Es una frase que a veces decía irónicamente don Enrique Tierno Galván, y el día 3 de febrero -en una jornada llena de sinrazones, mentiras, equivocaciones, y de nuevas mentiras y más mentiras- pareció cumplirse encarnada en la paradoja de que el secretario de organización del PP decidió la aprobación del decreto ley que recogía el pacto social Gobierno-Sindicatos-Patronales para la reforma laboral.
La jornada comenzó de manera brillante, con una intervención parlamentaria prácticamente magistral de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, continuó con la sinrazón de determinados partidos (como ERC, Bildu y BNG), que reclamándose de izquierdas llegaron -y lo mantuvieron- con el propósito de vitar a favor de que siguiera vigente el marco de relaciones laborales ideado en 2012 por el Gobierno del PP, y que ha acarreado a nuestro país una aberrante precariedad laboral, y un castigo continuado a la clase trabajadora. Un despropósito que a dichos partidos habrá que recordárselo casi de por vida.
Ese despropósito se entrelazó con la alevosía casi perfecta de los dos diputados de UPN, que mintieron durante todo el día en el Congreso de los Diputados, haciendo creer que cumplirían el mandato de su partido de votar favorablemente a la reforma, cuando tenían más claro que Judas el jueves santo, que iban a perpetrar una traición a su partido y a la propia palabra que ellos mismos no se cansaron de reafirmar.
El pacto social que se trataba de revalidar, y que finalmente (por una ironía del destino, que otros llaman justicia divina) acabó revalidándose, no era una mera derogación, sino que abordaba de manera constructiva problemas generados por la reforma de Rajoy, y problemas que venían también de mucho antes. Y ahí radica su importancia.
Es un pacto cuyo cumplimiento va a generar una estabilidad a nuestro marco laboral, con fórmulas que convertirá una gran parte de los contratos temporales en indefinidos, que evitará muchos despidos, implantando mecanismos similares a los exitosos ERTEs aplicados en la pandemia, y la fórmula del contrato como fijo discontinuo. Y que incrementará de manera muy positiva los salarios de las trabajadoras y de los trabajadores con empleos hasta ahora más precarios, gracias a la restitución del valor de la negociación colectiva y a la disminución de la temporalidad.
Algo beneficioso para el conjunto de los trabajadores, y especialmente para mujeres y jóvenes. Y también para las empresas y trabajadores, porque articula estabilidad y flexibilidad, y favorece la formación y recualificación en el marco de la empresa, posibilitando una mayor productividad y competitividad.
El tema venia acompañado además de un valor añadido: lograba una transversalidad, conveniente para la sociedad española, y beneficiosa, por sus resultados, para los trabajadores españoles. Ya que se había logrado sustituir la inexplicable deserción de ERC, Bildu y BNG, con un razonable acuerdo con Ciudadanos, UPN, PDCAT, los dos grupos canarios, los regionalistas cántabros, Teruel Existe, además de con Mas-Equo y Compromis.
A la hora de pasar a las votaciones, la jornada termina desvelando la mentira mantenida de forma sibilina a lo largo de más de ocho horas por dos individuos cuyos nombres, aunque ya han pasado a la historia de los alevosos, conviene retener, porque es muy posible que el futuro desvele al menos una parte del precio que le pusieron a su traición: Sayas y García Adanero, a quien la dirección de UPN ha decidido expulsarles del partido si no entregan el acta de diputados.
El tema habría acabado ahí, con la zancadilla infame (por acción y por omisión) a una alternativa que resuelve graves problemas pendiente de trabajadores y empresas, pero que además facilita que fluyan a nuestro país los fondos de recuperación, ya que esa reforma era además una exigencia de la Unión Europea. Pero la jornada tuvo una inesperada segunda parte, en la que -para terminar de ser completa- se terminó de saber quién es quién en el escenario político.
De pronto apareció un estrafalario personaje que había votado ese día de manera telemática unos dicen que veintiuna veces, y otros que diecisiete. El caso es que en todas las restantes votaciones él consideraba que el sistema de votación habilitado por el Congreso había funcionado, pero que en las dos votaciones que tenían que ver con la reforma laboral, sostiene que hubo un error del sistema informático.
La verdad es que el 3 de febrero nuestra Historia se escribió con renglones torcidos, pero que gracias a ellos tenemos una más que digna y eficiente reforma laboral
Y se presenta en el Congreso -ya con las puertas del hemiciclo cerradas para realizar las votaciones- con la pretensión de votar por segunda vez de manera presencial. Es decir: reclamando el privilegio de cambiar su voto, que es algo que no se le ha permitido en toda la historia a nadie. El personaje se llama Alberto Casero (sí los memes que circulan por las redes dicen eso de “Alberto te queremos”) y es, nada más y nada menos, que el secretario de organización del PP a nivel nacional: el fontanero del ínclito Teodoro García Egea. ¡Sí, el destino tiene sentido del humor!
Cualquiera puede equivocarse. Pero nadie ha tenido el privilegio de rectificar. Y para conseguirlo, el secretario de organización del PP, la portavoz, diputada Gamarra, la vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor, y Casado (sin olvidarnos de Egea), optan por mentir: de pronto se convierten en magos informáticos, capaces de determinar, sin aportar una sola prueba, que ha habido un fallo informático. Fallo, según los expertos, imposible, porque el voto de todos los que votaron telemáticamente se recogió bien, igual que se recogieron los votos del tal Casero, que tuvo ocasión, al votar, de aprovechar la oportunidad que le da el sistema de revisar su voto y confirmarlo o rectificarlo. El resto del proceso funcionó con normalidad.
Y este peregrino suceso se convierte en esa fabricación de sal gruesa a la que nos tiene acostumbrados el PP de Casado. Primero mintiendo, al aferrarse a un inexistente fallo del sistema. Después mintiendo sobre cómo se produjo la aparición de Casero en las Cortes y sobre la actuación de la presidenta del Congreso. Y después, con tal de “mantenella y no enmendalla”, recurriendo a la cantinela de siempre: acusaciones de pucherazo, de prevaricación, y de todo lo que pueda desacreditar el funcionamiento democrático de nuestro Estado de Derecho. Y de todo lo que pueda también aportar munición a esos magistrados del Constitucional que, como Arnaldo, en Génova consideran que han de obrar como vasallos de sus intereses.
La verdad es que el 3 de febrero nuestra Historia se escribió con renglones torcidos, pero que gracias a ellos tenemos una más que digna y eficiente reforma laboral. Ahora sólo queda esperar a que el Tribunal Constitucional se rescate a sí mismo de la sospecha de ser un tribunal trucado, y sepa respetar lo que han sido y son los hábitos y pautas de comportamiento de la Sede de nuestra Soberanía.
