sábado. 02.03.2024
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Parlamento Europeo

La crisis de los modelos neoliberales de capitalismo y globalización está produciendo crecientes tensiones geopolíticas, conflictos militares, restricciones al comercio mundial y recomposición regional de las cadenas de valor. Gobernar los impactos de ese desorden mundial en la UE requiere de instituciones comunitarias capaces de ofrecer respuestas rápidas, desarrollar una acción política común y contar con mecanismos democráticos de consentimiento de la ciudadanía.

La integración europea puede estancarse en su estadio actual: un mercado único inacabado y una unión monetaria que no cuenta con un presupuesto común de suficiente envergadura ni de un Tesoro público o una unión fiscal que propicien una integración económica robusta. Superar ese estancamiento exige afrontar las debilidades e incoherencias institucionales de la UE y contar con mecanismos flexibles y fiables de una gobernanza federalista sometida a controles democráticos.

Sin más y mejor integración europea no podrán darse avances en la cohesión económica, social y territorial en el seno de la UE

Sin avances en la calidad de las instituciones comunitarias y de la democracia, el estancamiento de la inacabada integración europea acabará deteriorando el proyecto de unidad europea y facilitando la tarea de los populismos de derechas que contraponen intereses nacionales a derechos humanos, soberanía nacional a soberanía compartida y eficacia económica a democracia. Sin más y mejor integración europea no podrán darse avances en la cohesión económica, social y territorial en el seno de la UE y de los Estados miembros. Y el camino de la extrema derecha para que los Estados miembros recuperen buena parte de las competencias cedidas o compartidas con las instituciones comunitarias quedaría despejado. 

La sombra alargada de un débil crecimiento económico duradero y cargado de múltiples incertidumbres y la amenaza de una nueva recesión se ciernen sobre la UE. Desde la crisis financiera global de 2008, las preocupaciones comunitarias han estado marcadas por la urgencia y la búsqueda de respuestas inmediatas a sucesivas crisis inesperadas que han golpeado a la economía y a las condiciones de vida de la ciudadanía. La consecuencia es que la UE no cuenta con un diagnóstico compartido sobre las dificultades que afronta la integración europea ni sobre unas prioridades que orienten la acción política comunitaria durante esta década.

Las próximas elecciones europeas son una oportunidad para impulsar un debate público que no debería despilfarrarse en intentos de afirmación partidista o diferenciación política que nada ayudan a construir un proyecto de unidad europea capaz de sostener los derechos, las libertades y el bienestar de la ciudadanía. 

Hay muchos temas relevantes que ya son objeto de debate en las instituciones comunitarias, entre los gobiernos de los Estados miembros y por parte de los grupos políticos del Parlamento Europeo. Son asuntos y debates áridos y de cierta complejidad, porque no son fácilmente comprensibles los diferentes nudos que contienen ni los contradictorios efectos de las reformas que se proponen para desatarlos. Sería conveniente intentar incluir esos debates o sus rasgos más interesantes en la conversación pública de cara a las elecciones europeas del 9 de junio.

Entre las muchas materias a debate, en una primera aproximación que no tiene por objeto establecer una lista acabada, sino tan solo señalar aspectos relevantes y principales interrogantes, apuntaría las siguientes:  

1º. Las transiciones energética y ecológica no avanzan a un ritmo deseable ni con pasos similares en el conjunto del espacio comunitario. ¿Cómo conseguir financiarlas? ¿Qué papel corresponde a las instituciones públicas comunitarias y estatales en las tareas de promover su desarrollo y extensión al conjunto de los Estados miembros, asegurar su financiación y velar para que no generen más factores de desigualdad o divergencia ni más sectores sociales perjudicados?

2º. El envejecimiento de la población europea y el declive de la población en edad de trabajar ya están creando restricciones al desarrollo económico y social que no podrán superarse sin el concurso de una política común de inmigración que considere las necesidades de desarrollo económico y estabilidad democrática de los países de origen de la emigración. En dirección contraria, el pasado 20 de diciembre la Presidencia española del Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo que supondrá una revisión general del marco jurídico de la UE en la materia: un nuevo Pacto sobre Migración y Asilo que, según buena parte de las ONG dedicadas a defender los derechos humanos, no garantiza el derecho de asilo y asume parte de la carga ideológica xenófoba de la extrema derecha en forma de desconsideración y deshumanización de las personas inmigrantes. En las próximas semanas proseguirán los trabajos técnicos para ultimar los detalles de los nuevos Reglamentos, ¿qué supondría su aprobación definitiva sin depurar la parte del contenido y del enfoque que son afines a las ideas racistas de la extrema derecha?

3º. La UE ha dado en los últimos años algunos pasos para dotarse de una política común de seguridad y defensa, pero sigue estando muy lejos de ser una Unión de Defensa. ¿Son necesarios más avances en el ámbito de una defensa militar común? ¿Se pueden dar nuevos pasos adelante y, al tiempo, preservar el objetivo de ser efectivamente un factor de paz como una de las señas de identidad importantes del proyecto de unidad europea? En el caso de una respuesta afirmativa, habría que precisar los objetivos y qué alternativa podría sostener esos avances. Sobre la mesa de los asuntos comunitarios pendientes hay distintas propuestas: preservar la actual situación de cooperación militar con EEUU que, en gran parte, es de subordinación; convertir a la UE en otra potencia militar global que apuntale la lógica de un mundo multipolar en permanente tensión; avanzar en la coordinación de una fuerza militar europea disuasoria que responda a las demandas de seguridad de la ciudadanía y, al mismo tiempo, facilite una autonomía estratégica que permita impulsar soluciones diplomáticas a los conflictos bélicos.  

