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Las informaciones desveladas el pasado 12 de marzo por El Diario.es en relación a las actividades empresariales desarrolladas en los primeros meses de la pandemia por el Sr. González Amador, que con un entramado societario consiguió unos cuantiosos beneficios actuando como comisionista e intermediario en contratos que determinadas empresas realizaron con distintas administraciones públicas para la adquisición de mascarillas en los primeros meses de la pandemia, no hubiera tenido recorrido mediático trascendente si el citado Sr. González Amador hubiese sido un presunto defraudador fiscal más, descubierto por la Agencia Tributaria y llevado ante la Fiscalía.
El hecho que suscita que las noticias aparecidas sean de interés general es que el citado señor es la actual pareja de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Sra. Díaz Ayuso, y que según él mismo reconoció ante la Fiscalía cometió fraude fiscal (defraudó a las arcas públicas en torno a 350.000 euros) y además realizó emisión de facturas falsas (que suponen cometer delito de falsedad documental.
Dado que la Sra. Presidenta convive con su pareja en un lujoso piso en el centro de Madrid que el Sr. González Amador adquirió al parecer con los enormes beneficios(se han publicado al menos comisiones por 2 millones de euros) obtenidos por su labor de comisionista o intermediario en los contratos de adquisición de mascarillas a diversas empresas por partes de varias administraciones, parece obvio que la situación salpica en alguna medida a la Presidenta madrileña y genera sospechas, que se han incrementado cuando la Sra. Díaz Ayuso ha realizado una defensa encendida de su pareja, ha acusado a la Agencia Tributaria de realizar contra él una inspección fiscal salvaje añadiendo que no solamente no había acción delictiva alguna sino que Hacienda le debía 600.000 euros y que todo era un montaje que tenía como inductor al Gobierno de Pedro Sánchez. Mintió la Presidenta Ayuso en sede oficial de la Comunidad de Madrid, toda vez que el Sr. González Amador ya había admitido con anterioridad, en escrito dirigido a la fiscalía, la comisión de los delitos de fraude fiscal y falsedad documental. Ciertamente las reacciones y declaraciones de la Presidenta Ayuso no ayudan para clarificar su grado de conocimiento de las actividades delictivas de su pareja ( han sido reconocidas por el Sr. González Amador), ni del cuantioso enriquecimiento de su pareja en un plazo temporal pequeño y que parece coincidir con las cuantiosas cantidades percibidas como comisionista o intermediario en los peores momentos de la pandemia.
No es el objeto principal de este artículo analizar y exponer una opinión sobre las responsabilidades políticas que la Sra. Ayuso pudiese tener en este asunto, ni tampoco explorar el recorrido penal que el mismo pueda tener en el futuro para su pareja; estoy seguro que se hablará y escribirá mucho sobre ello.
Lo expuesto hasta ahora era una introducción necesaria para mostrar de manera sucinta el escenario en que se ha producido el hecho que da título a este artículo, es decir la amenaza que el Jefe de Gabinete de la Presidenta Ayuso, Sr. Miguel Ángel Rodríguez ha proferido contra el periódico El Diario.es y que remitida por un WhatsApp decía lo siguiente: "Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar".
Aunque parece realmente increíble, esta amenaza en un tono de matón de barrio, no la realiza una persona particular y anónima, sino un alto cargo del gobierno de la Comunidad de Madrid, el jefe de gabinete de la Presidenta y ello es de enorme gravedad.
Esa amenaza trata de limitar el libre ejercicio de derechos fundamentales recogidos en el artículo 20 de nuestra Carta Magna mediante la intimidación
Esa amenaza trata de limitar el libre ejercicio de derechos fundamentales recogidos en el artículo 20 de nuestra Carta Magna mediante la intimidación. Este artículo recoge en su apartado 1a el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra el escrito o cualquier otro medio de reproducción y en el apartado 1d a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. En su apartado 2 indica que el ejercicio de los derechos recogidos en este artículo no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
En un Estado social y democrático de Derecho como es España, un intento de violentar mediante la intimidación y la amenaza el libre ejercicio de un medio de comunicación y sus profesionales para dar las informaciones que creen tienen interés general y se ajustan a la veracidad, no puede sostenerse. El cargo público que la realice no puede mantenerse un día más en su puesto. Su cese debe ser fulminante y si la Presidenta Ayuso no lo ejecuta de inmediato , se convierte en CÓMPLICE de ese matonil intento de coartar el derecho fundamental de los medios a informar con veracidad y asimismo el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz desde ellos.
