6 de julio de 2010, 13:44
NUEVATRIBUNA.ES - 5.7.2010
El Gobierno Regional ha modificado su Ley de Presupuestos autonómicos para adaptarla al Decretazo de Zapatero, que incorpora medidas extraordinarias para reducir el déficit público.
Tengo delante el Voto Particular que hemos presentado CCOO y UGT en el Consejo Económico y Social (CES), analizando las medidas del Gobierno Regional y planteando propuestas alternativas.
La decisión del Gobierno Regional adopta medidas que exceden y van más allá de la adecuación a las medidas del Estado.
Uno de los casos más claros es la disminución de la remuneración de los empleados públicos. De todos los empleados públicos, independientemente del carácter jurídico de su centro de trabajo. Incluyendo, por tanto, a las sociedades mercantiles del sector público madrileño, que sufrirán la misma reducción y en los mismos términos, que resulten de la aplicación al personal laboral de la Administración de la Comunidad de Madrid.
El Gobierno regional ha ido mucho más allá de lo planteado por el Gobierno de España. Para empezar, el derecho a la negociación colectiva es un derecho constitucional. Tanto el Estatuto Básico del Empleado Público, como el Estatuto de los Trabajadores regulan este derecho.
La negociación colectiva tiene fuerza vinculante, es decir el convenio tiene fuerza normativa y valor de ley.
Un Gobierno puede cambiar los presupuestos de una empresa pública, pero no puede modificar un convenio colectivo, porque eso es potestad de los empresarios y de los representantes legales de los trabajadores.
Llama la atención que sea un Gobierno que se denomina liberal el que aplica el intervencionismo más duro contra un derecho Constitucional. El Gobierno de la Nación, por ejemplo, no ha aplicado el decreto a empresas como RENFE, ni el Ayuntamiento de Madrid ha incluido a la EMT en la aplicación del decreto.
De otra parte, mientras el Decretazo estatal aplica las reducciones con carácter progresivo, en función del sueldo de cada funcionario, el Gobierno Regional aplica linealmente los descuentos.
En definitiva, nos enfrentamos a una medida ilegal, que ha provocado una contestación laboral como la de METRO.
Cuando alguien gobierna, porque así lo han decidido los ciudadanos, debe utilizar la mesura y la prudencia y nunca, nunca, debe utilizar medidas desproporcionadas. El Gobierno Regional lo ha olvidado. Se ha extralimitado en la aplicación del decretazo de Zapatero en su ámbito y ha provocado un conflicto innecesario. Ellos lo saben, pero no darán su brazo a torcer. Ignoran así que cuando se azuza y alienta el conflicto, no hay ganadores. Todos perdemos. Los trabajadores más, pero todos perdemos.
La Huelga General del 29-S es cada vez más necesaria, también en Madrid.
Francisco Javier López Martín - Secretario General de CCOO de Madrid
El Gobierno Regional ha modificado su Ley de Presupuestos autonómicos para adaptarla al Decretazo de Zapatero, que incorpora medidas extraordinarias para reducir el déficit público.
Tengo delante el Voto Particular que hemos presentado CCOO y UGT en el Consejo Económico y Social (CES), analizando las medidas del Gobierno Regional y planteando propuestas alternativas.
La decisión del Gobierno Regional adopta medidas que exceden y van más allá de la adecuación a las medidas del Estado.
Uno de los casos más claros es la disminución de la remuneración de los empleados públicos. De todos los empleados públicos, independientemente del carácter jurídico de su centro de trabajo. Incluyendo, por tanto, a las sociedades mercantiles del sector público madrileño, que sufrirán la misma reducción y en los mismos términos, que resulten de la aplicación al personal laboral de la Administración de la Comunidad de Madrid.
El Gobierno regional ha ido mucho más allá de lo planteado por el Gobierno de España. Para empezar, el derecho a la negociación colectiva es un derecho constitucional. Tanto el Estatuto Básico del Empleado Público, como el Estatuto de los Trabajadores regulan este derecho.
La negociación colectiva tiene fuerza vinculante, es decir el convenio tiene fuerza normativa y valor de ley.
Un Gobierno puede cambiar los presupuestos de una empresa pública, pero no puede modificar un convenio colectivo, porque eso es potestad de los empresarios y de los representantes legales de los trabajadores.
Llama la atención que sea un Gobierno que se denomina liberal el que aplica el intervencionismo más duro contra un derecho Constitucional. El Gobierno de la Nación, por ejemplo, no ha aplicado el decreto a empresas como RENFE, ni el Ayuntamiento de Madrid ha incluido a la EMT en la aplicación del decreto.
De otra parte, mientras el Decretazo estatal aplica las reducciones con carácter progresivo, en función del sueldo de cada funcionario, el Gobierno Regional aplica linealmente los descuentos.
En definitiva, nos enfrentamos a una medida ilegal, que ha provocado una contestación laboral como la de METRO.
Cuando alguien gobierna, porque así lo han decidido los ciudadanos, debe utilizar la mesura y la prudencia y nunca, nunca, debe utilizar medidas desproporcionadas. El Gobierno Regional lo ha olvidado. Se ha extralimitado en la aplicación del decretazo de Zapatero en su ámbito y ha provocado un conflicto innecesario. Ellos lo saben, pero no darán su brazo a torcer. Ignoran así que cuando se azuza y alienta el conflicto, no hay ganadores. Todos perdemos. Los trabajadores más, pero todos perdemos.
La Huelga General del 29-S es cada vez más necesaria, también en Madrid.
Francisco Javier López Martín - Secretario General de CCOO de Madrid