19 de octubre de 2010, 14:54
NUEVATRIBUNA.ES - 19.10.2010
La huelga general del 29 de septiembre ha sido un éxito en distintos planos: nivel de participación y apoyos sociales expresados, consolidación de la legitimidad de sus objetivos (contra la reforma laboral y el giro antisocial del Gobierno y por otra política socioeconómica). Junto con la reafirmación sindical de la voluntad de conseguir dichas metas, se ha producido el cambio de una conciencia colectiva de impotencia y resignación y se ha generado una dinámica sociopolítica con capacidad de influencia sobre las medidas sociolaborales regresivas y el ajuste económico y productivo, condicionando el tipo de gestión de la crisis. Los poderes públicos y empresariales ya no pueden hacer oídos sordos a esa oposición popular y sindical, por mucho que intenten minimizarla. El sindicalismo, como representación de un amplio campo social, de unas propuestas diferentes, se refuerza como un agente social significativo a tener en cuenta frente a las presiones y tendencias por situarlo en la irrelevancia. En ese sentido, asume una nueva y gran responsabilidad en la gestión de esa capacidad relacional y expresiva alcanzada.
Este conflicto ha sido, fundamentalmente, defensivo: frenar el retroceso de los derechos sociolaborales y el desequilibrio en las relaciones laborales con mayor poder empresarial y marginación de los sindicatos. Pero es también una apuesta de futuro para cambiar la estrategia neoliberal y regresiva dominante, impedir nuevas agresiones, aumentar la capacidad de respuesta popular, reequilibrar las fuerzas sociales y conformar un nuevo escenario sociopolítico.
Este proceso ha sido una dura pugna cultural sobre ideas claves y actitudes centrales en qué basar la sociedad: el tipo de democracia y participación popular, la importancia de los derechos socioeconómicos y laborales, las formas de representación de la ciudadanía e, incluso, valores éticos fundamentales, como la justicia social y la solidaridad. Lo que se ventila es la legitimidad social, los apoyos mayoritarios de la sociedad, entre dos opciones básicas: 1) la continuidad de un tipo de gestión de la crisis defendida por los ‘poderosos’ (mercados financieros, organizaciones empresariales e instituciones de la UE) que descarga sus principales costes en las clases trabajadoras y desfavorecidas, con el intento de anular cualquier resistencia popular relevante y recuperar la credibilidad social perdida de sus gestores institucionales; 2) la conformación de una mayoría popular que dice “así, no” y exige un cambio de políticas, cuyo sentir ha estado representado por los sindicatos. No es sorprendente que, dada la importancia de los posibles resultados inmediatos de este conflicto (condicionar las políticas y la legitimidad de sus gestores) y sus efectos a medio plazo, esta pugna sociopolítica y cultural haya sido especialmente virulenta, aunque con una gran desigualdad de poder y de medios: los sindicatos, apoyándose en la activación democrática de su base social y de la ciudadanía, y los poderosos, utilizando todos sus recursos políticos, económicos, mediáticos e institucionales, incluyendo la coacción jerárquica y empresarial.
Por tanto, por un lado, los planes de ajuste fiscal y la reforma laboral generan unos efectos estructurales de mayor indefensión de las clases trabajadoras y mayor poder empresarial, y, por otro lado, la campaña propagandística antisindical pretende completar la marginación del sindicalismo y neutralizar la respuesta colectiva. Así, esos poderosos pretenden superar las dificultades de legitimidad expresadas por el amplio descontento popular y reducir la capacidad representativa y transformadora del sindicalismo para consolidar un escenario de impotencia e resignación social y dejar el camino libre a una salida conservadora y regresiva de la crisis económica.
Estamos en una coyuntura crítica en varios campos (económico-laboral, modelo social y de relaciones laborales), con posibilidades de cambios estratégicos en las relaciones de fuerzas y de influencia más o menos significativa en el diseño de las políticas dominantes. Ello afecta a la consolidación, reajuste o crisis de las distintas fuerzas políticas y sociales, al futuro de la izquierda social y el sindicalismo. Y necesita una reflexión sobre los proyectos y propuestas alternativas y la reorientación de las estrategias sindicales.
En definitiva, el proceso desencadenado por la huelga general es positivo y ha sido un éxito de participación, considerando el contexto y el poder de los adversarios. No constituye todavía una victoria plena, pero abre un nuevo escenario sociopolítico más favorable para impedir la involución social y promover la necesaria rectificación. La interpretación realista de su alcance y cómo quedan las posiciones y argumentos de los distintos campos sociales conformados es necesaria para analizar las tendencias y perspectivas, y sobre todo, para definir la estrategia adecuada en este nuevo ciclo. Esa reflexión atañe al conjunto de la izquierda social y, especialmente, por su capacidad representativa e influencia, a las direcciones sindicales que asumen una nueva responsabilidad, delegada por esa mayoría social, para gestionar en el periodo que se abre la confianza depositada en ellos.