Expresaba líneas arriba que me parecía realmente increíble que en democracia un alto cargo de la Administración amenace a medios de comunicación y sus profesionales por ejercer su derecho a informar a la ciudadanía, más es cierto también que en el caso que nos ocupa el hecho no parece tan increíble dada la trayectoria del Sr. Miguel Ángel Rodríguez. Veamos.
En 1997 este señor, siendo Secretario de Estado para la Comunicación en el Gobierno presidido por el Sr. Aznar, fue denunciado por el fallecido empresario Sr. Antonio Asensio, presidente de Antena 3 en aquellas fechas, por haberle amenazado con represalias contra él y sus empresas si llevaba a cabo el pacto con Canal Plus para los derechos televisivos de los clubes de fútbol; parecía que el gobierno Aznar prefería que fuese Telefónica , presidida por el amigo del Presidente Aznar, Sr. Villalonga, quien obtuviese esos derechos televisivos.
Esa acusación de amenaza la realizó el fallecido Sr. Asensio en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados indicando que se produjo el día 24 de diciembre de 1996 . Esta acusación causó una gran conmoción social y política.
Otro episodio en la trayectoria vital del Sr. Miguel Ángel Rodríguez mostró otra vez el perfil de este señor, que parece poco compatible con el comportamiento exigible en democracia a cualquier ciudadano , más aún si éste ha ostentado importantes cargos públicos.
En el marco del llamado caso Leganés (marzo 2005), que en mi opinión debió llamarse caso Lamela, el Dr. Luis Montés, entonces responsable del servicio de urgencias del hospital Severo Ochoa, fue acusado de haber realizado cuatrocientos homicidios desde una denuncia anónima y falsa a la que sorprendentemente la Consejería de Sanidad dio cierta credibilidad.
La justicia determinó que la actuación profesional del Dr. Luis Montes y sus colaboradores no habían incurrido en ninguna irregularidad y en consecuencia el Dr. Montes fue absuelto; sólo como dato informativo diré que la práctica médica de los colegas del Servicio de Urgencias del Severo Ochoa permitía una muerte digna a personas en fase terminal y es hoy una buena práctica médica recogida en el Código Deontológico de la Organización Médica Colegial española.
El Sr. Miguel Ángel Rodríguez, en enero del año 2008 en el programa 59 segundos de Televisión Española, llamó nazi en cinco ocasiones al Dr. Luis Montes, volvió a hacerlo en febrero de ese mismo año en el programa La Noria de Telecinco.
El Dr. Montes interpuso una querella contra Miguel Ángel Rodríguez quien fue condenado por un delito continuado de injurias graves realizado con publicidad, a pagar una multa de 10.000 euros y a indemnizar al Dr. Montes con 30.000 euros.
Con este perfil biográfico, ya parece menos sorprendente que este señor haya tenido la osadía, desde el puesto de jefe de gabinete de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, de intentar mediante amenaza e intimidación impedir el ejercicio del derecho fundamental a dar información veraz de los profesionales del Diario.es y pretender asimismo restringir el derecho fundamental de los ciudadanos a recibir información veraz.
Díaz-Ayuso debe proceder de inmediato al cese fulminante de Miguel Ángel Rodríguez
Es por ello y para evitar que la tentación de amenazar a cualquier medio de comunicación o periodista pueda repetirse, se hace imprescindible que las Instituciones del Estado respondan con contundencia para poner freno a cualquier intento de restricción de los derechos fundamentales recogidos en el artículo 20 de nuestra Constitución y en consecuencia la Presidencia de la Comunidad de Madrid como máxima institución del gobierno regional debe proceder de inmediato al cese fulminante del Sr. Miguel Ángel Rodríguez.
Para concluir, quiero manifestar en este asunto mi absoluto apoyo al Director y conjunto de profesionales de Diario.es y animarles a que pese a las amenazas e intimidaciones nos sigan proporcionando informaciones veraces y de interés.
Estos días, el objetivo ha sido El Diario.es, pero si no se reacciona con firmeza en el marco de nuestro estado democrático, quizá mañana pueden ser otros diarios y profesionales quienes puedan ser intimidados por quienes ejercen el poder político de una forma incompatible con los valores democráticos.
Frente a quienes publican falsedades y mentiras desde determinados medios, defendamos el verdadero periodismo y a quienes lo ejercen.
