domingo. 16.06.2024

Los sindicatos CCOO, UGT y CGT rechazan el anteproyecto de la Ley General Audiovisual que será previsiblemente aprobado el día 26 de mayo en el Congreso. Alegan, en primer lugar, que, tanto en la fase de consultas públicas, como en la fase de enmiendas, no se han admitido ninguna de las propuestas sindicales. Sin embargo, los grandes grupos empresariales sí parecen ver reflejadas sus pretensiones.

Únicamente en la fase de enmiendas en el Parlamento, algunos partidos políticos, como Unidas Podemos, Más País, Compromís o ERC, han escuchado las peticiones sindicales. En declaraciones ante la prensa, Cristina Bermejo, secretaria general del sector de Medios de Comunicación de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO (FSC-CCOO), ha manifestado que el anteproyecto de ley “no soluciona los problemas del sector y esta ley contiene un componente aún más liberal en materia de servicio público que aquellas que le precedieron en gobiernos tanto del PP como del PSOE”.

Lo que debía ser una trasposición de la directiva comunitaria que abordara las complejidades del entramado comunicativo español ahonda, sin embargo, en un modelo mercantilista, que se encuentra al servicio de los operadores privados, en lugar de velar por la defensa de los servicios públicos de RTV y el acceso gratuito y universal de la ciudadanía a unos sistemas de comunicación que sean garantes de los principios constitucionales básicos en materia de información.

Entre otras cuestiones, se omite la definición de misión de servicio público para todos los prestadores, tanto públicos como privados, que garantice el pluralismo, la responsabilidad editorial y la libertad de expresión y no se evita la privatización y la externalización posible del modelo de RTV. Tampoco se asegura una financiación estable y definida para la Corporación de RTVE ni, por supuesto, para el resto de operadores del servicio público, incluida también la Agencia EFE.

En cuanto a derechos laborales, la ley carece de menciones. No se concretan cuestiones como el fomento del empleo de calidad, una serie de garantían es materias como la conciliación y corresponsabilidad, la igualdad o la salud laboral, por no hablar de la concreción de los mecanismos de gobernanza de las radiotelevisiones públicas o la garantía de los mandatos marco y los contratos programa.

Acusan también la falta de concreción en la regulación de los medios de comunicación. Se deja en manos de la autorregulación lo que deberían ser las funciones de una autoridad audiovisual independiente que no existe y que era una cuestión poco desarrollada en la CNMC, que a día de hoy no tiene capacidad ejecutiva para controlar el mercado audiovisual, lo que pone en riesgo el pluralismo mediático y la independencia.

Los sindicatos defienden asimismo para las televisiones públicas un sistema de financiación estable que garantice su independencia. Así, se pretende suprimir el porcentaje del 13%, que aportaban las operadoras de telecomunicaciones a la ya mermada financiación de RTVE. No asegurar esos recursos viene a incidir en un presupuesto deteriorado de la corporación y lo que se pretende es que las nuevas plataformas digitales, cuyos ingresos son difícilmente fiscalizables, porque muchas de ellas no tributan en España, aporten un 5% (unos 6-7 millones de euros) en sustitución de la aportación de la tasa de las teleco, de 120 millones.

La no cesión a terceros de los servicios informativos ha sido otro caballo de batalla de los sindicatos ante este proyecto de ley, que, de no modificarse, permitirá a las cadenas externalizar total o parcialmente el servicio, con el peligro, alertan, de la pérdida de puestos de trabajo estables y de calidad, como ya ocurriera en el pasado, así como poner en riesgo el acceso de la ciudadanía a una información veraz y objetiva.

En definitiva, rechazo desde el ámbito sindical a este proyecto de ley, que, si no hay cambios de última hora, saldrá adelante con el apoyo de partidos como PSOE, PNV o PDeCAT y la oposición de la mayor parte de las formaciones progresistas del Congreso de los Diputados.

Los productores independientes también muestran reparos a la aprobación de esta ley

Asociaciones como AECINE, DIBOOS, MAPA, PIAF, PROA y PROFILM, agrupadas en la Plataforma Audiovisual de Productoras Independientes, P.A.P como PATE Productores Audiovisuales han cerrado filas contra lo que consideran puede suponer el final de una industria floreciente.

Para los productores, los cambios introducidos mediante enmiendas que pretendían una supuesta mejora técnica del texto suponen un golpe de gran dureza para la producción independiente y al sector cultural vinculada a la misma cuya viabilidad pasa a estar gravemente amenazada. «Ello incluye todo el talento, creatividad y empleo que pivotan alrededor de nuestras empresas asentadas a lo largo del tiempo con gran aceptación de la ciudadanía, así como otros mercados internacionales a los que han viajado con gran éxito».

Este sector de la producción afirma que «con estas decisiones que debería por fin acercarnos, cumpliendo con la directiva audiovisual europea que se pretende trasponer en este texto, a los países de nuestro entorno, lo que en realidad consigue es definitivamente alejarnos de ellos sumiendo a la cultura audiovisual y a la producción independiente a una crisis inmediata y casi definitiva».

El comunicado de las asociaciones de producción audiovisual señala que «tras la reunión de la Ponencia de la tramitación de la Ley General de Comunicación Audiovisual, lugar donde se acordaron y aprobaron una serie de enmiendas al Proyecto de Ley hemos descubierto unos cambios que significan una modificación completa del modelo, en relación a la producción audiovisual, que se nos ha estado presentando en todo el larguísimo proceso de elaboración y con el que, en términos generales teníamos puntos de acuerdo».

A su juicio, resulta singularmente grave la Enmienda 790 que, con la justificación de una “mejora técnica”, modifica así el art. 110.1:

• 1.” Se considera productor independiente a efectos de este capítulo a la persona física o jurídica que no está vinculada de forma estable en una estrategia empresarial común con un prestador del servicio de comunicación audiovisual obligado a cumplir con lo establecido en los artículos 115 a 117 y que asume la iniciativa, la coordinación y el riesgo económico de la producción de programas o contenidos audiovisuales, por iniciativa propia o por encargo, y a cambio de una contraprestación los pone a disposición de un dicho prestador del servicio de comunicación audiovisual”

Para los productores esta modificación implica un cambio de enorme calado con consecuencias muy graves, tanto para la producción independiente, como para el sector en su conjunto y la diversidad y creatividad de producción europea.

«A pesar de que literalmente pueda parecer mínimo el cambio introducido, lo cierto es que modifica la obligación general de no vinculación con un prestador, al limitar dicha obligación de no vinculación, exclusivamente, respecto del prestador con el que se contrata, lo que permite que las productoras dependientes de televisiones y plataformas puedan considerarse independientes solo contratando de forma cruzada con otros prestadores del servicio de comunicación audiovisual. Es decir, las Productoras vinculadas a un Proveedor de Servicios de Comunicación, tendrán la consideración de Independientes cuando produzcan para otros Proveedores de Servicios de Comunicación compitiendo de forma desleal y con injusta ventaja con los verdaderos Productores Independientes».

«Estos Proveedores de Servicios de Comunicación (televisiones y plataformas) no sólo cuentan con las ventanas donde exhibir el contenido, sino que además tienen la plataforma donde se anuncia. De esta manera, esta modificación impulsa concentración inmediata de la industria, en el duopolio televisivo actual y en el medio plazo en las grandes plataformas internacionales"

Los sindicatos rechazan el anteproyecto de la Ley General Audiovisual