En España, la mayoría democrática y plurinacional ha frenado la deriva institucional derechista, se pretende encauzar el conflicto catalán -ley de amnistía-, se han aprobado -con el voto favorable de Podemos y la abstención de Junts- los dos planes socioeconómicos contra la crisis y es previsible un acuerdo con los presupuestos generales que consolide unos mínimos compartidos en la política social, económica y fiscal que garantice la continuidad de la legislatura, al menos a medio plazo.
- La injusticia para personas desempleadas mayores de 52 años
- El fracaso parlamentario, la ruptura en la izquierda y la necesidad de recomposición
En ese marco de pacto progresista y plurinacional de la investidura de Sánchez, con cierta garantía de estabilidad gubernamental y parlamentaria frente a la estrategia derechista, se ha producido el desencuentro sobre el decreto del subsidio de desempleo, entre Podemos y el Gobierno de coalición, que ha provocado su no aprobación parlamentaria, con el correspondiente conflicto político, en especial con Sumar que protagonizaba su contenido.
Recorte social a un sector vulnerable y un mal precedente para una dinámica de progreso, en defensa del interés de las capas populares y el bienestar general
No se trata de un desajuste normativo más o un tema secundario. Y aunque es una medida parcial en esa trayectoria compartida frente a las derechas reaccionarias, está rodeada de una fuerte controversia en la que se dilucida un doble componente. Por un lado, su carácter de recorte social a un sector vulnerable y, por tanto, su papel como mal precedente para una dinámica de progreso, en defensa del interés de las capas populares y el bienestar general. Por otro lado, su impacto en los procesos de legitimación de los actores políticos, en particular entre el promotor, el Ministerio de Trabajo con Yolanda Díaz a la cabeza, que busca consolidar su hegemonía representativa en el espacio a la izquierda del PSOE, y la dirección de Podemos y su capacidad de iniciativa política una vez salido del grupo parlamentario conjunto y su apuesta por demostrar su representatividad en las elecciones europeas con un perfil diferenciado y, según ellos, no reconocida en su pertenencia a la coalición.
En definitiva, se trata de evaluar el hecho en sí mismo, el carácter (in)justo del recorte incorporado en el decreto -la reducción de la cotización de los mayores de 52 años, con minoración de su futura pensión-, la valoración comparativa entre esa medida negativa -o justificada- del decreto, y otras medidas positivas, reconocidas por todas las partes -excepto por las derechas-, y los motivos y efectos político-electorales de esa falta de acuerdo entre la dirigencia de Sumar (y PSOE) y la de Podemos.
La injusticia para personas desempleadas mayores de 52 años
El subsidio de desempleo no tiene carácter contributivo, se percibe al agotarse la prestación contributiva de paro y siempre cuando la persona reúna la condición de no tener más del 75% del SMI en otras rentas y ser despedida; pero se referencia con el 80% del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), aprobado en 2004, con un valor similar entonces al SMI, de 460 euros. Actualmente está congelado en 600 euros -casi solo la mitad que el SMI-, por lo que el subsidio asciende a 480 euros. Como se ve es una fórmula intermedia con las RAI (Renta Activa de Inserción), cuando debería referenciarse mejor con el SMI, ya que estamos hablando de un estatus con vinculación al mercado de trabajo, o sea a la población ‘activa’, parada con disponibilidad para el empleo.
Hoy ese 80% del SMI son 907 euros, que debiera ser la referencia para el subsidio de paro en una reforma progresista ambiciosa, y que ya fue truncada hace veinte años
Dicho de otro modo, inicialmente su importe era similar al 80% del SMI; pero, con aquel cambio normativo y el incremento sustancial del SMI en los últimos cinco años -el 47%- se produjo un gran distanciamiento de ambos, con una gran desventaja comparativa del subsidio. Hoy ese 80% del SMI son 907 euros, que debiera ser la referencia para el subsidio de paro en una reforma progresista ambiciosa, y que ya fue truncada hace veinte años.
En este caso, la propuesta del decreto y su carácter ambivalente estaba sometida a la presión neoliberal -la lógica del Ministerio de Economía- para individualizar la responsabilidad del paro y justificar sus menores derechos y, al mismo tiempo, considerar obsoletas a las personas mayores de 52 años para su recuperación para el empleo, sin políticas activas adecuadas y el mantenimiento de unos ingresos mínimos de carácter meramente asistencial, con reducción de sus pensiones futuras; o sea, deriva hacia un complemento como el de las rentas mínimas de inserción de las CC.AA., ahora también parcialmente absorbidas por la RAI o el IMV, con pérdida de sus referencias y derechos sociolaborales y de pensiones públicas como personas trabajadoras activas.
