La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha formalizado el cierre definitivo de las urgencias de atención primaria con una nueva resolución que ha elevado aún más la tensión entre los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de sanidad y el Gobierno de Isabel Díaz-Ayuso.
CCOO, CSIT y UGT han hecho público este jueves un escrito en el que muestran su “rotundo” rechazo al nuevo proyecto presentado por el consejero Enrique Ruiz Escudero y que supondrá en la práctica el cierre definitivo de los 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y 17 Unidades de Atención Domiciliaria (UAD) del SUMMA 112.
La nueva resolución del SERMAS fue presentada el 20 de junio a la prensa sin antes hacerlo en la Mesa Sectorial, donde están presentes los sindicatos “en un nuevo menosprecio público a la negociación colectiva y a los profesionales afectados”, denuncian.
La convocatoria para la reunión de la Mesa, pocas horas después del anuncio, no estaba planificada con el ánimo de negociar, sino solo de informar -relatan los sindicatos- sobre “el cierre unilateral” de los dispositivos de urgencias y los planes para “reordenar” la plantilla de profesionales del SUMMA 112 que de forma “forzosa” deberán trasladarse al Hospital Enfermera Isabel Zendal como ya se venía anunciando desde hace tiempo.
La consejería plantea a modo de contrapartida la creación de 17 dispositivos nuevos, llamados Puntos de Atención Continuada (PAC), “que podrán tener o no personal médico dependiendo de donde viva el ciudadano que lo necesite”, advierten los sindicatos.
La situación ha derivado en un total enfrentamiento entre Consejería y sindicatos presentes en la Mesa Sectorial que han presentado un informe de posicionamiento a la Dirección General de RRHH del SERMAS, en el que se exponen los motivos por los que no van a formar parte de un proyecto “que supone la disminución de dispositivos de urgencias y recortes asistenciales dramáticos para algunas zonas rurales”.
“Nuestra posición es de rotunda negativa a todo el contenido de la resolución y lo que de ella se derive”, afirman y anuncian acciones legales contra la Consejería en la línea del recurso presentado recientemente por CCOO contra el traslado forzoso de profesionales del SUMMA al Zendal, procedentes de los SUAP cerrados.
En su escrito, CCOO, CSIT UNIÓN PROFESIONAL y UGT, plantean que el proyecto “es otro excepcional recorte de la asistencia sanitaria que afecta a centenares de miles de madrileños”.
No se trata de reordenar recursos -subrayan- sino de “una disminución drástica de efectivos”.
Tampoco es una solución para optimizar los recursos, “es una forma de saturar a los escasos dispositivos que quedarían y a todos los servicios de urgencias hospitalarias”.
Ni la idea está pensada para los pacientes, sino que supondrá en la práctica “un nuevo problema de accesibilidad a los recursos de urgencias para los ciudadanos”, afirman.
Los sindicatos recuerdan la caótica situación que sufre la sanidad pública madrileña: urgencias hospitalarias colapsadas, con “largas horas de espera y saturación de pacientes por los pasillos para poder ser atendidos que nadie es capaz de gestionar”.
“Este proyecto va a suponer con toda seguridad una mayor saturación de los dispositivos que continúan abiertos, colapso de los servicios de urgencias hospitalarias, problemas de desplazamiento para los pacientes...”, afirman los sindicatos al tiempo que advierten de que si el plan sale adelante “no será con el aval de CCOO, CSIT y UGT”.
