Llevamos unos días en los que, desde muy diferentes ámbitos, políticos, empresariales, sindicales, sociales, se viene reclamando un Acuerdo de Estado para salir de la crisis.
Algo se ha movido en el país para que una idea que los sindicatos venimos planteando desde 2009, con más bien escasa acogida y fortuna, se haya convertido, en tema de tertulia y debate en foros de todo tipo.
Creo que la chispa que ha desencadenado el incendio ha sido la publicación de los datos del paro en la Encuesta de Población Activa (EPA) que ha roto la frontera de los seis millones de personas paradas. 6.202.700 personas en desempleo. Más de una de cuatro personas trabajadoras en el paro.
Durante el primer trimestre de 2013, casi todo el empleo perdido es empleo asalariado. Desciende la tasa de ocupación, la población activa, la tasa de actividad. El paro entre los jóvenes o los inmigrantes es muy superior a la media. 1.900.000 hogares tienen a todos sus miembros en paro. Sólo una de cada tres personas paradas tiene prestación por desempleo. La pobreza alcanza a cada vez más gente a causa del paro y de los recortes en la protección social.
El primer problema del país es el paro. Las reformas laborales y los recortes sociales no han contribuido en nada a solucionarlo. Más bien todo lo contrario. Pero lo grave no es sólo la situación dramática actual. Lo dramático es que no hay nada en el futuro, ni tan siquiera a medio plazo, que permita ver soluciones para el problema.
Vamos a seguir perdiendo Producto Interior Bruto, riqueza nacional. Nuestro déficit no va a reducirse drásticamente. La mejora de nuestras exportaciones, cuando Europa entera camina hacia la recesión, no nos va a salvar. El margen de tiempo para reducir el déficit se amplía, pero aún así nos condena a más recortes, como los ya anunciados en Sanidad y atención a la dependencia. El rechazo político y social generado por la situación es cada vez mayor. El descrédito de la política y de las instituciones es cada día más alarmante.
Aquí se encuentra la raíz de ese clima general que reclama pactos, alianzas, negociación, acuerdos políticos y sociales, para afrontar la situación económica, social y de empleo.
El tiempo ha ido recortando los márgenes de ese acuerdo muy deprisa. Lo que debería haber sido un gesto casi obligado en el inicio de la crisis, aparece hoy como un empeño de titanes. Aún más necesario, pero más difícil que nunca.
Más necesario que nunca definir nuestro futuro como país con un nuevo modelo productivo. Más necesario que nunca proteger a las personas de la brutal agresión de la crisis y la pobreza. Más urgente que nunca combatir el paro, el problema que atasca cualquier solución a la crisis.
Porque para salir de la crisis hay que invertir, dedicar recursos a infraestructuras, sectores productivos, rehabilitación de viviendas, espacios urbanos degradados. Invertir en aquello que consolida el modelo social y evita fracturas, como la sanidad, la educación, los servicios sociales. Mantener el empleo existente y crear más empleo, es la única forma de obtener esos recursos, de forma estable.
Cabría la posibilidad de combatir el fraude y abordar una reforma fiscal que solucionase el problema de que recaudemos 9 puntos menos que la media europea, en relación con nuestro Producto Interior Bruto (PIB).
Podría afrontarse el problema de la falta de crédito para familias y empresas. Sin embargo, no parece que quiera andar ese duro camino nuestro gobierno. Ni tan siquiera plantearlo al resto de partidos, a empresarios y sindicatos.
El problema es que, si el Gobierno no acomete el reto, los problemas no se solucionarán por sí solos. El tiempo no hará más que agudizarlos y estrechar los márgenes de maniobra.
Las salidas no serían fáciles. Alcanzar acuerdos tampoco. Pero siempre será preferible intentarlo, antes de dejar que el desastre anunciado se convierta en inevitable.
La maldición no es Europa. La maldición se encuentra en nuestra propia casa. En la incapacidad demostrada hasta el momento para conseguir que los intereses particulares se sientan integrados y representados en un interés general negociado y acordado. Un compromiso de Estado que hoy todos reclaman, pero para el que el Gobierno tiene que dar el primer paso, porque es su responsabilidad hacerlo. Luego, que cada palo aguante su vela.