Este viernes se ha presentado en el juzgado de Aoiz (Navarra) una querella por el trabajo realizado por más de 2.300 prisioneros de guerra en las carreteras del Igal-Vidángoz-Roncal, durante los años 1939-1941.
Se trata de la primera querella colectiva por trabajo esclavo durante el franquismo presentada en el Estado español.
La iniciativa, impulsada por CeAqua (Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina), ha sido presentada en rueda de prensa en la Librería Katakrak de Iruñea donde han comparecido representantes del colectivo querellante.
La querella se interpone precisamente el 20 de octubre, día en que se cumple el primer aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, cuyo artículo 32 prevé en relación con los trabajos forzados, el establecimiento de los correspondientes lugares de memoria, la elaboración de un censo de víctimas, así como la realización de un inventario de construcciones y edificaciones realizadas por los prisioneros que se vieron obligados por la dictadura franquista a desempeñar este tipo de trabajos forzados.
El colectivo recuerda además la Ley de Amnistía de 1977 no puede impedir, conforme al Derecho Internacional, que estos crímenes sean objeto de investigación judicial y que imprescriptibles. Igualmente, cuando fueron cometidos existía una costumbre internacional de carácter obligatorio para todos los Estados, en algunos casos incluidos en Convenios Internacionales, que prohibía terminantemente estas prácticas inhumanas y denigrantes para con los prisioneros, señalan.
Sabino Cuadra Lasarte, en representación de CEAQUA, ha hecho hincapié en que se trata de la primera querella que se interpone en el Estado en relación con este tema, un trabajo esclavo que afectó a varios cientos de miles de personas durante la guerra y en los años posteriores a la misma. Se espera así que la misma abra el camino a nuevas iniciativas a impulsar en Euskal Herria y el conjunto del Estado en relación con este tema que “permita a todos los familiares querellantes la obtención de verdad, justicia y reparación que sus predecesores no pudieron lograr y acabar así con el olvido y la impunidad que vienen arrastrando desde hace más de 40 años”, ha dicho.
En nombre de los querellantes, Balen Esteban, de Berriz, Bizkaia, ha destacado “ el importante papel que la dignidad tuvo para sus familiares a la hora de soportar las penosidades del trabajo realizado, así como para educar a sus hijos e hijas a defender la libertad, la justicia, la igualdad y el derecho de las personas y los pueblos a decidir su futuro”.
Crueles condiciones de trabajo
Las condiciones de trabajo a las que se sometió a estas personas fueron crueles: jornadas larguísimas y extenuantes bajo condiciones climatológicas penosas, sin ropa ni calzado adecuado, hambre, castigos frecuentes, graves enfermedades (infecciones pulmonares, tuberculosis…) por las cuales algunos de ellos murieron. A todo ello se añadía además el sufrimiento psicológico y la ansiedad derivada de su aislamiento total con respecto a sus familiares, de los que no podían siquiera recibir visitas.
Por todo ello, el colectivo exige que estos hechos sean reconocidos como un crimen de lesa humanidad, para que “violaciones flagrantes de derechos humanos no puedan volver a repetirse”.
Ana Barrena Arellano, de Memoriaren Bideak, ha señalado como 2.300 prisioneros antifascistas, encuadrados en cuatro batallones de trabajo forzoso, realizaron trabajos forzosos en la citada carretera, formando parte de los 15.000 que lo hicieron en distintas obras militares (búnkeres, fortificaciones...) en Navarra.
Denuncia que “las extremas carencias de las políticas de memoria durante la transición, sin que esta clase de víctimas hayan sido reconocidas en sus derechos a la obtención de la verdad, la justicia y la reparación, razón por la que con la presentación de esta querella quieren superar el espacio de impunidad habido las pasadas décadas en relación con este crimen contra la humanidad”.
El trabajo memorialista que desde 2004 lleva a cabo Memoriaren Bideak ha logrado entre otras cosas la declaración oficial de la carretera Igal-Vidangoz-Roncal como Lugar de Memoria Histórica realizada por el Gobierno de Navarra.
Jacinto Lara Bonilla, abogado coordinador de la querella interpuesta y miembro a su vez de CEAQUA, ha afirmado que los hechos denunciados constituyen crímenes de Derecho Internacional porque ofenden a la comunidad internacional en su conjunto. En concreto, son crímenes de guerra, aunque también pueden calificarse como crímenes contra la humanidad “por cuanto mantener prisioneros de guerra en espacios concentracionarios sometidos a trabajo forzado en condiciones inhumanas, una vez finalizado el conflicto armado, también puede ser calificado como tal”, afirma.
En todo caso -ha añadió- “ es evidente que nos encontramos ante crímenes aberrantes que nunca han sido objeto de denuncia en el Estado español, crímenes que nunca han sido investigados ni juzgados penalmente”.
