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@Montagut | En 1925 llegaba a la máxima responsabilidad económica José Calvo Sotelo con un ambicioso proyecto de reforma financiera y fiscal de España, seguramente el más importante que se había presentado en la España contemporánea hasta el momento.
En el año 1926 planteó algunas modificaciones de los impuestos existentes, los relativos a la contribución territorial, las transmisiones hereditarias no directas, el timbre o la contribución industrial. En todo caso, estas medidas no eran muy profundas. La primera medida novedosa fue la propuesta de gravar los consumos vinculados al lujo, es decir, gravar los productos lujosos. Pues bien, la protesta de la oligarquía española fue rotunda desde el primer momento y no se pudo poner en marcha. Esta negativa por parte de las clases más poderosas económicas de España era significativa, fieles a una tradición basada en la negativa rotunda a que se gravase su riqueza. Debemos, además, advertir, que tampoco se trataba de un cambio revolucionario, pero ni así, los españoles más ricos estaban dispuestos a pagar más, vía impuestos, en relación con su consumo suntuario.
Calvo Sotelo se tuvo que conformar con mejorar la recaudación fiscal, con la reforma de la Inspección de Tributos pero no pudo terminar con el déficit presupuestario
En ese mismo año, Calvo Sotelo planteó la necesidad de crear un impuesto que gravase las rentas y ganancias de cada español. Debía ser un impuesto único y con tendencia progresiva. Así pues, estaba planteando una verdadera novedad y, en realidad, de calado. Por otro lado, el ministro consideró que había que gravar las fincas mal aprovechadas, algo que podía promover que se dividieran los grandes latifundios, y que se favoreciese el acceso a la propiedad. Eran proyectos que se inspiraban en la doctrina social de la Iglesia en relación con la justicia social y con la limitación de la propiedad, aunque no, por supuesto, con la eliminación de la misma como derecho. Pero estas ideas y proyectos volvieron a concitar la negativa rotunda de la oligarquía, tanto la industrial y comercial, como, sobre todo, la de los terratenientes. Ni a un sistema afín se le iba a permitir plantear cambios fiscales que fueron considerados por parte de esos grupos como casi comunistas.
Así pues, la modernización del sistema tributario español en un sentido más justo se frustró, como se frustró la reforma sobre los beneficios extraordinarios en la Gran Guerra que planteó en su día Santiago Alba.
Calvo Sotelo se tuvo que conformar con mejorar la recaudación fiscal, con la reforma de la Inspección de Tributos que, en todo caso, permitió un aumento importante de ingresos, pero que no pudo terminar con el déficit presupuestario, y más cuando el Estado había asumido un papel interventor y de gasto en la economía como nunca en la Historia contemporánea de España.
Estas cuestiones fiscales son muy importantes y no se ha prestado, a nuestro juicio, la suficiente atención sobre las mismas para entender una parte fundamental de la Historia española, es decir, que los grupos dominantes de la sociedad española no estuvieron nunca por la labor de que la riqueza comenzase a redistribuirse con el fin de reducir la enorme brecha social que se padecía en el país. Cualquier intento en ese sentido siempre fue combatido, tanto en el sistema político que ellos sustentaban, es decir, el régimen constitucional de la Restauración y la Dictadura de Primo de Rivera, como en los plenamente democráticos y con vocación social, que en España fueron las dos Repúblicas.
