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El pasado miércoles, 26 de noviembre, los partidos políticos Junts, ERC, Comuns y la CUP, registraron en el Parlament, una proposición de ley para derogar los Decretos de Nueva Planta, dirigida a la Mesa del Congreso de los Diputados.
Se tratan de unas normas, promulgadas por Felipe V, entre 1707 y 1716, que supuso la supresión de las constituciones, instituciones y sistemas jurídicos de los antiguos reinos de la Corona de Aragón: Aragón, Valencia, Mallorca y Cataluya.
Todo ello, como represalia, porque dichos reinos, habían apoyado al Archiduque Carlos en la Guerra de Sucesión.
Lo contrario ocurrió con los del Reino de Navarra y las Vascongadas, que fueron recompensadas por su apoyo al borbón Felipe V, manteniendo sus fueros especiales, posteriormente trasladados a la Constitución de 1978.
También dicho monarca fundó en 1713 la Real Academia Española (RAE), con el deseo de uniformizar las lenguas, siguiendo el ejemplo francés (3).
Ahora entiendo, el empeño, en no reconocer los decretos promulgados por el presidente de la II República española, Manuel Azaña, que disolvió dichas reales academias, primero suprimiendo lo de reales (1931), y luego eliminándolas en 1936. En venganza, desde el territorio franquista, en Burgos, se creaba el Instituto de España, para reagrupar a las defenestradas academias, y posteriormente, por decreto de 19 mayo de 1938, se le adjudicaban los bienes de la Junta para ampliación de Estudios (JAE), institución que siguió activa hasta el final de la guerra.
Volviendo a los decretos de Nueva Planta, es que no sólo era tema de la lengua, sino todo lo que llevaba detrás, los decretos de centralistas y su impacto en la organización territorial, que la Constitución de 1931 intentó solucionar con el nuevo Estatut de Catalunya, pero que fue desde el lado rebelde franquista, en plena guerra, abolido (BOE de 8 abril de 1938) por el ministro Serrano Suñer.
Luego, en el año 1977 fue derogado por el presidente Adolfo Suarez, antes de aprobar la Constitución, así que estuvo en vigor un año dicho Estatut Republicano.
Parecido planteamiento, es lo que ahora se quiere hacer desde el Parlament Catalán, pero necesitan apoyos, como al menos, la abstención del Partido socialista catalán.
En caso de conseguirlo, reclamarán al Estado derogar los decretos de 1707, 1715 y 1716, como acto de restitución de la memoria histórica y jurídica.
No sé qué les pasara a esas "reales academias," que están protegidas en la Constitución de 1978, bajo el alto patronazgo de la Monarquía, pero que surgieron con el reinado de Felipe V, la mayoría, como dicen, fruto de espíritu de la ilustración. Igual hay que cambiar la Constitución, y sacarlas de donde confortablemente están.
