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viernes 20/5/22
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La Reforma del PP de 2012 fue el instrumento fundamental de estabilización de la economía tras la crisis iniciada en 2008, que se efectuó sobre la base de cargar la factura sobre las espaldas de los trabajadores que fueron quienes finalmente la pagaron efectivamente. Despidos masivos, desempleo a niveles desconocidos a la fecha, extensión de la pobreza incluso entre los ocupados, reducción drástica del  Estado social, mengua de derechos y un volumen de créditos que jamás cobraron ni cobrarán. Buena parte de los activos ficticios  creados especulativamente se cancelaron a expensas de las deudas con los trabajadores. Nadie nos dará la cifra pero nos podríamos hacer una ligera idea teniendo en cuenta la diferencia entre las deudas declaradas por los Tribunales españoles a favor de los trabajadores y lo que estos cobraron finalmente de los empresarios y el Fondo de Garantía Salarial. Una deuda oficialmente constatada que se apuntó en una barra de hielo. A eso habría que sumar los créditos no reclamados, y los incobrados por los funcionarios, por los autónomos y por las pequeñas empresas.

Por decirlo en lengua castellana, parafraseando a Marx (D. Groucho) “partiendo de la nada, alcanzamos las más altas cotas de la miseria”. De una situación de derechos mínimos, en constante degradación desde 1978 (antes no cuenta) merced a las reformas laborales a peor en que se alternaban  PSOE y PP, en 2012 pasamos al barrido de derechos: despidos mucho más baratos, rebajas salariales, rebajas de jornada con mengua proporcional de salarios, modificaciones sustanciales de la condiciones laborales… hasta convertir el “contrato” de trabajo en un “dictatum empresarial” en que no sólo se contrata dónde, cuándo y cómo quiere el empleador sino que lo acordado puede ser modificado por su sola voluntad y ponerle término a su arbitrio con una compensación insignificante. Al tiempo que se maniataba a los trabajadores para evitar su defensa: desmantelamiento de la negociación colectiva, de los sindicatos y colapso de la jurisdicción social y la inspección de trabajo. No se trataba de alcanzar el socialismo, se trataba de regresar a lo que era posible hasta febrero de 2012. De partiendo de las más altas cotas de la miseria, volver a la nada. Ni eso, nos hemos quedado a medio camino entre una cosa y la otra. No sólo se han consolidado unas reformas legales vejatorias, sino, lo que es peor, un método. Ya ha anunciado el Sr. Casado la vuelta a “su modelo”, naturalmente sin el consenso y los agentes sociales tras los que se escuda la cobardía y falta de compromiso de la izquierda.

Malos augurios las discrepancias previas en el gobierno de coalición. Que unos hablaran de derogación y otros de reforma. Que unos dijeran “íntegra” y otros “los aspectos más relevantes”. Que nadie concretara ni lo uno ni lo otro”. Que los que primero dijeran digo, luego dijeran Diego. Que todos nos hablaran de imposibilidad del todo imposible que jamás explicaron ni entendimos pues lo que se derogó con un artículo bien podía ser repuesto con otro. Con un solo artículo podíamos volver a Enero de 2012. Augurios confirmados cuando la dirección de la CEOE se suma a un Acuerdo que reforma la que a sus instancias adoptó el PP en 2012. Solo alguna de sus sectoriales y territoriales se ha opuesto por las especiales circunstancias de su ámbito específico (la ANFAC y FOMENT DEL TRABALL) o por su estrechísima vinculación al PP (CEIM y ASAJA). Desde el principio intuimos que los Sindicatos más representativos, igualmente empobrecidos hasta el punto de haber tenido que liquidar en gran parte sus asesorías jurídicas y la práctica totalidad de sus servicios, acabarían transigiendo en los derechos individuales de los trabajadores a cambio de que se le restituyeran aquellas facultades que les permitieran  su difícil subsistencia. No queda materia gris en unos Sindicatos burocratizados y al borde de la peronización para hacer la imprescindible autocrítica y elaborar nuevas estrategias para salir del institucionalismo, del sindicalismo de servicios sin servicios. Volver a la sopa boba de las subvenciones directas o encubiertas. Así ha sido. Lo más fácil que ocurriera, las aguas siempre bajan por las rieras y acaban en el mismo mar. El sesgo conservador del Estado. Y a cambio, el sempiterno desencanto para quienes, ingenuamente, se alimentan, nos alimentamos de la fe, la esperanza y la caridad.

Si desde 1978 sólo ha habido reformas laborales a peor, esta era inevitablemente una reforma a mejor. No podía ser de otra manera. “Para avanzar hacen falta consensos imposibles, para retroceder bastan las mayorías absolutas o relativas de la derecha. Las cartas están marcadas. El propio Unai Sordo decía en la entrevista citada que  la Reforma Laboral, la contrarreforma que postula el Gobierno, “era la más progresista de la democracia”. Naturalmente, Sr. Sordo. No es difícil. Pero eso es una vaciedad. A poco que se lo propongan. Porque durante los cuarenta años de democracia los derechos de los trabajadores se han ido yendo, reforma tras reforma, con gobiernos populares o socialistas, por el desagüe”.

Podemos echar las campanas al vuelo, hacer panegíricos a la izquierda, ensalzar el progresismo de nuestro Gobierno de coalición… por la recuperación concreta y parcial de derechos, por haber descolocado al PP frente a la CEOE, por haber mantenido los pies sobre la cuerda sin caer al vacío –que es la norma básica de los políticos que practican el equilibrismo- o por haberse acreditado como “políticos de Estado” (como si alguno no lo fuera). Si el progreso de los derechos sociales admite “dos pasos adelante por uno atrás”, nuestra democracia parece haber invertido los términos. “Un paso adelante por ciento atrás”. Al menos, ahórrense las alharacas y no nos traten como idiotas. Al final tendremos que votarles. Que para eso también es útil Vox. Aunque muchos optarán por la abstención o el fascismo.

La contrarreforma laboral: de la miseria a la nada