En España, 4,38 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad. Si ponemos el foco en el mercado de trabajo hay que decir que casi 2 millones, 1.929.400 personas, se encuentran en edad de trabajar (de 16 a 64 años), el 43,2% son mujeres (833.500) y el 56,8% son hombres (1.095.900).
Pero, a pesar de 40 años de políticas activas de empleo para las personas con discapacidad, la tasa de inactividad sigue siendo un dato especialmente alarmante para un elevado número de ciudadanos y ciudadanas porque 1.261.200 personas con discapacidad están fuera del mercado laboral.
A pesar de las ayudas e incentivos a las empresas para la contratación de personas con discapacidad y la obligación que establece el marco legislativo en cuanto a la cuota de reserva, todavía encontramos que la participación laboral de las personas con discapacidad es muy baja.
Las enormes dificultades en el acceso y permanencia en el mercado laboral son evidentes: acceden al mercado de trabajo en menor proporción que las personas sin discapacidad, y cuando acceden, lo hacen en puestos de menor cualificación, mayor precariedad marcada por la temporalidad, los contratos a tiempo parcial y bajas retribuciones salariales.
Y la primera consecuencia de lo dicho hasta ahora es que esta brecha laboral de las personas con discapacidad del mercado de trabajo en nuestro país se traduce en riesgos reales de pobreza y exclusión social.
El empleo se muestra como un mecanismo de inclusión que debe posibilitar la seguridad e independencia económica
La exclusión sistémica y estructural de las personas con discapacidad del mercado de trabajo, con dificultades severas de acceso a bienes sociales básicos y al ejercicio regular de derechos fundamentales, hace necesario que en la acción política y legislativa esté presente la discapacidad desde un enfoque exigente de derechos humanos, de inclusión y de extensión de bienestar.
El empleo se muestra como un mecanismo de inclusión que debe posibilitar la seguridad e independencia económica, la vida independiente y, en definitiva, la posibilidad de evitar la exclusión social y la pobreza.
En un mundo del trabajo marcado por profundos cambios nos enfrentamos como sociedad a un enorme reto, porque si queremos hacer una sociedad justa, equitativa, más democrática, no podemos desatender las demandas de nuestros conciudadanos en sus justas reivindicaciones y aspiraciones de desarrollo personal y social a través del trabajo.
ABRIR EL DEBATE EN NUESTRA SOCIEDAD
Por eso, considero urgente abrir un amplio debate en nuestra sociedad sobre la educación y la formación de las personas con discapacidad con el objetivo de garantizar la educación inclusiva y de calidad de los menores con discapacidad, asegurando también la formación a lo largo de la vida, facilitando itinerarios personalizados focalizados en la formación profesional que potencie y mejore su empleabilidad. Así, con una nueva radiografía de la configuración de las personas con discapacidad, es fundamental poner el foco en la discapacidad sobrevenida, en un mercado de trabajo con una población laboral más envejecida y con carreras profesionales cada vez más largas, para evitar la expulsión de su entorno laboral debemos garantizar la formación y recualificación a las personas que adquieran una discapacidad sobrevenida.
El Diálogo Social debe ser la fórmula para lograr la inclusión laboral de las personas con discapacidad
En este contexto, desde UGT reivindicamos que el Diálogo Social debe ser la fórmula para lograr la inclusión laboral de las personas con discapacidad y la necesaria transformación del empleo de las personas con discapacidad, superando el formato de la formulación de las políticas activas de empleo de las personas con discapacidad mediante el dialogo civil.
Esta transformación debe dirigirse a superar la dualidad de mercado de trabajo protegido y mercado de trabajado ordinario, ajustando el empleo de las personas con discapacidad a los requerimientos realizados a España por Naciones Unidas en el Documento de las Observaciones Generales nº 8 sobre el derecho de las personas con discapacidad al trabajo y al empleo, donde solicita la eliminación del empleo segregado de personas con discapacidad para garantizar su derecho a un trabajo digno y decente.
Asimismo, un mercado de trabajo inclusivo con las personas con discapacidad debe tener un nuevo sistema de compatibilidad de prestaciones sociales con la actividad laboral, que, entre otras cuestiones, aborde la falta de ingresos de las personas con discapacidad que por esta circunstancia desarrollen un empleo a tiempo parcial. Así, como actualizar el modelo de centro ocupacional, superando el modelo rehabilitador y desincentivador del empleo, favoreciendo el aprovechamiento de las oportunidades laborales de las personas con discapacidad.
Este nuevo modelo obligará a potenciar los servicios de intermediación especializados, manteniendo la colaboración público-privada, pero será preciso la especialización en la intermediación laboral en los Servicios Públicos de Empleo para que pueda realizar una labor de atención y asesoramiento personalizado con itinerarios laborales para personas con discapacidad.
Será otro de los grandes retos rediseñar las políticas activas de empleo tendentes a garantizar el acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad, intensificándose, fundamentalmente para los colectivos de mayores dificultades de inserción laboral (discapacidad intelectual, trastornos del espectro autista, parálisis cerebral, discapacidad psicosocial, discapacidad sensorial grave) y para las mujeres con discapacidad, apostando por un modelo laboral que garantice un marco equitativo respecto de las condiciones laborales y salariales de las personas trabajadoras con discapacidad, evitando cualquier “fórmula proteccionista” que posibilite la degradación de sus salarios o condiciones laborales.
Atender y promover los derechos de las personas con discapacidad desde la acción sindical en general, la negociación colectiva en particular, y a través del Dialogo Social es una prioridad para UGT. Como sindicato desempeñamos un papel clave en la lucha a favor de la igualdad y en contra de la discriminación, a través de la representación de los intereses de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad, siendo necesario apostar por el Dialogo Social que debe materializarse en la creación de una mesa de negociación especifica en materia de discapacidad que aborde el empleo de las personas con discapacidad y su protección social, donde plasmar grandes consensos que se dirijan a transformar estructuralmente el empleo de las personas con discapacidad y avanzar en el pleno ejercicio de sus derechos.
Mariana Prieto | Secretaria general de UGT Madrid
