Aún resta poco más de un mes para que el gobierno de Jair Bolsonaro se retire del Palacio de Planalto. En este período aún está por verse cómo se llevará a cabo una transición que el pueblo brasileño desea ordenada.
En lo que al gobierno entrante respecta, el desafío por delante se dibuja como un reto histórico. Los índices de pobreza son nuevamente alarmantes y el hambre campa a sus anchas en amplias zonas del país. Muchos analistas han trazado los mapas de la miseria que el Partido de los Trabajadores, con Lula a la cabeza, deberá paliar. La herencia en lo económico es, para el gobierno entrante, un auténtico reto.
Por otro lado, no menos preocupante, está la herencia de la que hasta el momento pocos medios hacen mención. Y es la que ha impulsado la mayor deforestación del Amazonas de los últimos quince años. Bajo el gobierno de Bolsonaro, y sólo durante el último mes de enero, más de 430 kilómetros cuadrados de la selva amazónica fueron talados; un 418 por ciento más que en enero de 2021. En comparación, la deforestación de enero de 2021 fue de 83 kilómetros cuadrados, según el sistema de monitoreo de deforestación (DETER-B), de la Agencia Espacial Brasileña (INPE), encargada de controlar la deforestación mediante imágenes satelitales. Es la cifra más alta de un mes de enero desde que comenzaron a realizarse estos registros, además de ser la señal más evidente del alarmante ritmo de destrucción de la selva tropical más grande del planeta que ha promovido el gobierno del ultraderechista.
Bajo el gobierno de Bolsonaro, y sólo durante el último mes de enero, más de 430 kilómetros cuadrados de la selva amazónica fueron talados
El motor que impulsa la deforestación en la Amazonia es la explotación de su inmensa riqueza. La desaparición de masa forestal, la conversión del terreno en plantaciones agrícolas o en zonas de pastoreo, la construcción de carreteras, la extracción maderera, las actividades mineras o la especulación agraria, han crecido en los últimos cuatro años, siempre realizadas de manera ilegal o irregular, aunque con el visto bueno de Bolsonaro. En 2021 el presidente brasileño se comprometió a duplicar el gasto para reducir la deforestación en la Amazonía de aquí hasta 2028; una promesa que duró pocos días, ya que lo que sí hizo Bolsonaro fue recortar el presupuesto en más del 20 por ciento.
Activistas contra los crímenes ambientales acusan al presidente del Brasil de haber estrangulado económicamente a los principales órganos de fiscalización de los bosques amazónicos, como el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables (IBAMA) y el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio). Ambas institucioneshan sido militarizadas durante su gobierno, y sus presupuestos han sufrido drásticos recortes. Con Jai Bolsonaro, “un campeón del escepticismo sobre la emergencia climática que vive el planeta” (según la definición de los miembros del IBAMA), la Amazonía brasileña ha sufrido su peor deforestación desde 2008.
Entre agosto de 2019 y julio de 2020 la pérdida de bosque fue de un 9,5 por ciento más alta frente a igual período interanual anterior, según confirman los datos del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE). La pérdida total de cobertura vegetal ascendió a los 11.088 kilómetros cuadrados.
Se ha aniquilado la capacidad del Estado y de los órganos de fiscalización de cuidar nuestros bosques y combatir el crimen en la Amazonía
Durante la campaña presidencial de 2018 Bolsonaro prometió que abriría la Amazonía al desarrollo comercial, incluida la minería. Una de sus primeras medidas como nuevo presidente de Brasil fue conceder al Ministerio de Agricultura la potestad de demarcación de las tierras indígenas.
Pero además Bolsonaro amenazó con sacar a Brasil del Acuerdo de París, en el que el país se comprometía a dejar en cero la deforestación para el año 2030. Entre sus mayores preocupaciones se encontraba el compromiso de reforestar un área “enorme”, algo imposible de cumplir, según su criterio. El incumplimiento de estos compromisos conllevaría la imposición de sanciones, “incluso sanciones de fuerza y no podemos poner en riesgo la soberanía nacional”, argumentaba por entonces el presidente de Brasil.
La red de grupos ecologistas Observatorio del Clima afirmó en un comunicado que “los números simplemente muestran que el plan de Jair Bolsonaro ha sido exitoso. Ellos reflejan el resultado de un proyecto muy exitoso de aniquilación de la capacidad del Estado y de los órganos de fiscalización de cuidar nuestros bosques y combatir el crimen en la Amazonía”.
El desafío del gobierno de Lula da Silva será detener la sangría y aplicar los acuerdos y las leyes que frenen en seco la destrucción planificada
El incentivo para la destrucción proviene de compañías internacionales de carne y de soja a gran escala como JBS y Cargill, y las marcas globales como Stop & Shop, Costco, McDonald’s, Walmart/ Asda y Sysco, que les compran a éstas y les venden al público. Son estas empresas las que crean la demanda internacional que financia los incendios y la deforestación; y tuvieron el guiño del gobierno para accionar en la selva amazónica.
El total del área deforestada en el período Bolsonaro supone una superficie mayor a la de Puerto Rico o Jamaica. Estos datos muestran un aumento del 9,5 por ciento respecto al ejercicio anterior, cuando se llegó a los 10.129 kilómetros cuadrados.
El desafío del gobierno de Lula da Silva en este sentido será detener la sangría y aplicar los acuerdos y las leyes que frenen en seco la destrucción planificada que en los cuatro años de presidencia bolsonarista han generado un verdadero desastre ecológico.