Antonio Antón - Profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid
La huelga general del 29 de septiembre ha sido un éxito en distintos planos: nivel de participación y apoyos sociales expresados, consolidación de la legitimidad de sus objetivos (contra la reforma laboral y el giro antisocial del Gobierno y por otra política socioeconómica). Junto con la reafirmación sindical de la voluntad de conseguir dichas metas, se ha producido el cambio de una conciencia colectiva de impotencia y resignación y se ha generado una dinámica sociopolítica con capacidad de influencia sobre las medidas sociolaborales regresivas y el ajuste económico y productivo, condicionando el tipo de gestión de la crisis. Los poderes públicos y empresariales ya no pueden hacer oídos sordos a esa oposición popular y sindical, por mucho que intenten minimizarla. El sindicalismo, como representación de un amplio campo social, de unas propuestas diferentes, se refuerza como un agente social significativo a tener en cuenta frente a las presiones y tendencias por situarlo en la irrelevancia. En ese sentido, asume una nueva y gran responsabilidad en la gestión de esa capacidad relacional y expresiva alcanzada.
Este conflicto ha sido, fundamentalmente, defensivo: frenar el retroceso de los derechos sociolaborales y el desequilibrio en las relaciones laborales con mayor poder empresarial y marginación de los sindicatos. Pero es también una apuesta de futuro para cambiar la estrategia neoliberal y regresiva dominante, impedir nuevas agresiones, aumentar la capacidad de respuesta popular, reequilibrar las fuerzas sociales y conformar un nuevo escenario sociopolítico.
Este proceso ha sido una dura pugna cultural sobre ideas claves y actitudes centrales en qué basar la sociedad: el tipo de democracia y participación popular, la importancia de los derechos socioeconómicos y laborales, las formas de representación de la ciudadanía e, incluso, valores éticos fundamentales, como la justicia social y la solidaridad. Lo que se ventila es la legitimidad social, los apoyos mayoritarios de la sociedad, entre dos opciones básicas: 1) la continuidad de un tipo de gestión de la crisis defendida por los ‘poderosos’ (mercados financieros, organizaciones empresariales e instituciones de la UE) que descarga sus principales costes en las clases trabajadoras y desfavorecidas, con el intento de anular cualquier resistencia popular relevante y recuperar la credibilidad social perdida de sus gestores institucionales; 2) la conformación de una mayoría popular que dice “así, no” y exige un cambio de políticas, cuyo sentir ha estado representado por los sindicatos. No es sorprendente que, dada la importancia de los posibles resultados inmediatos de este conflicto (condicionar las políticas y la legitimidad de sus gestores) y sus efectos a medio plazo, esta pugna sociopolítica y cultural haya sido especialmente virulenta, aunque con una gran desigualdad de poder y de medios: los sindicatos, apoyándose en la activación democrática de su base social y de la ciudadanía, y los poderosos, utilizando todos sus recursos políticos, económicos, mediáticos e institucionales, incluyendo la coacción jerárquica y empresarial.
Por tanto, por un lado, los planes de ajuste fiscal y la reforma laboral generan unos efectos estructurales de mayor indefensión de las clases trabajadoras y mayor poder empresarial, y, por otro lado, la campaña propagandística antisindical pretende completar la marginación del sindicalismo y neutralizar la respuesta colectiva. Así, esos poderosos pretenden superar las dificultades de legitimidad expresadas por el amplio descontento popular y reducir la capacidad representativa y transformadora del sindicalismo para consolidar un escenario de impotencia e resignación social y dejar el camino libre a una salida conservadora y regresiva de la crisis económica.
Estamos en una coyuntura crítica en varios campos (económico-laboral, modelo social y de relaciones laborales), con posibilidades de cambios estratégicos en las relaciones de fuerzas y de influencia más o menos significativa en el diseño de las políticas dominantes. Ello afecta a la consolidación, reajuste o crisis de las distintas fuerzas políticas y sociales, al futuro de la izquierda social y el sindicalismo. Y necesita una reflexión sobre los proyectos y propuestas alternativas y la reorientación de las estrategias sindicales.
En definitiva, el proceso desencadenado por la huelga general es positivo y ha sido un éxito de participación, considerando el contexto y el poder de los adversarios. No constituye todavía una victoria plena, pero abre un nuevo escenario sociopolítico más favorable para impedir la involución social y promover la necesaria rectificación. La interpretación realista de su alcance y cómo quedan las posiciones y argumentos de los distintos campos sociales conformados es necesaria para analizar las tendencias y perspectivas, y sobre todo, para definir la estrategia adecuada en este nuevo ciclo. Esa reflexión atañe al conjunto de la izquierda social y, especialmente, por su capacidad representativa e influencia, a las direcciones sindicales que asumen una nueva responsabilidad, delegada por esa mayoría social, para gestionar en el periodo que se abre la confianza depositada en ellos.
Antonio Antón - Profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid