viernes. 29.03.2024
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El pasado 6 de febrero era el 20 aniversario de los sucesos racistas y xenófobos de El Ejido. También un 6  de febrero de 2014, murieron 15 inmigrantes en el Tarajal cuando intentaban llegar a nado a las aguas de Ceuta mientras la guardia civil les disparaba pelotas de goma.

En febrero de este año, nos visitó el relator de Naciones Unidas sobre la Pobreza y los Derechos Humanos  que nos asombró con un dantesco relato. Justo unos días después el tribunal de europeo de DDHH avala la devolución sumaria de los inmigrantes, las denominadas devoluciones en caliente.

Es sobradamente conocido que un porcentaje alto de los trabajadores agrícolas no perciben el salario mínimo de antaño y menos el actual, es más, en muchísimas explotaciones trabajan a destajo y si llueve o no llegan a la hora, ni trabajan ni cobran

Aquel 6 de febrero del 2000 estuve en El Ejido y me tocó vivir en primera persona aquellos denigrantes acontecimientos porque fui quien tradujo al árabe el acuerdo entre el Comité de huelga, compuesto por un lado por  los representantes de los trabajadores inmigrantes y las víctimas de las agresiones racistas, y por otro por los representantes de los agricultores y las dos administraciones, autonómica y local en presencia  de un enviado del gobierno central.

Sobre los hechos de El Ejido se ha dicho y se ha escrito mucho, pero lo que nunca se ha hablado es sobre  el incumplimiento sistemático de dicho acuerdo por parte de los agricultores y las distintas administraciones. Lo que querrían era atajar cuanto antes esa monumental vergüenza, y sobre todo frenar la vertiginosa merma de pedidos y con ella detener la pérdida de los ingentes dividendos cosechados a costa de los inmigrantes de los cuales querrían disponer como reserva  al servicio y al dictado de su infinita voracidad.

Me acuerdo en la mesa de negociación de la drástica oposición de los empresarios a regularizar a esos trabajadores, alegaban que una vez regularizados cambian de región y de sector de actividad. Pero de lo que no querrían hablar es de las pésimas condiciones de trabajo y de vida de esas personas tal como lo escenificó por entonces el alcalde Juan Enciso por con su famosa afirmación: “a partir de las 8 de la mañana todos los inmigrantes son pocos, y a partir de las 8 de la noche sobran todos”. Querrían disponer de una reserva de cuadrillas de indefensos sin margen de escapatoria de las fauces de esos nuevos negreros, y de paso seguir eludiendo sus obligaciones tributarias y fiscales  que conlleva tener trabajadores en regla y con derechos.

“Las peores condiciones que haya visto nunca”, son las declaraciones del relator especial de naciones Unidas sobre la Pobreza Extrema y los Derechos Humanos, que precedieron su primera comparecencia pública, en referencia a lo visto en sus visitas particularmente en el campo. Teniendo en cuenta la cantidad de países que ha visitado desde su nombramiento en 2014, y con tal de saber que ha estado entre otros en Mozambique, Arabia Saudita, China y Mauritania, es suficiente motivo para estar extraordinariamente preocupados.

La no aplicación de los acuerdos de El Ejido arriba mencionados tuvo sus consecuencias sobre las relaciones laborales en el campo porque supusieron la legitimación y la extensión de las prácticas de explotación hacía con los trabajadores agrícolas, sobre todo los inmigrantes y particularmente las mujeres.  

Es sobradamente conocido que un porcentaje alto de los trabajadores agrícolas no perciben el salario mínimo de antaño y menos el actual, es más, en muchísimas explotaciones trabajan a destajo y si llueve o no llegan a la hora, ni trabajan ni cobran. Hoy en día en pleno siglo XXI se pueden ver todavía los procesos de selección del personal en las plazas de algunos pueblos.

Me parece legítimo que los agricultores, particularmente los pequeños propietarios y las explotaciones familiares salgan a protestar contra la manipulación de las reglas del juego  del mercado por parte de los intermediarios  y los grandes latifundistas que condicionan a su antojo las pautas de la demanda y la oferta que deja al resto de actores sin margen de actuación ni de maniobra.

La provincia de Almería con El Ejido a la cabeza y las comarcas de Murcia y Cartagena para no citar otras regiones, no hace mucho eran las zonas de más renta per cápita de toda Europa, y a día de hoy siguen generando plusvalía y riqueza, pero lo que es cierto también, la rivalidad de nuevos competidores y de otros factores se han hecho patentes, pero en vez de estimular la reflexión sobre el modelo productivo que premia la competencia leal y genera valor añadido se aprovecharon de la coyuntura política y económica para ahondar la desregulación del mercado de trabajo agudizando la precariedad y la sobrexplotación de los recursos y de los trabajadores. Es más,  justo cuando ahora  aluden a la competencia desleal y al fraude en la etiquetación de los productos, hace años que lo hemos denunciado en este mismo espacio. Era y sigue siendo una práctica frecuente en el campo desde hace décadas y se acentuó con el embargo comunitario a Rusia para más claridad.   

La movilización del campo debe tener como principal objetivo romper el círculo vicioso en el que han enmarañado al sector con la nociva influencia de los intermediarios otorgando protagonismo al pequeño y mediano agricultor, y sobre todo a las cooperativas agrarias que han sido las protagonistas reales de la transformación del campo español. De la misma manera tiene que perseguir sin vacilaciones las prácticas desleales y las fraudulentas como la falsa etiquetación que son  la verdadera amenaza al campo.   

Esa movilización tiene que abordar sin más demora la situación de los trabajadores del campo en general y de los y las  inmigrantes en particular, duramente criticada por el relator de Naciones Unidas, máxime cuando hoy por hoy  los inmigrantes son un sustento fundamental de la actividad agrícola y de la capacidad competitiva de los productos agrícolas españoles.

Los empresarios agrícolas están en su derecho a denunciar lo que consideran prácticas que amenazan la viabilidad y el futuro de su actividad, pero no deben ni pueden olvidar que tienen obligaciones legales y éticos a cumplir con el estado erradicando la competencia desleal etiquetando productos nacionales, con los consumidores garantizando la calidad del producto y con todos sus empelados para que trabajen en condiciones decentes y dignas. Sin esto toda movilización queda deslegitimada y con serias dudas sobre sus motivaciones. 

“Febrero, febrerin, el mes más corto y el más ruin”