igual tiempo de trabajo e igual trabajo" en las mismas categorías -civiles o militares- durante la pandemia. Sin embargo, “el montante económico no solo es distinto, sino que además la diferencia es escandalosa”, subraya. También denuncia que se han “penalizado sin recompensa” a varias trabajadoras sanitarias que se vieron obligadas a coger la baja maternal coincidiendo con algunos meses del Covid, aunque habían estado trabajando durante la mayor parte del estado de alarma, en la primera ola de pandemia, que fue sin duda la más cruenta.
Tampoco han sido gratificados, o han percibido “una cantidad ínfima”, otros trabajadores que se contagiaron de Covid, certificado por el mismo servicio de salud laboral; o profesionales que prestaron su labor asistencial en la planta 22 del hospital, una planta de aislamiento con mayor riesgo biológico, ya que allí se trató a pacientes contagiados antes del estado de alarma y se entrenó a otros profesionales del hospital sobre el uso de equipos de protección individual (EPI). “Actualmente, se sigue atendiendo a pacientes contagiosos, pero todas estas circunstancias tampoco han servido para un justo reconocimiento, y también han sido discriminados”, asegura el sindicato.
Algunos de los militares que no estuvieron en labores asistenciales directas con pacientes de Covid han recibido altas bonificaciones
Asimismo, han sido excluidos o discriminados los ‘esenciales', trabajadores de servicios de vital importancia durante la pandemia y altamente precarizados. “Muchos sufrieron sobrecarga laboral por un disparado incremento de la demanda asistencial”, tales como los servicios de Urgencias o de Cuidados Intensivos. “Sin embargo, algunos de los militares que no estuvieron en labores asistenciales directas con pacientes de Covid si han recibido altas bonificaciones”.
Entre los trabajadores ‘premiados’ por Defensa se encuentra el grupo de los llamados celadores “administrativos” militares, dependientes de Recursos Humanos del hospital y que, pese a que no desarrollaron ninguna labor asistencial directa (incluso teletrabajaron, según denuncia el sindicato) han recibido su gratificación. Esta figura fue establecida por la teniente coronel, Ruth Obregón, a la que un juez togado militar ha procesado por dos delitos contra el patrimonio en el ámbito militar y extralimitación en el ejercicio del mando durante su etapa como jefa de Personal dentro del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. La Fiscalía pide dos años y ocho meses de cárcel contra ella y una condena económica de 104.013,43 euros por contratar durante seis años como celadora “administrativa” en el centro hospitalario a la profesora de inglés de su hijo.
Por todo ello, CCOO ha solicitado en un escrito al Ministerio que dirige Margarita Robles que se abonen las cantidades acordadas según el tiempo trabajado, como se acordó con los sindicatos el pasado 23 de noviembre, “ya que corresponde a un criterio objetivo, bien definido y acorde al tiempo trabajado durante la pandemia, y no a cantidades sujetas a arbitrariedad por decisión de los jefes de servicio, así como un agravio comparativo y una discriminación con los funcionarios militares que han percibido las más elevadas gratificaciones, incluso habiendo estado teletrabajando durante la pandemia”, subraya.
Los sindicatos llevan tiempo reclamando a nivel estatal que se bonifique a los sanitarios que prestaron sus servicios en la pandemia. En algunas comunidades autónomas se ha hecho, pero no en otras como la Comunidad de Madrid, salvo en el Gómez Ulla con esta especial gratificación a su personal militar.
