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Herbert Marcuse escribió en su libro Razón y revolución que la derrota del fascismo y del nacionalsocialismo no había detenido la tendencia hacia el totalitarismo. La libertad estaba en retirada, tanto en el dominio del pensamiento como en el de la sociedad. Ni la idea hegeliana ni la idea marxista de razón se habían acercado a su cumplimiento; ni el desarrollo del espíritu ni el de la revolución habían tomado la forma que contemplaba la teoría dialéctica. Sin embargo, estas desviaciones eran inherentes a la estructura misma que esta teoría había descubierto, no vinieron desde el exterior; no eran inesperadas.
Lawrence Dennis, en su libro en defensa de la política fascista, hace gala de la abdicación del pensamiento cuando aboga por un método “científico y lógico”, que tendría como “supuesto central” que los hechos son normativos, es decir, que han de determinar las reglas por tener supremacía sobre ellas. “Una regla que contradiga un hecho carece de sentido”.
Gentile, teórico del fascismo italiano, descarta el principio fundamental de todo idealismo, proclamando que existe un antagonismo y una tensión entre el pensamiento o espíritu y la realidad. El autoritarismo descarta el pensamiento crítico y es antidialéctico, a cambio sustenta la acción como hecho y, por tanto, prescriptiva. El conservadurismo más retardatario se fundamenta en la ideología de la no ideología, en su presunta actuación sobre hechos y no ideas. Estar supuestamente por encima de las ideologías supone actuar en la psicología de lo materialmente verdadero, y por consiguiente, inmune al formato polémico de la política y la sociedad, no es discutible lo que es, incluso en su misma irracionalidad.
Ya nos advirtió Montesquieu cuando afirmó que una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa
Como afirma Helio Piñón, las ideologías hipotéticamente científicas no difieren esencialmente de las otras; solo en la medida que en que no son asumidas como tales por sus defensores consiguen reproducir falsa consciencia con supuesta impunidad.
El problema se presenta cuando los hechos se construyen desde paradigmas ideológicos. Es la gravosa circunstancia de la que nos advirtió Montesquieu cuando afirmó que una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa. Los jueces deben actuar sobre hechos, pero ¿qué ocurre cuando el hecho se construye desde una opinión o un prejuicio interesado?
Tipificar como delito de terrorismo los desórdenes públicos, la forzada vertebración de una narrativa conducente a un paradigma para que los hechos sean reconducidos y reordenados hacía una conclusión parcial, la utilización de los aparatos del Estado para la creación artificial de realidades falsas para una acción punitiva contra el adversario político, que son los instrumentos de los poderes fácticos, las puñetas afines y los mass media complacientes, nos conduce a la criminalización de la disidencia y, como consecuencia, la abolición de la calidad democrática del sistema.
Ello tiene mucho que ver con un caudillismo que nunca fue vencido ni siquiera amonestado; los jueces que el viernes salieron del Tribunal de Orden Público (TOP) para pasar el fin de semana en sus casas el lunes ocuparon sus mismos despachos en la Audiencia Nacional (AN); los policías de la Brigada Político Social siguieron en las comisarias para, algunos de ellos, ser condecorados por la democracia por sus servicios; los antiguos ministros de Franco organizaron la derecha democrática; el jefe del Estado fue el que el caudillo había preparado desde la infancia para tan alta función. Según Baltasar Garzón: "Muchos se rasgan ahora las vestiduras cuando se habla de lawfare a la justicia española... pues claro que hay lawfare, aquí, en el Brasil, y si no que se lo digan al presidente Lula. No se puede instrumentalizar la justicia en la línea de un interés político y de persecución política de cualquier grado, y no hacerlo cuando es en defensa de las víctimas". Y esto ocurre porque “el poder judicial está transversalmente preñado de concepciones franquistas".
Un individuo puede arrepentirse de haber cometido un homicidio, un robo, una estafa, pero no puede arrepentirse de sus ideales
La deriva que supone una justicia ideológica y militante, la que construye los hechos desde un sesgo marcadamente político, no deja espacio para una democracia plena. En el caso del nacionalismo catalán y la amnistía del Gobierno a los condenados del procés, delincuentes-que-no-se-arrepienten constituye un sintagma nominal difícil de romper por su construcción maliciosamente cerrada. Y es el principal argumento de la derecha: la falta de arrepentimiento. Lo que sucede es que un individuo puede arrepentirse de haber cometido un homicidio, un robo, una estafa, pero no puede arrepentirse de sus ideales, de su pensamiento, de su concepto ideológico de la realidad. Pero todo es distinto si estos delincuentes-que-no-se-arrepienten son terroristas. Empero, todos los españoles de cierta edad saben lo que es el verdadero terrorismo y los años de plomo que tuvo que vivir España.
Pero a pesar de todo ello los jueces del caso Tsunami Democràtic y Voloh le han ganado el pulso a un errático partido Junts y han conseguido que la organización independentista actúe de quijada de asno cainita contra el gobierno progresista de coalición. Parecen no entender Puigdemont y sus équipiers que desmantelar la mayoría parlamentaria que sostiene al gobierno de Sánchez adhiriéndose al voto del PP y Vox les augura un negro porvenir de proscritos y peligrosos terroristas.
