Las condenas contra compañías locales no suelen ser moneda corriente en Suiza. De hecho, el país alpino es frecuentemente criticado por su falta de acción contra la corrupción multinacional. Usualmente calificada como “clemente” o “laxa”, la justicia en el país alpino no se caracteriza por ir contra las empresas locales, ni por ir en busca de la claridad cuando se trata de acusaciones por corrupción internacional. Un dato reciente que se desprende del informe de la ONG Transparencia Internacional demuestra que en los últimos 20 años tan solo ha habido 10 condenas de este estilo contra empresas locales. La ONG denuncia las lagunas en la justicia suiza y recuerda que “las empresas nacionales suelen ser llamadas a rendir cuentas por sus acciones en el extranjero, pero no en Suiza”. En este contexto, el caso reciente contra la multinacional suiza líder en sistemas de trazabilidad SICPA reabre el debate.
Es sabido que Suiza es cuna de compañías de gran liderazgo internacional. Según un informe de la OCDE de 2018, las multinacionales suizas y su posición dominante juegan un rol decisivo en la economía local, lo que las expone a “elevados riesgos de soborno en el extranjero”. Como consecuencia de ello, son varios los ejemplos de empresas suizas que han sido condenadas en el extranjero, pero de las que poco se ha hablado en su país de origen. Un claro ejemplo de ello es el caso de Glencore. El gigante de las materias primas se ha visto obligado a aceptar multas de más de 1.000 millones de dólares en Estados Unidos, el Reino Unido y Brasil. Esto como consecuencia de las denuncias de fraude y corrupción en países como Brasil, Camerún, Nigeria y Venezuela. En Suiza, sin embargo, la multinacional jamás ha sido condenada.
Este historial de inacción por parte de la justicia suiza explica el porqué del ensañamiento de algunos medios de comunicación locales contra SICPA. El tono elegido por un grupo de medios locales para comunicar la supuesta condena impuesta por la Oficina del Fiscal General de Suiza (OAG) a SICPA por supuestos hechos de corrupción en Brasil, Venezuela y Colombia, pone en evidencia un deseo de redimir la falta de rigor de la que se la acusa a la justicia. Sin embargo, la cuestión es a qué costo quieren hacerlo.
Lo cierto es que, de la lectura del fallo se desprende que SICPA solo es responsable de deficiencias organizativas. Los hechos tal como ocurrieron demuestran que la multinacional suiza fue condenada al pago de una multa de 1 millón de francos suizos frente a la sanción máxima legal de 5 millones. También se le ha exigido una indemnización de 80 millones de francos suizos por daños y perjuicios basada en los supuestos beneficios obtenidos a través de los contratos brasileños durante un período de 5 años.
Sin embargo, las razones de dicha condena no son tal como las han descrito algunos medios. De hecho, en el comunicado difundido por la Fiscalía Suiza, la autoridad deja bien en claro que “la responsabilidad de la empresa no significa que la propia SICPA SA cometiera esas infracciones perpetradas por antiguos empleados o consultores, ni que las quisiera o aceptara”. Además, disipando toda duda, la OAG sentencia que “desde entonces, SICPA ha subsanado voluntaria y plenamente esta deficiencia organizativa”.
La empresa, que ha colaborado con las autoridades desde el inicio de la causa en 2015, ha asegurado acatar la medida, aunque ha dejado en claro que las actuaciones por las que ha sido acusada han ocurrido “sin el consentimiento de la empresa y en contra de sus intereses”.
Otro dato no menor es que una vez notificada de dichos actos, la empresa sancionó a los responsables. Lo curioso es que la empresa nunca fue procesada ni informada tampoco de los supuestos delitos en Colombia y Venezuela.
La postura de SICPA está en concordancia con los procedimientos que la compañía ha puesto en marcha desde hace tiempo con el fin de robustecer su departamento de cumplimiento y gestión de riesgos.
Todo ello con el fin de garantizar que las actividades que se realicen en nombre de la empresa estén en línea con la ética empresarial y con el máximo nivel de integridad. El resultado de dicha reestructuración fue la obtención de la certificación ISO 37001, reconocido estándar internacional que permite a las organizaciones prevenir, detectar y abordar un sistema de gestión antisoborno. Así lo ha explicado el antiguo jefe de cumplimiento del grupo y ahora asesor del presidente, Alexander Ghazvinian, durante una entrevista al medio francés Entreprendre.
"Después de este incidente, se nombró a un nuevo jefe de cumplimiento, un colaborador experimentado del departamento financiero. Inmediatamente se dedicó a establecer un sistema de gestión de cumplimiento. En una acción proactiva y colaborativa con el departamento jurídico, se introdujo una evaluación de riesgos, se organizaron capacitaciones, se mejoraron los procedimientos de debida diligencia para los proveedores externos", explicó Ghazvinian.
Evidentemente, una condena por “deficiencias organizativas” no tiene el mismo efecto mediático que una condena por corrupción. Lo que es seguro es que estas dos acusaciones no tienen el mismo peso, por ende, está claro que ciertos sectores han utilizado esta causa como una oportunidad para vender una imagen renovada de una justicia que aún tiene saldos pendientes en su propia casa. Lamentablemente, este juego no es nuevo, pero no deja de ser relevante llamar la atención sobre las pseudo informaciones, más hoy en día cuando tanto se debate sobre la confianza en los medios.
