Un crecimiento económico que tiene como meta el beneficio empresarial está fundamentado en el aumento indiscriminado de la competitividad en el mercado internacional, en la reducción de los costes de producción a cuenta de la rescisión de contratos laborales, en la sustitución del trabajo por tecnología, en un mayor déficit comercial y en una total y absoluta incapacidad para favorecer el desarrollo de los países pobres. El capitalismo globalizado fomenta mercados de trabajo volubles, deslocalización, innovación tecnológica carente de investigación y desarrollo en sistemas sustentables, multinacionales con cuotas de poder desmesuradas, además de una profunda brecha económica entre países desarrollados y subdesarrollados; es un sistema que busca el beneficio a corto plazo -reduciendo derechos y costes laborales- y antepone la voluntad de los intereses privados -tanto del capital especulativo como el de las empresas transnacionales- al bienestar colectivo, favoreciendo y fomentando la desigualdad.
La grave crisis financiera, económica y social que atraviesa la sociedad hace visible la urgencia de un cambio de modelo
El responsable del desarrollo sostenible y actual Vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, alertaba en 2016 sobre la invalidez del actual enfoque del “toma, fabrica, utiliza y tira”. El temor de que los países se vean afectados por mayores desequilibrios, tanto geopolíticos como económicos, es ya una realidad. La grave crisis financiera, económica y social que atraviesa la sociedad, convulsionada desde la irrupción de un virus que se expandió por todo el planeta hasta alcanzar la categoría de pandemia, aderezada por un indeseado y no atenuado cambio climático, hace visible la urgencia de un cambio de modelo. No es viable seguir manteniendo el desgastado sistema económico actual. Hace falta un planteamiento asentado sobre nuevas bases, generador de oportunidades, que considere la creación de empleo una prioridad y que tenga visión de futuro en relación con los recursos naturales.
Es preciso incentivar, de un modo correctamente regulado, a empresas capaces de generar valor económico, social y medioambiental, comprometidas con la sociedad y el medio ambiente, con recursos para aunar sustentabilidad y rendimiento económico, que no antepongan otros intereses a los de los trabajadores y que propugnen un proyecto social que case con la conservación y/o creación de puestos de trabajo rentables.
Las empresas públicas, las empresas capitalistas o incluso el sector público no son capaces de afrontar y enfrentar los problemas sociales, tanto los derivados de la realidad actual como los heredados de realidades anteriores: sanidad, educación, desempleo, distribución de la renta, servicios públicos de calidad, vivienda asequible y garantía de bienestar para nuestros mayores.
Un patrón de crecimiento válido tiene que aglutinar un conjunto de medidas que resulten económicamente rentables, además de ambiental y socialmente sostenibles. En definitiva, una nueva economía que respete los objetivos del desarrollo sostenible, con capacidad para crear más puestos de trabajo; que sea competente para preservar la biodiversidad del planeta, que apueste por la eficiencia, que fomente el reciclaje y que busque la igualdad; un sistema económico que posibilite adquisiciones igualitarias y que tenga capacidad para rebajar las cotas alcanzadas por el actual consumismo arbitrario.
Fondos europeos: digitalización, cambio climático y modelo productivo
La Fundación Alternativas, en su informe sobre sostenibilidad en España, alerta sobre la urgencia de acometer la transición energética, la integración ambiental, el empleo sostenible y la sostenibilidad urbana y rural. La guía 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), iniciativa aprobada por Naciones Unidas en septiembre de 2015, aconseja la a implantación de medidas de consumo y producción sostenibles: “economía verde” e “hipocarbónica”. Europa en la Estrategia Europa 2020/2050 apuesta por la eficiencia en el uso de recursos sostenibles energéticamente (sin carbón).
Es evidente la necesidad de afrontar medidas encaminadas a la preservación de los recursos naturales y el medio ambiente. Urge la implantación de una nueva economía que discurra por el sendero de la inclusión y la sostenibilidad, que priorice las necesidades de las personas por encima del lucro; se necesitan empresas que primen el valor social y ambiental, que promuevan una gestión democrática y participativa, orientada a las necesidades de las personas y comprometidas con la comunidad; es decir una economía social y solidaria que promueva un cambio que aúne la estructura jurídica de las organizaciones -con la participación de los trabajadores- y que promulgue iniciativas que propicien el cambio social y estructural imprescindible para paliar las desigualdades actuales; es decir un sistema de modelo productivo que apueste por la ecoeficiencia productiva, que tenga capacidad para reducir las desigualdades sociales, que apueste por la cohesión territorial y que fomente un consumo responsable.