4º. La UE demostró en 2020 capacidad de responder a los graves problemas económicos y sociales desencadenados por la gran crisis de la Covid-19. Las instituciones comunitarias aprobaron y pusieron en marcha medidas audaces e innovadoras que habían sido rechazadas de plano para afrontar las anteriores recesiones de 2008-2009 y 2011-2013. Medidas como las siguientes: más gasto público destinado a proteger la salud, los empleos, las rentas de los hogares y el tejido productivo y empresarial; eurobonos y otras fórmulas de mutualización de la deuda pública y de presión a la baja sobre las primas de riesgo; fondos comunes de recuperación y modernización de estructuras productivas; inversiones con fondos europeos y objetivos comunes de transición energética y digital. ¿Cómo aprovechar las enseñanzas recibidas en el diseño y la aplicación de dichas medidas e impedir el retroceso a dogmas y políticas que demostraron su ineficacia en la crisis financiera global de 2008?

5º. Los bancos centrales no pueden ser indiferentes al aumento de la inflación, pondrían en juego su credibilidad y, por tanto, su existencia. Ningún banco central puede asumir el riesgo de no actuar ante una inflación es ascenso. ¿Puede el Banco Central Europeo seguir siendo parcialmente ajeno a los requerimientos de estabilidad macroeconómica asociados a su exclusivo mandato de estabilidad de precios? ¿Es aceptable que ese mandato se reduzca a mantener una tasa de inflación de alrededor del 2%? Ese objetivo numérico tiene mucho de arbitrario y corresponde a una época que ya no existe, porque las presiones inflacionistas son mucho mayores que en décadas pasadas y se prolongarán durante buena parte de la nueva y larga etapa de transición energética y productiva. El BCE supo, a partir de 2014 y en la última crisis de 2020, sortear las restricciones que suponía su mandato y jugar un papel clave en la superación de los episodios recesivos que afectaron a las economías de la UE, pero ese mandato exclusivo y su reducción a mantener la inflación en torno al 2% seguirán dificultando unas transiciones energética y ecológica que necesitan sostenerse en un colosal esfuerzo inversor público y privado destinado a promover la investigación, mejorar la formación y cualificación del capital humano y modernizar estructuras productivas que faciliten el ahorro energético y la descarbonización de la actividad económica.  

6º. ¿Qué lecciones cabe extraer de la intrincada marcha de los disensos sobre las nuevas reglas fiscales consensuadas por la Comisión Europea a mediados de 2023? ¿Pueden darse por superadas las inaplicables y contraproducentes reglas fiscales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que fueron suspendidas temporalmente en marzo de 2020? En lo fundamental, las buenas intenciones de reforma contenidas en la propuesta inicial de la Comisión se han ido quedando por el camino de las negociaciones entre diferentes intereses nacionales y distintas doctrinas económicas. En el decepcionante acuerdo alcanzado el pasado mes de diciembre por el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros hay demasiada continuidad con el anterior Pacto de Estabilidad y se han incorporado nuevos elementos de complejidad en su gestión que, probablemente, darán lugar a nuevos intentos fallidos de cumplimiento de unos límites, que siguen situados en un déficit público por debajo del 3% del PIB (acompañados de una presión permanente a la baja, hasta que alcance el 1,5 o el 2%) y una deuda pública inferior al 60% del PIB. El problema no es si debe haber o no reglas fiscales, sino su aplicabilidad, la atención particular que exige la diversidad de situaciones de los Estados miembros y la necesidad de que las imprescindibles reglas fiscales permitan a las instituciones públicas márgenes de actuación política y financiera que posibiliten la transición energética y los cambios productivos modernizadores.

Aún se está a tiempo de avanzar en un modelo progresista de integración europea con los pies bien asentados en la tierra firme de la defensa de la mayoría social

Pese a su complejidad, es necesario facilitar que la ciudadanía y el debate público aborden parte de estos temas e interrogantes. Las fuerzas políticas y las organizaciones sindicales y sociales que representan y defienden intereses y aspiraciones de amplios sectores de la ciudadanía tienen un papel fundamental en proporcionar información, análisis, argumentos y propuestas de reforma que respondan a esos interrogantes, alimenten una conversación pública informada y despierten el interés ciudadano por la especificidad de los temas comunitarios y su relación con las posibilidades de superar las actuales dificultades económicas, sociales y territoriales.  

La tarea consiste en intentar que la ciudadanía disponga de algunas de las claves de los debates que desarrollan técnicos, autoridades y elites y pueda influir en el desarrollo de un proyecto viable de unidad europea que favorezca a la mayoría social y tenga en cuenta la voluntad democrática de la ciudadanía. Una tarea difícil en la que están de sobra las consignas, los juicios sumarios y las calenturas ideológicas. Y en la que la defensa de intereses partidistas particulares es legítima si es compatible con propuestas de cambio que hagan más fácil la vida de la población y protejan efectivamente los derechos, el bienestar y la convivencia de la ciudadanía.

Aún se está a tiempo de avanzar en un modelo progresista de integración europea con los pies bien asentados en la tierra firme de la defensa de la mayoría social. El fortalecimiento de la integración europea requiere de nuevos avances en las políticas sociales y de cohesión y de más y mejores bienes públicos que respondan al interés común. Sólo así será posible superar los riesgos y el desorden que generan esta larga y difícil etapa de descarbonización de la actividad económica, urgencias climáticas, nuevos sectores productivos estratégicos y construcción de un nuevo orden mundial inclusivo, democrático y multilateral. Que pueda ser depende en parte de las exigencias de la ciudadanía a sus representantes políticos y del voto del 9 de junio.

 

Cambios institucionales y de política económica a debate en la UE