@MillanCandido | La estrategia política y mediática del ventilador. O de embarrar todo y a todos. ¡Qué fácil es asumir esta estrategia! Hay que pensar poco. Mejor, nada. Esto viene a cuento de la última sesión del Congreso en relación con la aprobación de la reforma laboral. La mayoría de los medios la han calificado de circo, vergüenza, espectáculo deprimente. Todos iguales. Totum revolutum. Y esa visión mayoritaria mediática la asume masivamente la sociedad. Mas, habrá que separar la paja del trigo. Vamos a ver, ¿quiénes montaron este espectáculo? Porque no lo hubiera habido, si los 2 diputados de UPN hubieran votado de acuerdo con lo que había determinado la ejecutiva de su partido. Y si el ínclito diputado del PP, hubiera votado lo que tenía que votar. Que tampoco debe ser tan difícil. Votar sí o no. Y confirmar. Es sencillo. ¿Qué estaría haciendo el ínclito diputado extremeño, uno de los dirigentes más importantes del PP? Bueno, si no sabe votar, ¿qué pinta en el Parlamento? Y si se ha metido el gol en su propia puerta, ¿qué hacemos? ¿Lo anulamos? ¿Que lo revise el VAR? Tiene narices. Ahí estuvo el problema. La ineptitud de este diputado les desmontó toda la estrategia a las derechas. Y a partir de ese momento, es cuando sobrevino el circo, gritos, aspavientos, que, si falta de respeto a la soberanía nacional, que si pucherazo, que iremos hasta el final, lo llevaremos al Tribunal Constitucional, etc. Ruido. Escándalo. Barro. ¿Quiénes fueron los culpables? Esto lo entiende cualquier persona normal, a no ser que esté aquejado de profundos prejuicios políticos, cada vez más extendidos en nuestra sociedad.
La aprobación del decreto sobre la reforma laboral, que había sido producto de una larga negociación tripartita, sindicatos, patronal y gobierno, que beneficia a millones de trabajadores, en un país con una democracia madura, no debía haber planteado problema alguno en el parlamento y debería haber sido un puro trámite. Además, era clave para que España pueda recibir a mediados de año 12.000 millones de euros, de los cuales 10.000 dependen de la reforma del mercado de trabajo y ser coherente con el componente 23 del plan nacional de reformas y resiliencia, es decir, con lo acordado entre Bruselas y Trabajo como líneas maestras de esa reforma laboral.
Tendrán que explicar esas derechas a los trabajadores y a la sociedad sus aplausos a rabiar, cuando en la primera intervención de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, notificó que la reforma no había sido aprobada. Es decir que aplaudían a rabiar porque no saliera una reforma laboral que beneficiaba a millones de trabajadores y que imposibilitaba la llegada de esa millonada de la Unión Europea. ¡Vaya patriotas!
Cabe pensar que esos millones de trabajadores tomarán buena nota de ello cuando vayan a depositar su voto en las próximas elecciones. Si no lo hacen, yo a esos millones de trabajadores no tendría otra opción que pensar que son masoquistas, porque votan a quienes arrebatan sus derechos, y además se regocijan de ello aplaudiendo hasta con las orejas. Si no es masoquismo, me puede decir alguien, ¿cómo calificamos este proceder? El comportamiento de las derechas en esta votación negativa contra la reforma laboral, me recuerda el de Andrea Fabra, la hija del gran Carlos Fabra -paradigma de la ejemplaridad pública- en el congreso cuando dijo, en medio de un debate sobre el desempleo, “¡que se jodan!”. Iba referido a los trabajadores, cuando el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció un recorte en las prestaciones por desempleo. Me vienen a la memoria las palabras de Jean-Paul Sartre: “Odio a las personas que respetan a sus verdugos”.
