La Plataforma Decidir nos Hace Libres y varias de las organizaciones feministas que la integran han presentado este jueves, en rueda de prensa conjunta, su respuesta a la preceptiva solicitud de información del Gobierno para la reforma del aborto. Y, a pesar de los diversos argumentos utilizados, las alegaciones remitidas a Justicia se resumen en una: la exigencia al Ejecutivo y al ministro Alberto Ruiz Gallardón de que retire el anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada.
El pasado 15 de enero la Secretaria de Estado remitió a las organizaciones sociales una solicitud para que informaran sobre el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros el 20 de diciembre. Son asociaciones de mujeres, sanitarias y de muy diversa índole que, en las últimas semanas, han enviado la respuesta común del rechazo a la totalidad de la propuesta legislativa”. La portavoz de la Plataforma, Isabel Serrano, ha denunciado "el ocultismo" del Gobierno en el proceso de elaboración de la norma, que "no pretende otra cosa que silenciar la voz de las mujeres" y ha instado a actuar de igual forma al resto de organizaciones aunque no hayan sido convocadas por Justicia.
Entre las que ya han informado se encuentra la Fundación Mujeres cuyo informe desmonta los argumentos expuestos por el ministro Gallardón para la reforma. Critica que el anteproyecto, “no ha tomado como punto de partida ninguna evaluación del desarrollo de la actual legislación” y recuerda, con los datos del propio Ministerio de Sanidad, la disminución del número de abortos registrado en 2012 con la vigente ley de plazos. Denuncia también que el anteproyecto “está construido desde el cuestionamiento de la autonomía reproductiva de las mujeres españolas” y los impactos negativos sobre cuestiones de salud pública e igualdad que tendrá la reforma del Gobierno de llegar a aprobarse.
La condena segura del Tribunal Europeo de DDHH
Angeles Jaime, de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, ha advertido de que "de aprobarse el anteproyecto tal y como está, el Reino de España cosechará una nueva condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos". La explicación, que también recoge su escrito de alegaciones, es que la norma "pone tantas trabas al aborto incluso en los supuestos válidos que, en la práctica, lo imposibilita". Además, según Jaime, "el anteproyecto adolece de una pésima técnica jurídica". Un ejemplo es el artículo 146.2 que despenaliza una conducta que no está penalizada.
A partir de ahí, la denuncia de la Fundación se centra en “el cuestionamiento de la autonomía reproductiva de las mujeres españolas”, los “impactos negativos sobre cuestiones de salud pública”, las “discriminaciones por motivos económicos” o las “situaciones de inseguridad jurídica tanto para las mujeres como para los profesionales del ámbito sanitario”.
Mujeres Juristas Themis centra sus alegaciones en la “escasa calidad de los aspectos legales del anteproyecto” que, a juicio de la asociación de abogadas, procuradoras, juezas, magistradas y secretarias judiciales, supone “un atentado a los derechos fundamentales de las mujeres” a las que trata como “personas con las capacidades disminuidas y sin poder alguno de decisión”.
Otro escrito de información al anteproyecto es el de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas cuya presidenta, Ana María Pérez del Campo, ha vuelto a destacar que a Gallardón “le corresponde el deshonor de ser el primer ministro de Justicia que se niega a recibir a las organizaciones de mujeres desde la instauración de la Democracia”. Pérez del Campo ha insistido además en la crítica al procedimiento de elaboración del anteproyecto incluida la solicitud de información: "Ha sido una petición tardía y fuera de lugar; no tenemos nada que decir a un anteproyecto de ley que no se puede enmendar (...) y que devuelve a las mujeres a una situación de siervas y esclavas".
En la rueda de prensa conjunta para la presentación de las alegaciones ha participado también Yolanda Besteiro que, además de ser la presidenta de Mujeres Progresistas es la número dos del Consejo Estatal de Participación de la Mujer cuya Presidencia ocupa la ministra de Sanidad Ana Mato. Pero ni a una ni a otra ha pedido el ministro información ni asesoramiento.
Varias organizaciones que forman parte del Consejo –que es órgano consultivo del Gobierno- ya denunciaron el pasado 23 de enero la actitud del Ministerio de ignorar su opinión en la elaboración de la reforma. Besteiro ha recordado que "el Gobierno no ha apostado por un proceso de información plural y sólo se ha dejado aconsejar por los grupos antielección".
