La noticia recientemente aparecida en varios medios de comunicación informando que la Fiscalía Anticorrupción de Madrid ha presentado un escrito dirigido a la Titular del Juzgado de Instrucción nº 53 de Madrid pidiendo la imputación de la Sra. Esperanza Aguirre (una más) por la presunta comisión de delitos de prevaricación y malversación por la reducción ilegal de 135 camas en el nuevo hospital Puerta de Hierro que iba a inaugurarse (2008), no nos causa ninguna sorpresa a quienes desde hace casi dos décadas hemos venido denunciando los peligros del salvaje proceso privatizador sanitario iniciado en 2003. En el caso que nos ocupa hoy la actuación presuntamente delictiva ha supuesto un pago indebido de más de 10 millones de euros a la empresa concesionaria.
En mi condición entonces de profesional de la sanidad madrileña en activo, tuve la certeza que la absoluta falta de planificación, la opacidad de los procesos y la firme voluntad de los gobiernos presididos por la Sra. Aguirre de crear desafección hacia lo público llevarían sin ninguna duda a dos escenarios, por un lado, un continuo pero constante desmantelamiento de los centros sanitarios públicos y por otro a la aparición de grandes monopolios u oligopolios sanitarios privados que recibirían cuantiosas cantidades de dinero público.
Otra cuestión muy grave era fácil de intuir, dada la prepotencia y sensación de impunidad que rodeaba toda la acción política de los sucesivos gobiernos del Partido Popular; la posibilidad de reiteradas prácticas irregulares, vulneración de las normas de las contrataciones en el sector público y actuaciones en el marco de la corrupción eran muy elevadas. Todo ello era previsible, pero desgraciadamente el hedor insoportable de una forma de hacer política que debilitaba gravemente la salud democrática en nuestra Comunidad no parecía concernir a determinados sectores sociales.
Han pasado dos décadas, en ese largo periodo los peores augurios que yo pudiera tener desgraciadamente se cumplieron, Púnica, Lezo, Canal de Isabel II, Financiación irregular del Partido Popular, delito electoral, cláusula del 1%, desmantelamiento de la Sanidad Pública con la Atención Primaria en la UCI en los momentos actuales, despilfarro de dinero público con hospital- almacén incluido (Zendal), y gigantes sanitarios privados creados con ingentes cantidades de dinero público con mecanismos poco transparentes .
Ciertamente a los Tribunales de Justicia hay que dejarles actuar con calma y rigor, facilitando su trabajo para la obtención de pruebas o indicios más que suficientes para poder actuar contra personas o instituciones, pero si se me permite y desde mi respeto al derecho fundamental a la presunción de inocencia de cualquier ciudadano, algunos creemos es necesario que la sociedad visualice que los máximos responsables de actuaciones que han supuesto un gravísimo daño al conjunto de la sociedad y que las han realizado ostentando puestos de máximo poder no se van de rositas y comparecen ante la justicia.
La enorme gravedad de la pandemia que hoy vamos superando poco a poco obligó a la provisión desde el Estado de enormes cantidades de dinero para hacer frente a la emergencia sanitaria.
Se hace imprescindible analizar con rigor dónde han ido a parar esas grandes cantidades, cómo se han adjudicado los contratos, si las asignaciones han ido a los lugares de destino; es necesario para caminar hacia la regeneración que la sociedad madrileña necesita.
Quisiera pensar que ese hilo del expolio y la corrupción no es interminable, pero a mi pesar tengo muy serias dudas de que sea así.
Carlos Barra Galán | Médico Especialista Jubilado
