Camino de cumplirse un año -mayo de 2022- del bloqueo por parte de la patronal de la negociación colectiva en materia de salarios, CCOO y UGT han cerrado una nueva propuesta con el objetivo de que pueda ser negociada con CEOE-CEPYME en el marco de la AENC. Ambos sindicatos plantean un “gran acuerdo” de ámbito estatal con subidas ligadas a la marcha económica de las empresas y ponen como fecha límite el Primero de Mayo, Día del Trabajador. Si nuevamente la negociación se viera frustrada, hacen un llamamiento al Gobierno para que “no quede ajeno a la disputa” y promueva el consenso en aras del interés general.
La propuesta se ha conocido este miércoles vía comunicado, después de que los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, cancelaran en el último momento la rueda prensa prevista debido -han dicho-, a una filtración a los medios sin que el documento final se hubiese cerrado del todo. Con anterioridad, los sindicatos ya había avanzando algunas líneas generales pero no ha sido hasta ahora cuando han pasado el testigo a la patronal, con una propuesta en firme de la que también quieren hacer copartícipe al Gobierno .
UN 13% DE SUBIDA EN TRES AÑOS
Los sindicatos plantean incluir en los convenios colectivos una cláusula de revisión salarial que combine, por un lado, la evolución del poder de compra y, por otro, los beneficios empresariales. Como punto de partida se tomarían como referencia las subidas iniciales pactadas de un 5% para 2022; un 4,5% para 2023; y un 3,75% para 2024, es decir, un 13,25% en los próximos tres años. A ello se añadiría una revalorización adicional por la inflación y otra por beneficios. Para fijar este último diferencial, CCOO y UGT proponen la creación de lo que han venido en llamar Sistema de Información Económica para la Negociación Colectiva (SIENC) basado en fuentes oficiales y registros actuales.
UN NUEVO INDICADOR CON DATOS DE HACIENDA
El SIENC bebería de la base de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social que generaría un listado de empresas cubiertas por cada convenio, a la que se añadirían los datos de los que dispone la Agencia Tributaria (AEAT) sobre volumen de ventas, compras y retribuciones salariales, con el fin de configurar un indicador final sujeto a permanente revisión en el marco del diálogo social.
“La eficacia de la negociación colectiva de ámbito sectorial se ha visto lastrada por un problema de información incompleta y asimétrica entre las partes que negocian los convenios colectivos”, se dice en el comunicado, y como resultado de ello -señalan los sindicatos- el salario medio real en España está estancado desde los años noventa. “El SIENC ayudaría a mejorar los salarios y, por ende, el consumo de los hogares, reforzando el crecimiento económico y la recaudación por impuestos y cotizaciones, lo que a su vez contribuiría al reequilibrio de las cuentas públicas y al mantenimiento y creación de empleo”, afirman.
EL GOBIERNO NO PUEDE QUEDAR AJENO
En su documento, CCOO y UGT también hacen un llamamiento al Gobierno en aras de alcanzar ese “gran acuerdo salarial”. Con la mencionada fecha límite del 1 de Mayo en el horizonte, los sindicatos piden expresamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez que, en caso de no alcanzarse un acuerdo con la patronal, mueva ficha y promueva “actuaciones fiscales” encaminadas a “canalizar esos excedentes que se está apropiando el empresariado” y trasladarlos a la clase trabajadora. Para ello, proponen establecer una contribución mínima en el Impuesto sobre Sociedades del 15% o el 20% sobre el total de beneficios.
Ambos sindicatos admiten que aun siendo el acuerdo salarial un asunto que principalmente compete a los agentes sociales y que la “herramienta idónea” sería un gran pacto trasladable al ámbito de negociación de los miles de convenios colectivos pendientes de renovación en 2023, también es cierto que la mejora de salarios es “una condición necesaria” para evitar que España camine hacia “una peligrosa ralentización económica”, por lo que el Gobierno “no puede permanecer ajeno al terreno de disputa”, advierten.
En este sentido, reprochan al Gobierno las referencias acerca de la necesidad de alcanzar un pacto de rentas, sin que por el momento se haya concretado, más allá de “medidas de carácter unilateral” y en algunos casos “insuficientes”. En su opinión, “para que un pacto de rentas pueda ostentar tal nombre, debe conllevar medidas sobre salarios pero también sobre excedentes y beneficios empresariales, así como sobre otras rentas, precios, fiscalidad, etc.”.
AGUJEROS FISCALES PARA LAS GRANDES EMPRESAS
CCOO y UGT respaldan su planteamiento de establecer una contribución en el Impuesto de Sociedades de entre un 15%-20% sobre beneficios por el bajo esfuerzo fiscal que realizan las grandes empresas en comparación con las pymes, pese a que las primeras “son las que más se aprovechan de las infraestructuras económicas y sociales comunes financiadas con impuestos y que en gran medida están pensadas para favorecer la actividad productiva”, afirman el mismo día en que se ha conocido el traslado de Ferrovial a Países Bajos.
Y es que, los impuestos que pagan las empresas que facturan más de mil millones de euros solo representan el 4,8% de su beneficio; las que facturan entre 500 y 1.000 millones el 7,7% y el 11,1% las que tienen una cifra de negocio entre 100 y 500 millones de euros. Estos tipos efectivos se sitúan por debajo del que pagan las pequeñas y medianas empresas (entre el 13% y el 20,5%) y las microempresas.
