La victimización como herramienta electoral y de defensa es una estrategia que no distingue fronteras, ni ideologías políticas. En Francia, la presidenta de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, ha utilizado esta herramienta reiteradas veces. Recientemente, Le Pen se ha escudado en la figura de “víctima de persecución política” para defenderse de las acusaciones de la Oficina central de lucha contra la corrupción, las infracciones financieras y fiscales (OCLCIFF), por corrupción, malversación de fondos europeos y fraude en banda organizada, al haber desviado fondos del Parlamento Europeo por 6,8 millones de euros para su partido.
También hay ejemplos a nivel local de cómo los líderes políticos se amparan en la victimización para defenderse de acusaciones. El caso más reciente es el del presidente del Gobierno catalán, Pere Aragonès, quien asegura que las denuncias contra la Generalitat responden a una “persecución ideológica”. Esto en el contexto de la denuncia por parte de Vox ante la Comisión Europea por corrupción en la administración regional catalana. Según la denuncia, el Gobierno de Cataluña aprobó un fondo de reclamaciones judiciales, por 10 millones de euros, con el fin de defender a los procesados por el Tribunal de Cuentas tras el referéndum de 2017. Esto, para evitar que paguen las fianzas de 5,4 millones de euros que les exigía el Tribunal de Cuentas.
Los delitos por los que se acusa al Gobierno catalán son prevaricación y malversación. Sin embargo, para Aragonès, no se está juzgando al gobierno regional por haberse saltado las normas, “sino por la intencionalidad de sus ideas políticas”. Aunque para los denunciantes, se trata claramente de una actuación ilegal al haberse empleado fondos “para un fin ilícito y contrario al derecho”. Por eso, insisten en que la Comisión Europea debe tomar medidas ante lo que consideran un “claro ataque al Estado de Derecho”. Habrá que esperar para ver qué rol asumirá la Comisión en este y otros casos similares, en los que deberá adoptar una mirada parcial para poder juzgar los hechos denunciados, sin ceder a la victimización de los acusados. Después de todo, esta no será la primera, ni la última vez que la Comisión se enfrente a un desafío similar.
Los casos de victimización como estrategia defensiva se acumulan y es un verdadero reto para las autoridades poder diferenciar y juzgar hasta qué punto las excusas de los acusados son válidas. Sobre todo, cuando en el medio, se mezclan causas nobles y se tocan fibras delicadas como lo es el tema de la persecución política. Además, a veces, la inestabilidad política o el escenario local, le ponen las cosas más fáciles a quienes buscan ampararse, injustamente, bajo la figura de perseguidos políticos. Así lo demuestra otro caso reciente que se ha dado en Polonia. Semanas atrás, las autoridades polacas detuvieron a Bartosz Kramek, un conocido activista y presidente de la junta directiva de la Fundación Open Dialogue. Su detención es resultado de una investigación sobre la malversación y lavado de fondos.
Lo que alertó a las autoridades fiscales polacas, fue que las fuentes de financiación de la ONG no corresponden con las que figuran en la documentación oficial. En particular, lo que llamó la atención fue que la mayoría de los aportes provinieron de personas que formaban parte de la dirección de la ONG o de entidades asociadas a ellos. Como es el caso de los grandes aportes de dinero provenientes de Silk Road, empresa de Kramek, que serían origen de transferencias realizadas desde empresas registradas en Seychelles, Belice y Panamá. De hecho, algunas de estas entidades aparecen mencionadas en la documentación relativa a los Panama Papers.
Si bien el hecho aún está bajo investigación, las pruebas contra los directivos de la ONG son contundentes. Para la Administración Nacional de Ingresos de Polonia, no habría dudas de que la naturaleza de las transferencias sería de origen delictivo. Algunas de las pistas que han ayudado a dar con esta conclusión son el gran valor total de las transferencias, la forma en que se han realizado estas transferencias de a pequeños montos para sortear los controles, las transferencias realizadas por personas directamente ligadas a la fundación, el origen desconocido del dinero, entre otras. A pesar de la abrumadora evidencia en contra de los directivos de la fundación, su presidenta, Lyudmila Kozlowska, esposa de Kramek, insiste en que las acusaciones en su contra y el arresto de su esposo corresponden a una persecución política por parte del estado polaco. Una justificación que resulta poco creíble frente a la cantidad de pruebas que justifican la decisión de las autoridades, que no deben dar el brazo a torcer y demostrar que la justicia debe ser igual para todos y debe desenmascarar incluso a quienes se disfrazan detrás de causas nobles para cometer delitos.
Lo que hace más complicado este caso en particular, es el contexto en el que se da. En un país donde realmente, el estado de derecho está bajo cuestionamiento. A tal punto que el año pasado, la Comisión Europea emitió un duro informe en el que ha criticado el deterioro del Estado de derecho en Polonia, específicamente en lo que concierne a la libertad de los medios de comunicación. Pero una cosa no quita la otra.
Nada puede justificar la comisión de un delito. Ni el contexto, ni una ideología, son excusas válidas para enmascarar un delito. Ya que, siguiendo ese criterio, nadie podría ser investigado ni juzgado, por el mero hecho de autopercibirse como “perseguido”. De aquí la importancia de contar con robustos sistemas judiciales que permitan dilucidar lo que realmente se encuentra detrás de las justificaciones de políticos, personajes públicos o incluso activistas, que se jactan de ser perseguidos, para evadir las consecuencias de sus actos. Aunque en realidad, con sus justificaciones, lo único que logran es relativizar las causas de víctimas reales que sí merecen una protección jurídica.