Las prestaciones de desempleo se pusieron en vigor con el gobierno republicano, se confirmaron en 1961 y se ampliaron en 1985. Como se sabe, en 2007, el primer Gobierno del socialista Rodríguez Zapatero, ante esa pérdida de derechos por la desvinculación con el SMI y su escasa remuneración, la no suficiencia de la cotización para acceder a las pensiones mínimas contributivas y la traslación generalizada a los complementos a mínimos -conseguidos por la gran huelga general del 14 de diciembre de 1988- decide ampliar la cotización con cargo al Estado del 100% al 125% del SMI (no del IPREM).
Fruto del acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, en 2019, se revirtieron esas dos medidas y se confirmaron la cotización por el 125% del SMI y los 52 años para su acceso
O sea, a pesar de la reducción y el asistencialismo del subsidio de desempleo para mayores de 52 años, se le reconoce el derecho a una pensión contributiva suficiente. Es una compensación solidaria de la Seguridad Social sobre la expectativa de una pensión básica -que debiera si no ser complementada a mínimos-, en este caso tras la vida prolongada de hasta quince años de un subsidio escaso, en torno a la mitad del umbral de la pobreza (en 2023: 10.888 euros anuales: 907 euros mensuales en 12 pagas); o sea, prácticamente, en pobreza severa.
Pues bien, el Gobierno del conservador Mariano Rajoy, en su gran recorte sociolaboral de 2012, redujo esa cotización pública para la pensión hasta el 100% y retrocedió la edad de acceso a los 55 años. Pero fruto del acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, en 2019, se revirtieron esas dos medidas, o sea, se confirmaron la cotización por el 125% del SMI y los 52 años para su acceso, que es donde nos encontramos… hasta el intento de esta nueva reducción.
Consiste en la rebaja de la cotización pública a la Seguridad Social para los nuevos perceptores mayores de 52 años, con una merma gradual de cinco años, a un 5% anual, hasta su pleno vigor en 2028 y la correspondiente penalización para sus pensiones futuras. Es decir, el conjunto de los actuales perceptores, un total de 700.000 no se verían beneficiados ni perjudicados. El decreto tenía impacto a partir de junio de 2024; su anulación no revierte ninguna mejora significativa de prestaciones.
El fracaso parlamentario, la ruptura en la izquierda y la necesidad de recomposición
En la negociación preliminar en el seno del Gobierno entre el ministerio de Economía -Calviño/PSOE- y el ministerio de Trabajo -Díaz/Sumar- para elaborar el decreto sobre el subsidio de desempleo hay un choque entre dos orientaciones con un supuesto empate problemático. Por un lado, en los primeros, existe la presión neoliberal por reducir el gasto social, especialmente de las pensiones públicas, desincentivar la suficiencia del subsidio de desempleo y consolidar la cultura de subsidiaridad de la protección social. Por otro lado, en los segundos, con la demanda popular de fondo, trataban de mejorar esa protección pública y aspirar a una mayor legitimidad cívica por su actuación gubernamental en esta materia.
El fiasco de su fracaso parlamentario denota, como afirman fuentes socialistas, la incapacidad negociadora de la vicepresidenta Yolanda Díaz con la dirección de Podemos
El resultado normativo fue este empate insatisfactorio, un acuerdo contradictorio entre la mejora de unos colectivos vulnerables a cambio del empeoramiento de otros. Pero, desde el punto de vista político, el fiasco de su fracaso parlamentario denota, como afirman fuentes gubernamentales socialistas, la incapacidad negociadora de la vicepresidenta Yolanda Díaz con la dirección de Podemos para llegar a un acuerdo razonable, como han conseguido ellos mismos respecto de los otros dos decretos anticrisis consensuados.
Queda pendiente para la próxima etapa la negociación de otro equilibrio, mediando el diálogo social que promueve el Ministerio de Trabajo. Aunque el propio Partido Socialista, tras haberle endosado el marrón de liderar esa posición ambivalente, y visto el fiasco precedente, avanza su pretensión intermediadora, en particular con Podemos para superar el desacuerdo con la modificación del decreto. El reto es consensuar una salida de fondo progresista con la reafirmación de lo positivo y la eliminación de lo negativo o problemático.
