El pasado 28 de mayo se produjo un cambio político en las elecciones autonómicas y locales en nuestro país que nos resulta a muchos difícil de asimilar y de explicar. En muchos de los 8.000 municipios españoles y en algunas Comunidades Autónomas se ha producido un vuelco político, un giro inesperado hacia los partidos de derecha y de extrema derecha que no esperábamos muchos ciudadanos. El Partido Popular desde 2019 ha intentado deslegitimar a Pedro Sánchez por la moción de censura que le permitió acceder a la Moncloa y desde el minuto uno de la legislatura se ha dedicado a desgastar al Gobierno sin aportar nada a la gobernabilidad del país. En medio de una grave pandemia seguida por una crisis económica profunda y por guerra en Ucrania el Partido Popular y su aliado reaccionario VOX se han dedicado al insulto y a la descalificación personal sin aportar soluciones realistas a los graves problemas del país.
La buena marcha de la economía española, la reforma laboral, la creación de empleo, las medidas contra la crisis energética y contra la crisis climática, la implantación de la renta mínima vital, la revalorización de las pensiones y todas las medidas propuestas por el gobierno para ayudar a las familias más vulnerables no han servido para que el Partido Popular tuviese sentido de Estado y colaborase algo con el Gobierno de todos. El populismo y la demagogia son las líneas ideológicas que han marcado la acción política de las derechas en nuestro país desde que han aprendido con D. Trump que se puede mentir con impunidad y que su único objetivo es llegar al poder para derogar casi todas las leyes progresistas de la izquierda. Su nacionalcatolicismo no impide al PP ni a VOX actuar de modo anticristiano con los emigrantes, con los MENAS, con las mujeres y con todos los grupos más vulnerables de la sociedad española.
El populismo y la demagogia son las líneas ideológicas que han marcado la acción política de las derechas en nuestro país desde que han aprendido con Trump
Sin embargo, lo ocurrido con las elecciones del 28 M necesita una explicación más profunda. Muchos ciudadanos que hemos votado el 28 M a favor de los grupos políticos que impulsan políticas económicas y sociales favorables a la mayoría de la población, hemos asistido estupefactos al vuelco electoral de ese domingo de mayo sin poder creer lo que estábamos viendo. ¿Cómo es posible que muchos ciudadanos y ciudadanas de zonas metropolitanas y rurales que han sido favorecidos por las medidas adoptadas por este gobierno de coalición sigan otorgando su confianza a grupos que precisamente actúan contra sus interese personales y familiares? ¿Cómo es posible que políticos que han estado inmersos en la corrupción durante años, que están desmantelando la sanidad y la enseñanza públicas y que son negacionistas de la violencia machista y del cambio climático sean elegidos para seguir destrozando los servicios públicos en nombre de la libertad’? ¿Qué ha pasado con la lucha vecinal de tantos años en los barrios marginales de las grandes ciudades cuyos habitantes votan ahora a quienes les desprecian profundamente desde sus atalayas del poder municipal y autonómico? ¿Es que los bulos y el populismo puede engañar de un modo tan radical a millones de personas como ocurre ya en los Estados Unidos?
No es el momento de analizar a fondo la ideología que subyace en los partidos políticos conservadores y reaccionarios de nuestro país, pero sus propuestas concretas de acción política se deslegitiman por sí mismas. Sus recetas sobre la inmigración, sobre la violencia de género, sobre la memoria democrática, sobre el feminismo, sobre la eutanasia y sobre el cambio climático se reducen a decir: nosotros o el caos, nuestra libertad o el comunismo, nuestros deseos o el totalitarismo de izquierdas. Así de simplistas y de demagógicas son sus propuestas programáticas; así de infantil y frívolo es su lenguaje. Su programa económico se reduce sobre todo a bajar impuestos y a atraer a los grandes inversores con una especie de “paraísos fiscales” a gusto del consumidor. Ésa ha sido la política económica de la Comunidad de Madrid durante las últimas décadas.
En cuanto a los temas referidos a la identidad nacional o los valores éticos, los partidos de derechas son herederos del franquismo sociológico que sigue vivo en muchos sectores de la sociedad española. Así, la idea de España que defienden tanto el Partido Popular como Vox se reduce a algo muy simple. En el fondo siguen defendiendo la España una, grande y libre que se resiste a aceptar el pluralismo autonómico, cultural y moral de la España actual. Su nacionalcatolicismo les impide aceptar la pluralidad de opciones en la orientación afectiva y sexual; practican la homofobia, rechazan el feminismo y no aceptan ni el aborto ni la eutanasia. Su política de inmigración se resume en prohibir la entrada a los inmigrantes porque pueden perjudicar a la identidad nacional española. Y finalmente su tesis brutal de que los que defienden otra idea de España opuesta o distinta a la suya son antiespañoles y deben ser de algún modo eliminados de la escena pública.
En el fondo siguen defendiendo la España una, grande y libre que se resiste a aceptar el pluralismo autonómico, cultural y moral de la España actual
Como ya señaló acertadamente J.Álvarez Junco en su obra “Mater dolorosa” las dos maneras de afrontar la identidad nacional española estuvieron en lucha durante todo el siglo XIX y en gran medida se puede afirmar que la España conservadora y reaccionaria se impuso a la otra España durante largos períodos de la Historia moderna. Los períodos de gobiernos progresistas y modernizadores han durado pocos años en el siglo XIX y XX. Y los resultados electorales del 28 M muestran que los ideales de una España pluralista, progresista, moderna y laica no han penetrado realmente en amplias capas de la sociedad española. La cultura política de nuestro país está en manos de los medios de comunicación y de las redes sociales y la mayoría de la población española no lee los programas políticos y carece de cultura histórica para poder analizar con rigor el pasado y el presente.
Por todo ello, podemos preguntarnos con preocupación “Quo vadis Hispania? ¿Hacia dónde camina la sociedad española y en qué gobernantes confiamos los ciudadanos españoles? ¿Qué legado cultural, social y político queremos dejar a las siguientes generaciones si otorgamos el poder del Estado a los negacionistas del cambio climático? ¿Serán capaces los gobiernos conservadores de aceptar realmente el pluralismo moral, social y político que hoy existe en España o intentarán derogar todas las leyes progresistas de este país? ¿Qué sentido de Estado tienen esos políticos que no quieren admitir el pluralismo democrático y las leyes vigentes en nuestro país y se apropian de la idea de España y monopolizan la moral de los ciudadanos?
Las respuestas a todas estas inquietantes preguntas podrán ser efectivas a partir del 23 de julio de este año. En esa convocatoria electoral nos jugamos mucho todos los ciudadanos y ciudadanas porque están enfrentados dos modos de entender la realidad política, social y económica del país, dos modos de entender la democracia y dos modos de servir a los intereses generales de la mayoría de la población que necesita sanidad pública, educación pública, pensiones dignas, defensa del medio ambiente y unos servicios públicos de calidad.
Luis Maria Cifiuentes | Fundación CIVES
