Sí, si se puede; pero hay que tener voluntad política y disposición negociadora. Algo que ha faltado desde que en marzo de 1980 se aprobó la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Durante más de cuatro décadas se fueron sucediendo diversas reformas de aquel texto legal, casi siempre en la misma dirección, de recortar derechos de los trabajadores y facultades de los representantes sindicales; reformas que en general no contaron con el respaldo de los sindicatos y por el contrario provocaron diversas convocatorias de huelga y otras movilizaciones. Es cierto que los sucesivos gobiernos, tanto del PSOE como del PP, abrieron procesos de negociación con patronal y sindicatos, pero en las diversas mesas de dialogo en las que participé, el objetivo siempre era el mismo introducir más flexibilidad en las relaciones laborales y así era imposible llegar a acuerdos.
Durante casi 40 años estuvimos escuchando la misma canción. En España no se conseguía reducir el paro por la rigidez del mercado de trabajo, por los altos costes del despido, por la inadaptación de la legislación laboral a las variaciones de la producción y de los ciclos económicos. Y así reforma tras reforma se fue incrementando la precariedad, fue disminuyendo el peso de los salarios en la riqueza nacional, limitando el poder sindical. Y por supuesto al primer síntoma de crisis económica se producía una marea negra de despidos y cuando se recuperaba el empleo siempre era en peores condiciones.
En los oscuros días que aun estamos viviendo, este Acuerdo es un motivo de satisfacción y de confianza y sin duda abre una nueva senda en las relaciones de trabajo de nuestro país
Los gobernadores del Banco de España y los presidentes de las diversas entidades financieras, numerosos expertos y gabinetes de estudios nacionales e internacionales y desde luego todos los Ministros de Economía que hemos tenido, compartían o al menos aceptaban estos diagnósticos y recetas.
Ha tenido que llegar otro tipo de ejecutivo, un gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos para por fin cambiar esa dinámica. No ha sido nada fácil, pero quienes han negociado han demostrado voluntad y valentía.
Empezando por el Presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, un empresario vasco que poco tiene que ver con antiguos dirigentes de la patronal. Le escuché en el reciente Congreso Confederal de CCOO y me pareció una persona razonable y dialogante. Lleva dos años negociando y acordando con el gobierno de coalición (salvo algún desacuerdo puntual) y me imagino las enormes presiones que ha podido recibir de muchas de las organizaciones sectoriales y territoriales de la CEOE y desde luego del PP y Ciudadanos.
Aguantar el tipo y pactar precisamente en un momento de terrible ofensiva de la derecha contra el gobierno, es algo digno de valorar muy positivamente. Es cierto que la patronal tenía mucho que perder con un desacuerdo, sobre todo en cuanto a su participación en la negociación de los nuevos fondos europeos y en general en el proceso de recuperación económica. También es verdad que la CEOE corría el riesgo de una reforma más desfavorable para sus intereses que fuera aprobada por el gobierno con el único apoyo de los sindicatos. Pero en todo caso ha sido una apuesta inteligente y con visión de futuro.
CCOO y UGT también han negociado sin dejarse llevar por nominalismos genéricos, como de una hipotética derogación sin más de la reforma del PP del 2012. Han ido a lo concreto, a los objetivos de tipos de contratación, negociación colectiva, ERTEs. Han tenido muy en cuenta la evolución en estos años de los tribunales de justicia (Juzgados de lo Social, Audiencia Nacional y Sala de lo Social del Tribunal Supremo) que paulatinamente han ido limitando los efectos mas perniciosos de la reforma de Rajoy. Los dos grandes sindicatos de clase de nuestro país internamente son plurales, con diferentes tendencias de opinión y por ello tiene aun más valor que la decisión de aprobar el acuerdo haya sido tomada por unanimidad de sus órganos de dirección.
En muchos años de trabajo sindical y de participación en bastantes negociaciones tripartitas, entre otras evidencias tengo la de la importancia del talante negociador de la representación del gobierno, llevada a cabo por Yolanda Diaz
Unai Sordo y Pepe Álvarez una vez más han mantenido una voluntad de negociación, siendo muy conscientes de qué se podía conseguir y qué era lo mas positivo para los intereses del conjunto de la clase trabajadora de nuestro país.
Porque el Acuerdo no es un triunfo por goleada. Los sindicatos han tenido que ceder en algunos de sus objetivos iniciales para conseguir la firma patronal y el visto bueno, no lo olvidemos, de los organismos de la Unión Europea.
Y, por último, pero decisivo, el papel de la Ministra Yolanda Diaz.
No voy a disimular que cada día me gusta mas lo que hace y lo que dice, como le pasa a mucha gente y no solo en la izquierda. Y aunque no quiero minusvalorar el compromiso del Presidente Pedro Sánchez, que una vez más ha cumplido con el programa pactado con Unidas Podemos, también hay que subrayar que sin la presencia de Unidas Podemos cabe la razonable duda de si un gobierno socialista en solitario hubiera abordado esta negociación y hubiera llegado a estos resultados (por no hablar de los otros numerosos acuerdos sociales de esta legislatura, que en gran medida ha pilotado Yolanda Diaz). Para quienes, sobre todo en algunos ámbitos de la izquierda, cuestionan la presencia de Unidas Podemos en el gobierno y dudan de su utilidad, aquí tenemos el enésimo resultado.
En muchos años de trabajo sindical y de participación en bastantes negociaciones tripartitas, entre otras evidencias tengo la de la importancia del talante negociador de la representación del gobierno. Yolanda Diaz lleva dos años haciendo gala de voluntad negociadora, siempre con mensajes positivos y optimistas, apostando por acuerdos tripartitos, siendo firme en el fondo y flexible en las formas a la hora de aguantar las indudables presiones de diverso tipo procedentes de los ámbitos económicos del gobierno.
Este acuerdo rompe con 40 años de pasos atrás en relación al Estatuto de los Trabajadores, (que por cierto algún día habrá que revisar sin prejuicios y repensar la dura oposición que CCOO y un sector del PCE tuvo al respecto, y que personalmente nunca compartí y así lo manifesté en un informe para la dirección del sindicato). Pero ahora viene la segunda y tercera parte.
En primer lugar, habrá que ver cómo transcurre la tramitación en las Cortes del seguramente necesario proyecto de Ley y cuales van a ser las posiciones no solo de la derecha, sino también de los partidos nacionalistas. Esperemos que todo vaya bien.
Y, en segundo lugar, como todos sabemos, la aprobación de un nuevo texto legal es imprescindible pero no suficiente para cambiar la realidad. En este caso, para que los cambios sean efectivos y eficaces necesitamos que actúen dos instrumentos fundamentales para su cumplimiento: la Inspección de Trabajo y los Juzgados de lo Social, ambas instituciones en la actualidad bajo mínimos de medios humanos y materiales y por tanto con grandes dificultades para cumplir con sus funciones. El Ministerio de Trabajo, el de Justicia y el de Política Territorial y Función Pública tienen que afrontar con urgencia la dotación de medios adecuados.
En todo caso en los oscuros días que aun estamos viviendo, este Acuerdo es un motivo de satisfacción y de confianza y sin duda abre una nueva senda en las relaciones de trabajo de nuestro país.