Hace ya tiempo que esta derecha, que ha gobernado en España y que aspira hacerlo en el futuro, ha perdido el norte
Ya hace tiempo que esa derecha, que ha gobernado en España y que aspira hacerlo en el futuro, de la otra no quiero ni mencionarla, ha perdido el norte. A su máximo dirigente, Pablo Casado, seguido por Teodoro García Egea y Cuca Gamarra, el epíteto más propio para calificar su actuación política, es el de desquiciados. Insultos cada vez más truculentos. Y además están destrozando las instituciones, como nunca desde la llegada de la democracia. Un gobierno elegido democráticamente es calificado de ilegítimo. Ahora con la última votación sobre la reforma laboral, como la presidenta del Congreso no se doblega a sus peticiones, hablan de ataque a la soberanía popular y de pucherazo. O lo que es lo mismo el Parlamento también es ilegítimo. ¿Habrá algún límite a este ataque a las instituciones? Según Adela Cortina para mantener y fortalecer la actividad política desde una ética democrática hay que exigir un compromiso irrenunciable de los políticos de proteger las instituciones básicas de nuestro Estado de derecho.
Pero ese deterioro institucional también podemos constatarlo en su negativa a aprobar la reforma laboral, insisto que había sido producto de una larga negociación tripartita, sindicatos, patronal y gobierno. No hay que olvidar el artículo 7 de la Constitución: Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Nuestra Constitución convierte a los sindicatos y las asociaciones empresariales en piezas básicas del sistema social y político, al ubicarlos, no por casualidad, en el Título Preliminar de la Constitución, junto a los partidos políticos (art. 6) y las Fuerzas Armadas (art. 8). Ese lugar tan significativo en el Título Preliminar añade un dato de sumo interés a estos efectos, pues les confiere la condición de representantes del conjunto de «la sociedad productiva», que en buena medida es la sociedad por entero; son los representantes «institucionales» de la producción y el trabajo dentro del sistema».
La patronal y los principales sindicatos han estado a la altura. Han hablado, han negociado y han logrado un acuerdo con la participación del gobierno. Mientras el diálogo social logra ese pacto, tan inédito como importante en un momento de polarización extrema y crisis mundial de la democracia, una parte de los diputados han votado en contra. Obviamente ese acuerdo empresarios-sindicatos debía ser ratificado en el Parlamento para que tuviera validez jurídica, donde reside la soberanía popular. Está claro que no existe la obligatoriedad de ratificarlo, pero no hacerlo supone no tener en cuenta o hacer caso omiso del artículo 7. O lo que es lo mismo supone deslegitimar en la práctica la función constitucional de sindicatos y patronales en “…la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios”. ¿De no haber sido aprobada la reforma en qué situación hubieran quedado sindicatos y asociaciones empresariales?
Dejando aparte la terminología de reforma o derogación. No conviene olvidar que esta reforma laboral que acaban de votar en contra las derechas -y también nacionalistas-, no tiene nada que ver con la que fue la reforma diseñada, desde el fundamentalismo neoliberal, por el primer gobierno del PP (Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero), e impuesta unilateralmente no sólo sin diálogo social sino contra el acuerdo que dos semanas antes habían suscrito sindicatos y patronal (II AENC sobre Empleo y Negociación Colectiva, de 25 de enero de 2012).
Es lamentable comprobar que lo logrado mediante el diálogo social es casi un espejismo en el Congreso como acabamos de comprobar el pasado jueves. Me parecen muy pertinentes las palabras de Antón Costas, catedrático de Economía, de su artículo "Elogio del acuerdo para la reforma laboral". Es muy elocuente: “Lo más relevante de la reforma es el camino para alcanzarla”. El camino fue el diálogo y la concertación, y a la vista de lo sucedido en el Congreso es evidente que ninguna forma parte hoy de nuestra cultura política. El esfuerzo, el tiempo, las resistencias y las renuncias que han tenido que aceptar todos los actores que han participado en el acuerdo permiten comprender mejor la exigencia de los actores sociales de que en su convalidación parlamentaria no se cambie “ni una coma”. Podría entenderse como una imposición inadmisible dado que la soberanía política, la potestas, reside en el Parlamento. Pero este no es el caso. Esa exigencia es la contrapartida lógica al esfuerzo de consenso social desarrollado. Además, hay que recordar que nuestra Constitución, establece a sindicatos y asociaciones empresariales como actores fundamentales de la vida económica y social, y ordena a los actores políticos fomentar su participación en las decisiones públicas. Esta democracia social mejora la democracia política, no la sustituye.
