En Brasil, la violencia política aumentó en un 230% en el tercer trimestre de 2022. Según el análisis del Observatorio de Violencia Política y Electoral, el pico más alto se disparó días antes de unas elecciones presidenciales marcadas por una fuerte polarización entre dos líderes representantes de modelos de país completamente opuestos. Durante la recta final de la campaña, los actos de violencia política en Brasil aumentaron 400% en relación a la campaña política de 2018, según un informe realizado por la ONG Justicia Global. La espiral de violencia política que se registró en Brasil es un reflejo de una situación que no concierne únicamente al país, ni a la región, sino al resto del mundo.
Prueba de una escalada en los actos de violencia de alto perfil a nivel mundial son los graves acontecimientos registrados en el último tiempo en distintos puntos del mundo. Días atrás, un intruso irrumpió en la casa de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Motivado por cuestiones políticas, el atacante confesó que su intención era “romperle las rótulas” a Pelosi, quien no se encontraba en su hogar. Fue su esposo, Paul Pelosi, quien estaba dentro y quien debió ser sometido a una cirugía como consecuencia de una fractura de cráneo y lesiones graves en las manos y brazos. Días después, la congresista Pelosi aseguró que el episodio traumático que vivió su esposo afectará su decisión sobre su futuro político.
En una entrevista al medio CNN, Pelosi describió las acciones del atacante como una consecuencia de la desinformación. Esto teniendo en cuenta que el detenido, un activista de ultraderecha, tenía una fuerte presencia en las redes sociales, a través de las cuales compartía desinformación basada en teorías conspirativas sobre el origen de la pandemia del Covid-19 y otras destinadas a sembrar dudas sobre el resultado de las elecciones presidenciales de 2020.
El caso de Pelosi no es un hecho aislado sino que es uno más de los que contribuyen al clima de violencia política que ha marcado las elecciones a medio mandato. Según datos aportados por la policía del Capitolio, las amenazas contra miembros del Congreso estadounidense se han multiplicado por diez desde 2016, pasando de 902 a 9.600.
Días después del ataque al esposo de Pelosi, otro ataque de violencia sacudió la agenda política, aunque esta vez no en Estados Unidos, sino en Pakistán. Allí, en las cercanías de la ciudad de Gujranwala, el ex ministro paquistaní Imran Khan fue víctima de un intento de asesinato. El ex mandatario sufrió una herida de bala en una pierna durante una movilización convocada por su partido político con el fin de exigir elecciones anticipadas.
Tras el ataque, Khan acusó al primer ministro del país, Shehbaz Sharif; al ministro del Interior, Rana Sanaullah y al jefe de los Servicios de Inteligencia Militar de Pakistán, el general Faisal Naseer, de conspirar para asesinarlo y luego responsabilizar del crimen a un “fanático y extremista religioso”. Algo que los acusados niegan y por lo que se ha generado un enfrentamiento político que también alcanza a las fuerzas militares y que pone en riesgo la estabilidad del país. En definitiva, ambos lados contribuyen a una escalada en la violencia política que acaba dejando a un lado la gravedad de los hechos ocurridos para propiciar un clima de dudas y más violencia.
Pero el ataque contra Khan, lamentablemente, tampoco es el único ejemplo de violencia política durante este convulsionado año. Meses antes, se produjo el magnicidio del ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe quien fue asesinado durante un mitin político en plena calle. El atacante quien fue detenido, reconoció haber planificado el ataque, pero alegó que sus acciones no estuvieron motivadas por cuestiones políticas. Según declaró, su intención fue asesinar a Abe porque creía que el mandatario estaba vinculado a la Iglesia de la Unificación, a la cual pertenecía la madre del autor del ataque y a la que éste acusó de haber llevado a la bancarrota a su familia.
A diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos en donde la espiral de violencia es cada vez más preocupante, el ataque contra el ex mandatario causó una profunda conmoción en un país de 125,7 millones de habitantes en el que durante todo el 2021 se registraron tan solo 10 incidentes por armas de fuego. Ante el hecho, políticos de todos los bandos se unieron para condenar el atentado como una afrenta a la democracia.
A pesar de la unión demostrada en el repudio hacia el ataque, lo que sí ha generado opiniones desencontradas en Japón es la persecución que se ha desencadenado contra el grupo religioso al que el atacante le guardaba rencor. Desde el asesinato de Abe, se ha iniciado una caza de brujas totalmente infundada en contra de los miembros de la Iglesia que acaba desviando el foco de la atención del magnicidio perpetuado por un único “lobo solitario”. En lugar de concentrarse en condenar las acciones del atacante, la opinión pública está instrumentalizando la causa para ir en contra de figuras de la oposición y miembros del Congreso que promulgan el mismo culto. De hecho, se ha llegado a exigir que se disuelva la Iglesia y se la catalogue como un grupo terrorista. Lo que signficaría que las personas asociadas, entre ellos responsables políticos, estarían asociadas a peligrosas organizaciones terroristas. Lo cual tendría graves consecuencias para la libertad de pensamiento y de religión, pilares fundamentales de la democracia.
Salvando las distancias, lo que sucede en Japón guarda conexión con lo sucedido en Buenos Aires. Allí, hace pocos meses, la ex presidenta y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, sufrió un intento de asesinato. La mandataria se encontraba saludando a un grupo de simpatizantes que se acercaron a su hogar para mostrarle apoyo en la causa en su contra por presunta corrupción. En ese momento, un hombre se acercó y gatilló un arma a una corta distancia de la vicepresidenta, sin que se disparara. Un hecho sumamente grave en un contexto de democracia y en un momento en el que la sociedad argentina intenta afinar la metafórica “grieta” que divide al partido oficialista y a la oposición.
Semanas después del grave atentado, la vicepresidenta sembró dudas sobre el origen del mismo y culpó a empresarios que apoyan a la oposición de haber financiado manifestaciones en su contra. Días después, Cristina Fernández exigió la recusación de la jueza a cargo de la investigación sobre el atentado en su contra al denunciar que la magistrada no tuvo en cuenta las presuntas conexiones entre los responsables del atentado y figuras políticas de la oposición. La mandataria se refirió al ataque en su contra como el “hecho de violencia más grave del retorno de la democracia”. Un ataque que, lamentablemente, no puede ser investigado con la seriedad y transparencia que amerita, debido a aquellos que se empeñan en utilizar este caso una herramienta más de política y persecución contra quienes piensan distinto. Lo que envía un mensaje sumamente perjudicial en un momento en el que resulta cada vez más imperativo llevar a cabo investigaciones objetivas para frenar la espiral de violencia política.