En su conjunto, el fracaso parlamentario del Gobierno ha ido acompañado de una polarización del relato sobre su sentido, sus causas y las responsabilidades de cada actor para defender sus respectivos intereses de legitimación político-electoral. La mayoría de medios ha querido trasladar la responsabilidad del conflicto exclusivamente a intereses espurios o venganzas personales de la dirección de Podemos. Se desconsidera el contexto de la persistente estrategia para su aislamiento político y su objetivo para afianzar su espacio político-electoral, considerados ilegítimos; pero, sobre todo, se esconde la razón objetiva en que se asienta esa discriminación concreta hacia los nuevos perceptores del subsidio para mayores de 52 años y su profundo significado.
Se esconde la razón objetiva en que se asienta esa discriminación concreta hacia los nuevos perceptores del subsidio para mayores de 52 años y su profundo significado
No obstante, según insinúan fuentes socialistas, la realidad expresa los límites de la estrategia negociadora y de capacidad articuladora de la dirigencia de Sumar, con su empecinamiento en la exclusiva bondad del decreto y su irreformabilidad sustantiva, así como su desconsideración hacia la representatividad e interlocución con Podemos, al que consideraban incapaz de ofrecer resistencia parlamentaria o, en su caso, acentuar su debilitamiento.
El choque ha sido durísimo. El balance para las izquierdas es desastroso: perjudica la credibilidad gubernamental para implementar su política sociolaboral, dejando ver que existen claroscuros en sus políticas y sus alianzas. La lección es la necesidad de un mayor proceso dialogador e integrador de todos los grupos parlamentarios del bloque democrático-plurinacional, en particular el de Podemos -aparte del de Junts con la amnistía-, cuestión que parecía admitida por la dirección socialista tras su salida del grupo parlamentario de Sumar, marcando una diferencia respecto de la estrategia antipluralista por su marginación.
La lección es la necesidad de un mayor proceso dialogador e integrador de todos los grupos parlamentarios del bloque democrático-plurinacional
Así, indirectamente, sale favorecido el Partido Socialista con un talante público más pragmático y menos sectario, consciente de la prioridad de garantizar un acuerdo con todas las fuerzas de la investidura para avanzar en derechos sociales y neutralizar las duras ofensivas de las derechas. Y, por otro lado, se ha incrementado el distanciamiento entre ambas fuerzas a su izquierda, restándoles influencia transformadora.
En definitiva, frente al supuesto objetivo de la mejora global del subsidio de desempleo, los datos oficiales -mirados desde el punto de vista fiscal como prevención del incremento del gasto público- demuestran que no se incrementa la inversión pública para las personas desempleadas. Lo que se produce es un desplazamiento; se reduce a un colectivo desfavorecido y se incrementa a otro. Pero el balance político e ideológico no es neutro.
Desde el punto de vista progresista, de la solidaridad, la cohesión social y la defensa de una vida digna, especialmente, para las personas desempleadas, implementar esa merma de esas pensiones futuras y esa división social no es un avance sino un retroceso político, social y cultural. La no aprobación del decreto, sin que su tramitación como proposición de ley tuviese la garantía de retirar ese recorte, no anula la posibilidad de adoptar las medidas positivas que se iban a aplicar a partir de junio de 2024. Al contrario, ofrece la oportunidad mediante un acuerdo social y político global, incluido Podemos, de una mejora sustantiva de la protección a las personas desempleadas y pensionistas, con una reorientación discursiva en beneficio del interés compartido y una legitimación de los actores sindicales y políticos, cuya pugna competitiva se ha puesto de manifiesto.
Lo que se produce es un desplazamiento; se reduce a un colectivo desfavorecido y se incrementa a otro. Pero el balance político e ideológico no es neutro
Las izquierdas demostrarían que son capaces de dialogar y adoptar medidas beneficiosas para un colectivo especialmente vulnerable y, en general, para las capas populares, ensanchando el campo de una izquierda alternativa y útil para la sociedad en un reequilibrio menos desfavorable frente a la creciente hegemonía socialista y del bipartidismo. Y, sobre todo, constituiría una palanca fundamental para consolidar el bloque democrático y plurinacional y asegurar una orientación democratizadora y de progreso social. Todo ello está condicionado por los distintos intereses corporativos de cada espacio político por ganar representatividad, particularmente en las elecciones europeas, eslabón de realismo político para encarar la recomposición relacional de la izquierda transformadora y el pulso legitimador progresista frente a las derechas. El objetivo compartido debiera ser, frente a la amenaza de involución derechista, garantizar la continuidad de la estabilidad gubernamental con el avance de derechos y el proceso reformador de progreso.
