martes. 21.05.2024
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Los titulares de la prensa internacional contaban que “Pedro Sánchez medita la posibilidad de dimitir de su cargo de Presidente del Gobierno de España a raíz de la investigación abierta por un juez contra su esposa por supuesto tráfico de influencias”. La primera reacción fue de estupor. Dirigirse a la ciudadanía mediante una carta personal en la que se anuncia la posible dimisión del Presidente del Gobierno es algo inédito. En cierto modo, ha sido una crisis política que ha durado cinco días y se ha cerrado con la decisión de Pedro Sánchez de seguir siendo Presidente del Gobierno para alivio de propios y cabreo de adversarios.

La decisión de un juez de abrir diligencias a Begoña Gómez ha sido el detonante de la crisis. Desde hace tiempo, algunos elementos de la “fachosfera” venían fabricando acusaciones contra la pareja del Presidente del Gobierno, acusaciones que luego eran recogidas por la prensa de derechas y utilizadas por el PP como munición parlamentaria. Antes de que un juez abriese diligencias, Feijóo ya anunció que el Presidente debía dar explicaciones de las actividades de su esposa en sede parlamentaria “o en el juzgado”. Hasta aquí nada de particular porque las actividades de la esposa del Presidente parecían de fácil explicación y las acusaciones parecían traídas por los pelos.

Cuando un juez admite a trámite y abre diligencias a raíz de la denuncia de Manos Limpias, todo cambia. La decisión judicial da “estado político a la cuestión”

Pero cuando un juez admite a trámite y abre diligencias a raíz de la denuncia de Manos Limpias, todo cambia. La decisión judicial da “estado político a la cuestión”: el juez toma una decisión política y da credibilidad a una denuncia que, curiosamente, el jefe de Manos Limpias duda de que sea verdadera. Feijoo ha cumplido lo que anunció: perseguir judicialmente a Begoña Gómez. En el mundillo judicial se dice que, al final, la investigación quedará en nada. Pero lo que importa no es el final, sino el trámite. Y viendo los antecedentes, parece evidente que tendremos un sainete judicial de declaraciones de testigos, encargo de investigaciones a la policía y toda la pesca que durará lo que sea necesario para desgastar al gobierno. A pesar del secreto del sumario, cada paso judicial será convenientemente filtrado a la prensa, exagerado por ésta y repicado por el PP en el Parlamento.

Consciente de lo que se le viene encima a su mujer, la pregunta que se hace Sánchez es si puede seguir gobernando como si tal cosa cuando su mujer va a ser arrastrada por el fango judicial semana tras semana. Viendo la cara de Sánchez en la sesión parlamentaria que siguió a la apertura de diligencias cabe deducir que estaba bajo un gran impacto emocional. Un impacto tan grande que hacía muy probable la dimisión. Viéndolo en las entrevistas que ha concedido después, me temo que no se ha repuesto aún del golpe.

La táctica de fabricar por prensa amiga una acusación, amplificarla en sede parlamentaria y, finalmente, conseguir que un juez abra un caso judicial no es ninguna novedad. El caso más sonado ha sido el de Lula en Brasil. “Prensa amiga” fabricó un caso de corrupción. Un juez (al que después Bolsonaro  nombró ministro de justicia) le juzgó y condenó a penas de prisión. Lula pasó 580 días en la cárcel. Hasta que el Tribunal Supremo anuló la sentencia. Hoy Lula es Presidente de Brasil. Lo que está pasando en España a Lula le resulta familiar y por eso se ha apresurado a apoyar a Sánchez y recomendarle que resista.

En España, el llamado “sindicato del crimen” diseñó una campaña contra Felipe González con el objetivo declarado de sentarle en el banquillo, acusándolo de ser el jefe de los GAL (el señor X en frase de Anguita). La idea era que puesto que no había forma de ganarle “por lo civil” (en las urnas) había que quitarlo de enmedio “por lo criminal”. La operación se quedó corta ya que a la cárcel sólo fueron Barrionuevo y Vera, pero no Felipe.

