viernes 17.01.2020

Cambio climático. ¿Qué futuro tras la COP25?

Antonio Serrano | El 15 de diciembre se cerraba la 25COP de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Madrid, con más pena que gloria
Cambio climático. ¿Qué futuro tras la COP25?

Tras una actuación ejemplar del Gobierno y del Ministerio de Transición Ecológica y de su ministra, Teresa Ribera, tanto en la muy satisfactoria organización –en tiempo record- como en la mediación entre las Partes a petición de la Presidencia chilena, para avanzar en los Acuerdos esperados sobre los puntos incluidos en la Agenda de esta COP25, los resultados finales me parecen decepcionantes y, sobre todo, preocupantes, en línea con la opinión mayoritaria recogida al respecto.

No es mi intención realizar aquí una descripción de todos los aspectos positivos y negativos asociados a los resultados de esta COP25, tarea ya desarrollada desde distintas perspectivas y valoraciones, más optimistas desde el propio MITECO[1], y más críticas desde las cinco grandes Organizaciones Ecologistas Españolas (Greenpeace, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, SEO-Bird/Life y WWF) o desde enfoques y aspectos algo distintos, como los de The Economist[2], entre otros.

Los contactos y visitas personales mantenidos en la segunda semana de la COP25 como Observador me permiten resaltar aspectos muy positivos a valorar, como el éxito de organización y participación con más de 30.000 participantes en las distintas actividades desarrolladas en el área verde, o el buen funcionamiento estructural de la COP en su conjunto, cuyo mérito es fundamentalmente del MITECO; pero también me obligan a reconocer que los aspectos positivos quedan muy lejos de los avances que hubieran sido necesarios en las dos cuestiones fundamentales: compromisos de reducción de emisiones y artículo 6 (mercados de carbono). Y ello, en base a los textos finales de los Acuerdos adoptados[3].

El principal aspecto preocupante es la constatación de que ha sido imposible materializar el acuerdo asumido por una coalición de gobiernos, incluida la Unión Europea, que llegó a Madrid pidiendo un texto final con el compromiso de que todos los países presentarían en 2020 planes viables de reducir más sus emisiones y más rápido de lo comprometido hasta ahora. Tras la COP25, estamos muy lejos de conseguir que las emisiones se adecuen al Objetivo de limitar el calentamiento global a menos de 2ºC para el 2100, como vengo recogiendo periódicamente en esta Sección, en base a las principales conclusiones científicas de los estudios e investigaciones sobre Calentamiento Global que se van publicando, que nos muestran la gravedad de la tendencia y de las consecuencias de un Calentamiento superior a los 3ºC, que podría llegar a alcanzarse –en los Escenarios más desfavorables- incluso al final del próximo decenio.

La imposibilidad de evitar la tendencia al Calentamiento desde España, la UE, o los escasos 84 países que asumen incrementar sus esfuerzos para disminuir sus emisiones para lograr limitar a 1,5ºC el Calentamiento medio global es evidente, ya que dicha limitación exigiría incorporar a países que, como China, EEUU, India, Rusia o Brasil, suman por sí solos más del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y si una cosa ha quedado clara en esta COP25 es que no se puede contar con su esfuerzo para lograr esa limitación del Calentamiento medio global.

Los loables esfuerzos de Teresa Ribera, en nombre del Gobierno español, y de la nueva Comisión Europea y de su Presidenta para lograr el no fácil compromiso del 12 de diciembre, con un nuevo “Green New Deal”[4], de establecer una legislación, a presentar en la primavera de 2020, para reducir las emisiones netas a «cero» para el año 2050, apoyando tanto la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero como su captura, ya sea a través de nuevos desarrollos tecnológicos, como a través de políticas de forestación adicional, son desgraciadamente insuficientes. La UE representa del orden del 9% de las emisiones globales; y aunque desaparecieran para el 2050, el ritmo de incremento del resto de países no comprometidos con la reducción de emisiones llevaría a un incremento global de la concentración de CO2equiv. en la atmosfera muy superior al actual, con las correspondientes consecuencias negativas para el incremento del Calentamiento global.

Y, directamente asociado a esa posibilidad de reducir el Calentamiento se encuentra el segundo aspecto fundamental de esta COP25: lograr un mecanismo eficiente para internalizar el coste de las emisiones de carbono (Artículo 6 del Acuerdo de París) corrigiendo el fracaso que significó la COP24 de Polonia en el logro de este Objetivo. Pero se fracasó en Katovich y se ha vuelto a fracasar en Madrid, dejando el asunto pendiente para la COP26 de Glasgow, en 2020.

La idea de este Artículo 6 del Acuerdo de París es establecer un marco para vincular los mercados nacionales o regionales existentes de emisiones de carbono, y así crear uno nuevo global que sería administrado por la ONU, permitiendo el acceso al mismo a los países sin mercado propio. La filosofía inherente es que, si bien estos mercados no reducen las emisiones globales a corto plazo, bien ejecutada su regulación permitirían que países y empresas con unos niveles de emisión superiores a los que tienen establecidos pudieran pagar a otro –comprándole sus derechos de emisión- para que reduzca la cantidad de gases de efecto invernadero equivalente emitidos, a través de nuevos proyectos de mitigación y adaptación. El mayor coste para empresas y países emisores llevaría a cambios estructurales en ellos que reducirían esas emisiones. El ingreso de los países que vendieran sus derechos de emisión se usaría para inversiones verdes (energías renovables, reforestación, etc.) que avalarían la venta de esos derechos. El resultado sería, según las estimaciones de algunas investigaciones[5] que se podría llegar a reducir las emisiones, entre 2020 y 2035, del orden del doble de las previstas en las actuales promesas nacionales en virtud del Acuerdo de París de 2015.

