- UGT considera que hay que prestar una especial atención a los trabajadores y trabajadoras que sufren una discapacidad sobrevenida.
- Exige normas y la adopción de protocolos en las empresas para garantizar la permanencia de estas personas en los centros de trabajo y la adaptación de los puestos de trabajo a sus necesidades.
En nuestro país, la protección y la cobertura de las situaciones de discapacidad, siempre se han formulado desde el punto de vista de una discapacidad de nacimiento, y han estado orientadas a dotar de instrumentos a las personas con discapacidad para su futuro profesional y a conseguir su inclusión sociolaboral.
Las políticas sociales en pro de la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad han puesto más el acento en la importancia de medidas como la atención temprana, y las políticas educativas y formativas, y de medidas de empleo. Al igual que el colectivo de personas mayores con una discapacidad, la cual está asociada al natural deterioro de la salud de las personas, por motivo del envejecimiento mismo de la población y que son objeto de múltiples actuaciones.
En cambio, los grandes olvidados de las políticas de atención a la discapacidad son las personas trabajadoras a las que les sobreviene una discapacidad por motivo de una enfermedad o un accidente, y que puede convertirse en una barrera insalvable y ser el motivo de su expulsión del mercado laboral. El tratamiento de la discapacidad sobrevenida en el ámbito laboral, es uno de los grandes olvidados en nuestro ordenamiento jurídico.
Consciente de este hecho, UGT estima que es hora de prestar más atención a la discapacidad sobrevenida y que es fundamental que la legislación ampare a las trabajadoras y trabajadores con una discapacidad sobrevenida, tanto por motivo de enfermedad común o profesional, como por accidente sea o no laboral.
La legislación española debe integrar el acuerdo adoptado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006 por Naciones Unidas y firmada y ratificada por nuestro país en 2007, y en coherencia con ello, garantizar la continuidad en los centros de trabajo de aquellas personas trabajadoras con una discapacidad sobrevenida.
UGT reivindica, además, la implantación de criterios y mecanismos de permanencia, tanto para las empresas, como para la Administración y los servicios públicos, en función de las circunstancias que se presenten.
Asimismo, considera fundamental impulsar políticas activas de empleo para este colectivo y establecer normas que garanticen entornos laborales accesibles, realizando cuantos ajustes sean necesarios, para una correcta adaptación del puesto de trabajo en función de la discapacidad que se trate y adaptando el puesto de trabajo a la capacidad del trabajador o trabajadora.
Demanda, además, que se pueda cualificar a la persona trabajadora, en función de su nueva capacidad, y garantizar que en ningún caso puedan mermarse sus condiciones laborales. En el mismo sentido, es necesario que se implanten protocolos específicos en las empresas y la adopción de medidas formativas, de reciclaje y adaptación a las condiciones de su puesto de trabajo.
UGT estima que es hora de lograr un verdadero compromiso global en pro de un entorno social y laboral inclusivo, y abandonar el enfoque que responsabiliza exclusivamente a las personas con discapacidad, haciendo que se autoexcluyan y exigiéndoles que sean ellos los que se integren y se adapten.