Criminalizar al adversario político no es novedoso. Ya ha sido ensayada por la derecha aquí y en otros países. Algunos periodistas que estuvieron en el “sindicato del crimen” están ahora en la “máquina del fango”

Criminalizar al adversario político no es novedoso. Ya ha sido ensayada por la derecha aquí y en otros países. Algunos periodistas que estuvieron en el “sindicato del crimen” están ahora en la “máquina del fango”. Parece que se han especializado en el periodismo de difamación y han creado escuela.  Lo que es novedoso es que se pretenda destruir al adversario político criminalizando a su pareja. Esto sí que es inédito en la vida política española. La gran aportación de Feijoo a la vida política española es que si no puedes ganar a Sánchez en las urnas, criminaliza a su mujer a ver si se rinde. A juzgar por la reacción de Sánchez la derecha entiende que ha dado en el blanco. Cuando a un boxeador le abren una ceja los golpes del adversario se dirigirán a la ceja abierta. Pedro Sánchez no ha sido tumbado por este primer golpe, pero es un boxeador tocado. Por eso mismo, la derecha arrecia el ataque contra su mujer.

La carta de Sánchez tenía por objeto denunciar la operación puesta en marcha por la derecha. Por cierto, el PP de Feijoo ha eclipsado por completo a Vox. Tan salvaje y desmesurado es el ataque que al parecer no cabe más. Si Sánchez pretendía que mediante la denuncia la ofensiva de la derecha parase, se ha equivocado. La ofensiva sigue aún más brutal. Y va a seguir.

Lo que sí ha conseguido la carta de Sánchez ha sido recabar apoyos. En primer lugar el apoyo en masa de su partido. Está por ver si esa movilización llegará también al electorado. También el apoyo de sus socios parlamentarios, ya veremos por cuánto tiempo. Me parece que sin esos apoyos, Sánchez ya habría dimitido.

Ha conseguido también abrir un debate sobre los medios de comunicación y sobre la justicia, aunque me temo que de ese debate no saldrá nada.

El bulo más monumental que se ha fabricado en España  fue el de atribuir los atentados del 11M a ETA. Que es un bulo, quedó ampliamente acreditado en sede judicial. Y fue un bulo que les salió gratis a sus autores. Por eso ni Aznar ni los periodistas que urdieron la patraña se han desdicho, menos aún arrepentido. Más bien los mismos que urdieron aquel siniestro bulo son los que están ahora fabricando acusaciones contra Begoña Gómez. Y es que para la derecha la libertad de prensa quiere decir libertad de difamar. Libertad para ellos, claro.

En EEUU un presentador de una conocida cadena de TV ha sido condenado a una fuerte multa por acusar falsamente a la empresa que realiza el recuento de votos de manipular el resultado electoral. Tras la condena fue despedido. Allí la ley impone duras sanciones por difamar. Aquí, un castigo simbólico. Mientras las penas por difamar y calumniar sigan siendo ridículas, la máquina del fango seguirá a todo trapo. Uno de los peligros que acechan a la democracia son las falsas noticias que circulan por las redes sociales. Luchar contra los que los crean y propagan ha de hacerse con inteligencia. Lo cual implica no caer en la tentación de proponer censuras ni cosas parecidas. La única disuasión posible es que el difamador sepa que un juez le puede arruinar.  La otra medida que se puede y se debe tomar es que se sepa cómo se financian esos medios. Habría que desvelar en qué medida las administraciones gestionadas por el PP financian con dinero público la fachosfera. También las empresas  privadas que los financian y por qué.

Para cualquier medida que vaya contra el libelo y la calumnia no se podrá contar con la derecha. Y me parece que tampoco con alguno de los socios de investidura. Lo cual equivale a decir que ninguna medida de regeneración democrática que implique medidas legislativas en este ámbito se podrá hacer al menos durante esta legislatura. La batalla habrá que darla en la opinión pública. Y mucha gente deberá hacerse activa en este menester.

Sobre la justicia escribiré otro día.

Sobre la carta de Sánchez