El mercado de carbono establecido en Kyoto (Mecanismo de Desarrollo Limpio), permitió a los países ricos comprar créditos de carbono a los países pobres para compensar las emisiones propias y, teóricamente, penalizar las actividades que generaran estas emisiones por el importe de dichas compras. El proceso funcionó hasta que la crisis de 2008 llevó a que la oferta de derechos de emisión registrados fuera muy superior a la demanda, lo que implicó el derrumbe de su valor en 2012 y el cambio de las normas por parte de la UE, uno de los principales demandantes de derechos.

Muchos países con derechos ofertados y registrados hasta la actualidad (particularmente Brasil, aunque también India y China) demandan que el alto valor económico que los mismos significan, siga vigente cara al futuro, pese a que no se corresponderían con reducciones reales de emisiones en ese futuro al que compromete el período post 2020. Este fue uno de los principales problemas, junto a los mecanismos para evitar la doble contabilidad (que los derechos vendidos no puedan ser usados por el vendedor) que han impedido llegar a un Acuerdo en la regulación, tanto en 2018 como en 2019, y que seguirá siendo un obstáculo de difícil superación para 2020 ya que implica una elección entre pérdida del alto valor económico de esos derechos para los países citados, o asunción de emisiones en niveles inaceptables por la materialización de esos derechos. La típica solución intermedia -característica de estas COP- difícilmente podría considerarse satisfactoria desde sus consecuencias para el Calentamiento Global Medio.

Esto no quiere decir que la falta de Acuerdo implique que las partes no puedan continuar con los mercados de carbono internacionales ya existentes, o que se creen otros nuevos que se interrelacionen entre sí, pero su eficacia para la reducción de emisiones sin reglas globalmente asumidas será muchísimo menor, será difícil impedir la doble contabilidad, la generación de efectos ambientales desaconsejables, o tener en cuenta la dimensión social y protección de los derechos humanos que deberían acompañar a esa regulación global.

La Draft decision -/CP.25, (Chile Madrid: Time for Action) recogida en la nota a pie de página número 3, recoge, en su punto 8: “8. Re-emphasizes with serious concern the urgent need to address the significant gap between the aggregate effect of Parties’ mitigation efforts in terms of global annual emissions of greenhouse gases by 2020 and aggregate emission pathways consistent with holding the increase in the global average temperature to well below 2 °C above pre-industrial levels and pursuing efforts to limit the temperature increase to 1.5 °C above pre-industrial levels”.

Los países que quieran seguir presentes en el desarrollo de los Acuerdos de París (habrá que ver las consecuencias de la posición de EEUU) deberán presentar sus compromisos climáticos finales para la próxima década, antes de la COP26 de Glasgow, para que Naciones Unidas pueda elaborar el correspondiente Informe de Síntesis con las consecuencias de esos compromisos sobre el Calentamiento Global, previamente a la citada COP26.

Las referencias al papel del IPCC y la necesidad de tener en cuenta los resultados de las investigaciones científicas parecen haber ganado peso entre las empresas y los políticos en esta COP25, tanto por el indudable éxito de las movilizaciones climáticas en todo el mundo, como por las crecientes declaraciones de “Emergencia Climática” asociadas a las conclusiones científicas que apuntan a que si en los próximos 10 años no reducimos drásticamente las emisiones y generamos sumideros de carbono que eliminen dióxido de carbono de la atmósfera, no será posible alcanzar el objetivo planteado en París, ni evitar sus negativas consecuencias; que serán crecientes en paralelo al fracaso en la reducción de la concentración final de gases de efecto invernadero en la atmósfera.

Consecuencias que, en lo que afecta a nuestro país, están ya significando el incremento de la frecuencia (menor periodo de retorno) y de la gravedad de los efectos de fenómenos meteorológicos extremos; proceso que es patente desde 2015 y se ha magnificado en este año 2019, como se ha podido apreciar en los artículos anteriores de esta Sección.

El año siempre termina con la publicación del Global Risk correspondiente para las reuniones anuales de cada enero convocadas por el World Economic Forum, que enmarcan los riesgos del próximo decenio en la dinámica de cambio global del planeta. Y a la luz de estos Informes proponemos anualmente cauces de acción que deberían ser prioritarios en este país. Pero esto ya será motivo del próximo artículo.

Feliz 2020 a los lectores.

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[1] https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/la-cop25-sienta-las-bases-para-que-los-pa%C3%ADses-sean-m%C3%A1s-ambiciosos-ante-la-emergencia-clim%C3%A1tica-/tcm:30-505708.

[2] https://www.economist.com/science-and-technology/2019/12/15/cop25-the-un-climate-talks-in-madrid-ends-in-a-sad-splutter

https://www.economist.com/science-and-technology/2019/12/18/the-cop25-meeting-on-the-climate-yields-little

[3] https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp2019__L10E_adv.pdf

[4] El New Deal verde para Europa es un plan ambicioso que pretende una transición a “cero emisiones netas de gases de efecto invernadero” impulsando una transformación verde de Europa, a través de una inversión anual del 5% del PIB en infraestructura, agricultura e industria, que reduzca emisiones (Hoja de ruta por una economía europea descarbonizada al 2050) y cree millones de nuevos empleos con una política neokeynesiana que pondría fin a la era de la austeridad mantenida hasta ahora por el Consejo Europeo.

[5] Environmental Defence Fund, citado por The Economist en el artículo anterior.

Cambio climático. ¿Qué futuro tras la COP25?