La Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) plantea la posibilidad de asumir mayor responsabilidad mediante la gestión sanitaria e integral y poder emitir altas médicas en los procesos de Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes, controlar y dar altas al menos en ciertas patologías frecuentes como las osteomusculares, argumentando que son más eficientes que el Sistema Público.
La Asociación para la Defensa de la Salud Pública de Navarra (Nafarroako Osasun Publikoaren Aldeko Elkartea) ha calificado este anuncio como una nueva “ofensiva” para “desmantelar” el Sistema Público de Salud y recuerdan que estas Mutuas, colaboradoras con la Seguridad Social, son asociaciones empresariales, financiadas con fondos públicos, “que abogan, sin ningún reparo ni rubor, en ser la mejor elección para controlar las bajas de la población trabajadora”.
Un informe de la AMAT analiza la evolución de las bajas laborales de origen común durante 2021 y alerta de un incremento del coste por absentismo laboral para empresas y la Seguridad Social. “Analizado el informe -dice la asociación navarra-se puede constatar en primer lugar su falta de rigor metodológico, ya que presentan datos sesgados, gráficos confusos, estimaciones de coste sin base, etc.; todo ello para tratar de llevar a las tesis prefijadas de ineficiencia del sistema actual y del alto coste que suponen”.
La asociación navarra considera que las propuestas de la AMAT “se enmarcan en una visión economicista y un análisis monetarista de la salud que deja de lado la salud de los y las trabajadoras en aras a mejorar los beneficios empresariales y garantizar los resultados económicos de las Mutuas” y añaden que las Mutuas, “como entidades empresariales que son, no pueden ser juez y parte en los procesos de baja por contingencias comunes”.
La asociación en defensa de la sanidad pública afirma que la propuesta de las Mutuas “va en contra de los principios” de la Atención Primaria de Salud. “Permitir que las Mutuas puedan acceder libremente a las Historias Clínicas va en contra de todos los principios que tiene que garantizar la protección de datos y la privacidad de la información sensible, pues posibilitaría poner en manos de las empresas un instrumento de control que podría llevar a precarizar más las condiciones laborales de la población trabajadora, negando malas condiciones de trabajo y de los consecuentes riesgos con los daños derivados del trabajo”, subrayan.
